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Acusados de estafas en contra del Estado tendrán sentencias ejemplares, adelanta el MP.
Santo Domingo, R.D.El Ministerio Público dijo esperar sentencias ejemplares y no simbolicas en el caso de corrupción que vincula a oficiales de altos rangos de la Policia Nacional y los cuerpos castrenses del paisn, cuya estafa en contra del patrimonio del Estado supera los 4 mil 500 millones de pesos.
A los imputados se les atribuye sustraer más de RD$4,500 millones a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), y el Consejo de la Niñez y la Infancia (Conani) durante el período 2012-2020.
Camacho sostuvo, además, que está plenamente justificado el decomiso de casi RD$8 millones en efectivo incautados al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, medida solicitada por el Ministerio Público ante el tribunal.
Sin embargo, la defensa del oficial pidió al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar dicha solicitud, alegando que el dinero tiene origen lícito, ya que proviene de un préstamo otorgado por el Banco de Reservas.
Girón, quien ha fungido como delator en el caso, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual no reclama otros bienes incautados.
En sus conclusiones, el órgano acusador solicitó para Girón, en febrero pasado, una pena de cinco años de prisión suspendida y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
El expediente tiene como principales acusados al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Juan Carlos Torres Robiou, exjefes del Cusep y del Cestur, respectivamente. También están implicados el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola.
Para estos imputados principales, el Ministerio Público solicita 20 años de prisión, multas de 400 salarios mínimos y el decomiso de sus bienes.
En cuanto al acuerdo con Girón, Camacho explicó que fue presentado de forma oral durante la audiencia de este jueves, conforme al carácter oral del proceso penal y que no ameriba hacerlo por escrito, pero que ya fue puesto a disposición del tribunal.
Asimismo, enfatizó que los términos de dicho acuerdo deben ser respetados por las defensas de los demás acusados.
Aunque el Ministerio Público sostiene que la negociación incluye el decomiso de los 7.8 millones de pesos incautado, el abogado defensor, Rubén Martínez, insiste en que no procede.
«Confiamos en que el tribunal validará el decomiso de esos fondos. Esperamos que este caso concluya con sanciones verdaderamente ejemplares y no simbólicas», concluyó Camacho.
Nacionales
Imputados en Coral y Coral 5 G tendran condenas en etapa final, según lo asegura Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, dice confióar en que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictarán sentencias ejemplares en el juicio por corrupción contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y compartes, implicados en los casos Coral y Coral 5G.
Tras asegurar que el Ministerio Público demostró con pruebas ante el tribunal los actos de corrupción cometidos por los implicados para beneficiarse con recursos del Estado a través de varias instituciones, Camacho expresó: “Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”.
El procurador adjunto califico los planteamientos formulados por la defensa del imputado Raúl Alejandro Girón, como una “confusión” de su abogado.
“El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado en un documento; ese documento lo hemos puesto a disposición del tribunal y no debe haber mayores inconvenientes para que este proceso termine conforme a los términos incluidos en ese acuerdo”, indicó.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar dichos términos.
Explicó que el acuerdo puede conocerse de manera oral en audiencia, conforme al Código Procesal, por lo que no era necesario presentarlo por escrito. No obstante, indicó que fue depositado para mayor claridad del tribunal.
Camacho señaló que el acuerdo contempla el decomiso de dinero, lo cual se justifica con las pruebas presentadas en audiencia ante las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal así lo disponga”, indicó.
“Igual que esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, reiteró.
El procurador de corte, Camacho, habló a la salida del tribunal, luego de que las juezas aplazaran la audiencia para el 7 de abril, fecha en la que se escuchará la réplica del Ministerio Público a las conclusiones de las defensas.
Posteriormente, se procederá con la contrarréplica de los abogados de los imputados.
La magistrada presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, adoptó la decisión tras escuchar la defensa de Raúl Alejandro Girón, que presentó sus conclusiones finales solicitando su absolución, el levantamiento de la medida de coerción y el cese de las oposiciones a sus cuentas bancarias.
Este imputado ha colaborado desde el inicio con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso judicial de los casos Coral y Coral 5G.
Una vez concluyan las réplicas y contrarréplicas, el tribunal se retirará a deliberar las pruebas, la acusación y los argumentos de defensa. La decisión será emitida en un plazo no mayor de 30 días.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Mientras que pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para varios implicados, además de penas de 5 años para otros procesados, incluyendo a Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Solicito el decomiso a favor del Estado más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo, todos solicitados en decomiso. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
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Imponen seis meses de prisión a esposa de empresario español y otros dos por su asesinato
Santo Domingo, R.D.-La Oficina de Atencion Permanente del Distrito Judicial de Valverde impuso este jueves seis meses de prision preventiva como medida de coercion contra tres implicados de seis que son imputados de asesinar al empresario espanol Antonio Jimenez López.
La medida coercitiva fue impuesta contra Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa de la víctima, señalada como persona que planificó el crimen, así como contra Julio César López y Leonardo Cruz, implicados en el caso.
En tanto, el tribunal impuso prisión domiciliaria a Lorenzo Osoria López, mientras que a José Jesús Ramírez le fue fijada una garantía económica de 100 mil pesos.
- Asimismo, Ángel Simeón Ramírez deberá cumplir presentación periódica e impedimento de salida del país.
Según explicó el fiscal Víctor Mejía, las investigaciones, realizadas en conjunto con la Policía Nacional, permitieron identificar a los presuntos responsables del crimen semanas después del hecho.
El magistrado detalló que el asesinato fue planificado por la pareja del empresario, quien presuntamente coordinó con los demás imputados para quitarle la vida.
«El juez entendió que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para imponer las medidas», expresó.
La audiencia inició cerca del mediodía de este jueves y se prolongó por casi cuatro horas.
Mientras se desarrollaba la vista, decenas de familiares de los imputados se apostaron en los alrededores del Palacio de Justicia de Valverde. Ante la gran concurrencia de personas en el lugar, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad.
Hallazgo
El empresario español Antonio Jiménez López fue hallado muerto el 20 de septiembre de 2025, dentro de un vehículo en una zona rural de la provincia Valverde, con una herida de bala en la cabeza.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la noche de este miércoles un receso en la audiencia de juicio de fondo seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros imputados de corrupción administrativa contra el Estado.
La audiencia continuará el miércoles 8 de abril a las 9:00 de la mañana.
Durante la jornada de este miércoles, el tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por las juezas Clara Castillo y Jiselle Soto, avanzó en el conocimiento de incidentes presentados por la defensa.
El receso se produjo porque el horario de trabajo del tribunal concluía a las 4:30 de la tarde.
Con esta pausa, el proceso suma múltiples interrupciones en esta etapa del fondo, que se agregan a las registradas durante la audiencia preliminar en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público acusa a Rodríguez y a otras personas de encabezar una presunta red de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
Según el expediente, los hechos se habrían producido entre 2016 y 2020, período en el que el imputado se desempeñó como procurador general de la República.