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Cámara Baja aún no decide la sustitución de cuatro diputados

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Santo Domingo, RD.- Desde que comenzó el nue­vo período legislativo el pa­sado 16 de agosto, la Cáma­ra de Diputados nunca ha podido sesionar con la tota­lidad de sus miembros, ante la falta de cuatro puestos del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM) que quedaron libres.

Tres diputados renuncia­ron a sus cargos para formar parte del gabinete del presi­dente Luis Abinader y una legisladora falleció antes de juramentarse.

Los diputados del PRM que renunciaron a sus car­gos para ocupar posiciones en la administración públi­ca son Nelson Arroyo, de la provincia San Pedro de Ma­corís; Olmedo Caba, Duar­te, y Josefa Castillo, Santo Domingo Este. En tanto que Zaida Polanco, de Valverde, falleció antes de asumir.

Arroyo fue designado co­mo director ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indo­tel), Caba director del Insti­tuto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri) y Casti­llo es la nueva directora de la Superintendencia de Se­guros.

La imposibilidad de ser diputado y a la vez funciona­rio público está establecido en el artículo 77 de la Consti­tución: “Los cargos de sena­dor y diputado son incom­patibles con otra función o empleo público, salvo la la­bor docente. La ley regula el régimen de otras incompati­bilidades”.

Un detalle a tomar en cuenta es que el PRM tenía un plazo de 30 días (que ya ven­ció) desde la renuncia de tres y el deceso de una diputada para entregar las ternas con los nombres que ocuparán las cuatro vacantes que tiene en la cámara baja.

Vence plazo

No obstante, ya con el pla­zo vencido, el PRM aún no pa­rece haber tomado una deci­sión sobre los nombres que pasarán a formar parte de la Cámara de Diputados.

El ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha manifestado que la orga­nización se ha reunido varias veces para tratar ese tema, pe­ro aún no se han expresado sobre lo decidido, ni ha envia­do ninguna comunicación a la Cámara de Diputados.

Además, semanas atrás y en reiteradas ocasiones, al presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PRM, Alfredo Pacheco, se le ha cuestionado sobre la de­mora del partido para presen­tar a los sustitutos de los cua­tro diputados, decisión de la cual se desligó.

“No tengo conocimiento de cuándo el partido manda­rá eso. Cuando lo mande no­sotros lo conoceremos. Des­de luego ya hemos hablado con el partido, de que el par­tido tome esa determinación, cumplir con la constitución y con lo que establecen las le­yes y lo que ha sido la costum­bre”, dijo Pacheco. En otro momento, el presidente de la Cámara Baja aseguró que ya los plazos para presentar sus­titutos de algunos de los dipu­tados vencieron, pero argu­mentó que recién conocerán las renuncias cuando lleguen las ternas.

 SEPA MÁS

30 días

La Constitución estable­ce un plazo de 30 días para la presentación de la terna y transcurrido ese tiempo “la cámara correspondiente hará la elección”.

Cinco años

Los nuevos diputados deben cumplir los mis­mos requisitos que los electos: ser dominica­no, haber cumplido 25 años de edad y ser de la demarcación que lo eli­ja o residir en ella al me­nos 5 años consecutivos.

listindiario.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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