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Ministerio Público dice que el caso Senasa es tan grande que no está convencido que un 2.0 sea suficiente
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Direccion General de Persecución, al explicar que han aprendido a reducir el número de implicados en los entramados de corrupción, para que se conozca más rápido en los tribunales, precisó que el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa) está afectado por tres estructuras, que a su vez tienen ramificaciones.
Al ser entrevistado en el programa El Día (Telesistema, canal 11), detalló que la primera estructura que ha afectado el Senasa la lideró Santiago Hazim, exdirector de esa entidad.
La segunda fue encabezada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas, “que pertenece a una línea de investigación que involucra a otras personas que están pendientes de ser procesadas”, y una tercera, la del Oncológico de Santiago.
“Este caso es tan grande que nosotros no estamos convencidos de que un 2.0 sea suficiente para abarcar a todas las personas que han sido involucradas, porque, partiendo de la experiencia, nosotros hemos procurado reducir un poco el número de imputados en los procesos, aunque eso implique tener que hacer más versiones del mismo caso, para procurar que los casos se conozcan más rápido en los tribunales”, continuó explicando a las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps.
En varias ocasiones, el Ministerio Público ha informado que presentará el Senasa 2.0 como parte de las investigaciones que se han realizado en este caso.
Mientras que en prisión domiciliaria se encuentran Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.
En el caso que involucra al exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en Senasa, Ángel Luis Guzmán Vásquez, un juez también le impuso, en mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva.
“Su rol, a pesar de ser auxiliar de un departamento, era el hecho de tener acceso a las fuentes de información. Tenía acceso a los programas; tenía acceso a códigos privilegiados; incorporó códigos de médicos. Facturaron servicios sin ser ofrecidos porque tenía todos los accesos siendo empleado de la institución”, señaló Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mientras que este mes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Los tres supuestamente sustrajeron a través de maniobras fraudulentas fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
San Cristóbal-.El exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcantara, conocido como Onguito Wa, y otro hombre fueron detenidos en un operativo preventivo realizado en San Cristobal, donde fue ocupada una arma de fuego que presuntamente era portada de manera ilegal, según lo informó la Policía Nacional.
Según el informe preliminar, los detenidos fueron identificados como Santos Alcántara, de 22 años, y Ángel Gabriel Rosario de la Rosa, de 36. Ambos fueron interceptados por agentes de la Dirección Regional San Cristóbal mientras se desplazaban en una yipeta Honda CR-V, de color negro, por la calle Sánchez Vieja, en el sector Doña Ana.
Las autoridades indicaron que la intervención se produjo en el marco de un operativo preventivo y de inteligencia. Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron debajo del asiento trasero izquierdo una pistola Glock 19, con su cargador y 17 cápsulas calibre 9 milímetros.
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Policía Nacional, el arma era portada sin la documentación legal correspondiente, por lo que fue ocupada de inmediato.
Los detenidos, junto con la evidencia ocupada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
Santo Domingo, R.D.-Quince mil plantas de un vegetal presumiblemente marihuana, así como cajas y garrafones, fueron ocupados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una zona rural montañosa, perteneciente a San José de Ocoa.
Los equipos operativos, asistidos por un personal de más de 70 hombres, lograron localizar la extensa siembra en las lomas del distrito municipal El Pinar, a unos 25 kilómetros al Norte de donde se confiscó la otra plantación de 3, 533 unidades.
El cultivo contaba con un sistema de riego por goteo, el personal operativo ejecutó durante tres días el protocolo de incautación y retiro de las plantas, así como herramientas e insumos, los cuales eran utilizados por la estructura criminal para las fases de producción, secado, dosificación y distribución del vegetal.
Las autoridades decomisaron un total de 15,392 plantas e intervinieron una vivienda utilizada como centro de acopio. En el interior del inmueble también se confiscaron 17 garrafones y cajas llenas de marihuana, matas secas, siete tanques, cuatro trituradoras, una motosierra, fertilizantes, 10 ventiladores, cuatro baterías, un inversor, una prensa hidráulica, una balanza, bombas sumergibles y de fumigación, ocho paneles solares, una antena satelital, rollos de alambres, mangueras, entre otros elementos.
El Ministerio Público y la DNCD han interrogado a más de 10 personas, dominicanos y haitianos, y de acuerdo a las investigaciones, este decomiso, guardaría relación con el desmantelamiento de una plantación de marihuana de más de 3,000 plantas, en esa misma zona, por la que guardan prisión tres hombres.
“El desmantelamiento de este enorme cultivo de marihuana constituye la mayor incautación de este tipo en la historia de la República Dominicana, marcando un hito sin precedentes en el combate a las redes del narcotráfico en el país”, según la DNCD.
Recientemente, las autoridades decomisaron más de 3,500 plantas de un cultivo presumiblemente de marihuana en un lugar conocido como Montellano, perteneciente también a San José de Ocoa.
Plantación de marihuana en Ocoa
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Gonzalo y Peralta deben ir a juicio de fondo en opinión de Pancho Álvarez de Participación Ciudadana.
Santo Domingo, R.D.-Francisco Pacho Alvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, rechazó que en República Dominicana exista una guerra jurídica o una utilización del sistema judicial con fines políticos y afirmó que los casos de corrupción deben continuar su curso en los tribunales.
“Si una persona estuvo en un cargo público administrando mal el dinero y distrajo fondos, no se puede hablar de lawfare”, expresó.
Explicó que la audiencia preliminar no determina culpabilidad o inocencia, sino que evalúa si existen elementos suficientes para que un expediente sea conocido en un juicio.
Álvarez mencionó que en el caso de Castillo existe el testimonio de Mimilo Jiménez, quien declaró haber entregado miles de millones de pesos, y consideró que esas pruebas deben ser valoradas por un tribunal.
Afirmó que llevar el caso a juicio también sería conveniente para los imputados, porque una absolución en esa etapa permitiría despejar dudas sobre su responsabilidad.
El coordinador de Participación Ciudadana también defendió el derecho de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, a expresar sus opiniones sobre el sistema judicial y la democracia.
Dijo que no considera esas declaraciones como una violación a la soberanía, sino parte del debate democrático internacional.
Sobre la tragedia del centro nocturno Jet Set, Álvarez calificó el hecho como doloroso y afirmó que, si la legislación dominicana lo permitiera, a los responsables podría aplicárseles cadena perpetua por la cantidad de víctimas.
Sin embargo, aclaró que técnicamente el caso está limitado a la figura de homicidio involuntario, debido a que la ley actual no contempla una sanción mayor.
Mencionó casos como Senasa, el Oncológico de Santiago y el Intrant, cuyos responsables deberán ser determinados por el Ministerio Público y los tribunales.
Finalmente, destacó que las condenas del caso Coral representan un precedente en la lucha contra la corrupción y consideró que ya es momento de que el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez llegue a juicio de fondo.