Nacionales
Imputados en Coral y Coral 5 G tendran condenas en etapa final, según lo asegura Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, dice confióar en que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictarán sentencias ejemplares en el juicio por corrupción contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y compartes, implicados en los casos Coral y Coral 5G.
Tras asegurar que el Ministerio Público demostró con pruebas ante el tribunal los actos de corrupción cometidos por los implicados para beneficiarse con recursos del Estado a través de varias instituciones, Camacho expresó: “Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”.
El procurador adjunto califico los planteamientos formulados por la defensa del imputado Raúl Alejandro Girón, como una “confusión” de su abogado.
“El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado en un documento; ese documento lo hemos puesto a disposición del tribunal y no debe haber mayores inconvenientes para que este proceso termine conforme a los términos incluidos en ese acuerdo”, indicó.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar dichos términos.
Explicó que el acuerdo puede conocerse de manera oral en audiencia, conforme al Código Procesal, por lo que no era necesario presentarlo por escrito. No obstante, indicó que fue depositado para mayor claridad del tribunal.
Camacho señaló que el acuerdo contempla el decomiso de dinero, lo cual se justifica con las pruebas presentadas en audiencia ante las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal así lo disponga”, indicó.
“Igual que esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, reiteró.
El procurador de corte, Camacho, habló a la salida del tribunal, luego de que las juezas aplazaran la audiencia para el 7 de abril, fecha en la que se escuchará la réplica del Ministerio Público a las conclusiones de las defensas.
Posteriormente, se procederá con la contrarréplica de los abogados de los imputados.
La magistrada presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, adoptó la decisión tras escuchar la defensa de Raúl Alejandro Girón, que presentó sus conclusiones finales solicitando su absolución, el levantamiento de la medida de coerción y el cese de las oposiciones a sus cuentas bancarias.
Este imputado ha colaborado desde el inicio con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso judicial de los casos Coral y Coral 5G.
Una vez concluyan las réplicas y contrarréplicas, el tribunal se retirará a deliberar las pruebas, la acusación y los argumentos de defensa. La decisión será emitida en un plazo no mayor de 30 días.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Mientras que pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para varios implicados, además de penas de 5 años para otros procesados, incluyendo a Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Solicito el decomiso a favor del Estado más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo, todos solicitados en decomiso. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Nacionales
Ministerio Público de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune
Santo Domingo, R.D.-Edward Lopez, titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realiza sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.
López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.
Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.
La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos «en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente».
El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.
- La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.
Santo Domingo.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión bicameral para el estudio de las modificaciones a la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, y remitió a esa comitiva las propuestas que buscan cambiar artículos de la legislación.
El equipo de senadores y diputados estará integrado por todos los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja; su presidente será Wandy Batista.
Por parte del Senado, los comisionados serian anunciados en la sesión convocada para hoy, a las 2:00 de la tarde. El vicepresidente de la bicameral será un senador.
Además de Batista, los diputados que conforman la comisión mixta son Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Rosendy Polanco, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Alcides Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Manuel Sánchez, Eugenio Cedeño, Carolin Mercedes, Carmen William, Carlos de Pérez, Jorge Leonardo Tavárez y Ramón Mayobanex Martínez.
Se recuerda que este martes, frente a los cuestionamientos de sectores a artículos controversiales del nuevo Código Penal y la casi entrada en vigencia de la legislación, la Cámara de Diputados abrió un proceso de recepción y evaluación de propuestas “puntuales” sobre aquellos articulados, a fin de ver si puede modificar la norma antes de su aplicación, el próximo 3 de agosto.
El proceso de recepción de las observaciones comenzó ayer mismo, a las 2:00 de la tarde, y concluye el próximo miércoles 15 de julio. Estará abierto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Secretaría General Legislativa.
Los demás artículos son el 208 y 2010, que tratan la difamación y la injuria; el 315, que aborda la libertad de expresión; el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 9, que trata la responsabilidad compartida; el 12, sobre la comisión por omisión; y el 354, de la certificación falsa de estado de salud. También están los artículos del 46 al 49, sobre el cúmulo de pena; el 136, actividad sexual no consentida; el 173, discriminación; entre otros.
Varios legisladores han sometido iniciativas de modificación en algunos de esos artículos. El Poder Ejecutivo contiene, además, un proyecto de ley que someterá “en lo adelante”.
Santo Domingo Oeste. Doce meses de prision preventiva dictó este miércoles un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Reyes Rodriguez, contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un incidente ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La decisión fue adoptada por el juez Reyes Rodríguez.
El magistrado dispuso que el agente cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, declaró el proceso complejo con el propósito de ampliar el tiempo de investigación y determinar si otros miembros de la patrulla o de la Policía Nacional tuvieron participación en el hecho.
Al concluir la audiencia, el padre de la víctima, Noel Mercado, expresó su conformidad con la decisión judicial, al considerar que representa un paso hacia la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.
Por su parte, el abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que el tribunal también ordenó medidas de protección a favor de los familiares de la víctima y de los testigos del proceso, incluyendo una orden de alejamiento. Además, instruyó al Ministerio Público a garantizar seguimiento psicológico y asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.
Sobre la muerte del joven
Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, falleció el pasado 3 de julio tras recibir un disparo en el tórax presuntamente realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo policial.
Tras el hecho, el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la institución.