Larga espera. Se espera que Punta Catalina ponga punto final a la era de apagones y altas tarifas
Santo Domingo.-La Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible una demanda en referimiento que buscaba el nombramiento de una administración secuestraria, que se encargaría de todo lo relacionado a la construcción del proyecto de dos unidades termoeléctricas a carbón mineral, en Punta Catalina, que realiza el Consorcio Odebrecht.
La magistrada Priscila Martínez Tineo adoptó la decisión tras acoger las conclusiones incidentales de Odebrecht y Marcelo Hofke, representados por su abogado Robert Valdez, por lo que en consecuencia declara la demanda inadmisible por falta de calidad del gerente general del consorcio Impe, Raúl Cabrera, interpuesta a través de su abogado Ángel Moreta.
En el dispositivo de la sentencia, el tribunal dice que como las empresas consorcio Impe y Gezhouba Group Company, fueron descalificadas el 30 de octubre del 2013 para participar en el concurso de la licitación pública internacional para la construcción de la obra, el demandante no tiene calidad para solicitar medidas cautelares en contra de Odebrecht.
Además, la jueza sostiene en la sentencia que no existe documentación alguna que establezca que el consorcio posee vinculación contractual en las relaciones “sinalagmáticas”, entre la constructora Odebrecht y el Estado dominicano, razón por la que acoge el medio de inadmisión por falta de calidad solicitada por la parte demandante.
En la demanda, el consorcio Impe pedía al tribunal ordenar como medida provisional hasta tanto se dirima lo principal, la designación de la administración secuestraria que estaría integrada por dos representantes de esa entidad, dos del consorcio Aceros Estrella, un representante del Codia, uno del Instituto de Contadores de la República Dominicana y un representante de la Cámara de Cuentas.
En la instancia, Impe pedía, además, al tribunal declarar la sentencia ejecutoria no obstante a cualquier recurso de apelación que se pudiera interponer en contra de la misma, y sin prestación de fianza, por tratarse de un peligro inminente y un daño en contra de los intereses del consorcio.
Igualmente solicitaron al tribunal ordenar medida de astreinte ascendente a cien mil pesos diarios en caso de dificultades de la ejecución de la sentencia a intervenir.
La empresa Impe, consorciada con Gezhouba Group Company Limited, es demandante desde el mes de noviembre del año 2013 hasta hoy, en relación con el proceso de licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013.
Otro rechazo
También el Tribunal Constitucional rechazo recientemente otro recurso sometido por el denominado Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
El fallo está contenido en el comunicado número 23/17, el cual fue colocado en la página web del Tribunal Constitucional del pasado 6 del mes de abril y donde esta contenido el dispositivo de la sentencia.
Anteriormente y mediante sentencia del 15 de febrero de este año, el mismo Tribunal Constitucional rechazo una accion de amparo de cumplimiento sometida por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático en contra de la CDEEE en reclamo de informaciones y documentos sobre delimitacion catastral de los terrenos donde se construyen las plantas de carbon mineral Punta Catalina.
Este último recurso fue decidido mediante la sentencia TC/095/17, emn el cual estbalecio que los documentos requeridos no existen.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha sido apoderada para conocer los recursos de apelación interpuestos contra la decisión que dejó en libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes están acusados de homicidio involuntario en el caso de la tragedia de la discoteca Jet Set.
El tribunal fue designado por el presidente de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Canó Alfau, mediante un sorteo aleatorio computarizado.
Ahora corresponde a esta sala dictar el auto de fijación de audiencia y notificar al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a los querellantes constituidos en actor civil.
Postura del ministerio público
El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, interpusieron el recurso de apelación.
Sostienen que el Ministerio Público no está de acuerdo con las medidas impuestas por la jueza Veloz, al considerar que no son proporcionales a los hechos imputados a los propietarios de la discoteca Jet Set y que no cumplen con el fin de evitar la intimidación de testigos.
En su instancia, el Ministerio Público solicita a la Corte de Apelación que se imponga prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, considerándolas las medidas de coerción más idóneas para los fines de la investigación.
La solicitud de una medida menos gravosa para Maribel se debe a que, según el Ministerio Público, ella tenía un control menos operativo que Antonio Espaillat, quien era el principal gerente de la entidad comercial y, por ende, su responsabilidad era mayor que la de su hermana.
Apelación de los querellantes
Los abogados de los querellantes también recurrieron en apelación la decisión, incluyendo a Félix Portes Núñez, quien representa a unos 30 afectados.
La madrugada del 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció medidas de coerción a Antonio y Maribel Espaillat. Estas consistieron en una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del martes 8 de abril. La tragedia resultó en el fallecimiento de 236 personas, incluyendo al merenguero Rubby Pérez, y dejó a más de 180 heridos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader manifestó que se reunirá con el exmandatario Hipólito Mejía el próximo viernes en la mañana para discutir sobre la crisis sociopolítica que afecta a Haití, y sus efectos en República Dominicana.
Los detalles sobre el lugar y la hora en la que ocurrirá la reunión formal serán informados “más adelante” por la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República.
Santo Domingo, R.D.-Durante la pasada semana las autoridades dominicanas, en conjunto con la división del Caribe de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pusieron en marcha un operativo en búsqueda de desmantelar la banda “Los Rugrats” la cual fue identificada como una “célula armada” del Cartel de Sinaloa.
Por el caso, fue apresado Yeyson Rojas Mosquea en Cotuí, contra quien se solicitó prisión preventiva como medida de coerción; mientras que fueron señalados como prófugos de la justicia local e internacional a Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala.
Al ser cuestionado sobre el caso en LA Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader indicó que no hay operaciones de narcotráfico llevadas por el Cartel de Sinaloa en el país.
“El Cartel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana”, exclamó, categóricamente, el mandatario.
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, señaló que ninguno de los identificados como prófugos de la justicia se encuentra actualmente en el país.
“Nosotros queremos recordarles que el 16 de febrero pasado intentó estar en el país un miembro operativo del Cartel de Sinaloa y fue apresada y entregada a las autoridades norteamericanas. Con relación a las dos personas que estuvieron en el país a principio de año, al momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional contra esas personas ni de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) ni de los Estados Unidos”, manifestó Cabrera Ulloa.
El mismo resaltó que en República Dominicana “no hay espacio” para el crimen organizado y que lograron identificar en “tiempo record” la presencia de esos miembros del Cartel de Sinaloa en el país.
“En tiempo record después que pasó el hecho en Cotuí, en conjunto de la Policía Nacional y organismos internacionales, determinar que esas personas habían estado aquí y ya habían salido hacia México, con escala en Colombia, lo que confirma que nosotros hemos dado una respuesta efectiva. Esta mañana yo recibí una llamada de Washington donde nos decían que el país debía de sentirse orgulloso porque casos como este a ellos les toma tres años, dos años y medio para llegar a una conclusión”, explicó el presidente de la DNCD.
El Ministerio Público le atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias «el Polín») y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias «Gueilón»), ocurridos el 10 de febrero de 2025 en el sector Cocos del municipio Cotuí.
