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Cámara de Cuentas detecta fallas administrativas, tecnológicas y fiscales en el Senado durante auditoría 2020-2024
El informe identifica expedientes incompletos en contrataciones superiores a RD$144 millones, retrasos en contratos por RD$402.6 millones y debilidades en la protección de la infraestructura tecnológica.
SANTO DOMINGO.– Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Senado reveló deficiencias en procesos administrativos, contrataciones, controles tecnológicos y cumplimiento de obligaciones tributarias durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
La fiscalización abarcó las gestiones encabezadas por el expresidente del Senado Rafael Eduardo Estrella, entre 2020 y 2023, y por Ricardo de los Santos Polanco, quien asumió la presidencia de la Cámara Alta en agosto de 2023.
Auditoría observa expedientes por más de RD$144 millones
Entre los principales hallazgos figura la existencia de cinco expedientes de contratación en los que no fueron localizados documentos considerados esenciales.
Los procesos estaban relacionados con el remozamiento de baños, la construcción de un comedor para empleados, la habilitación de un salón para eventos especiales, la adquisición de ascensores y la contratación de una plataforma para la gestión financiera, administrativa, de nómina y fiscal.
En conjunto, esas contrataciones superaron los RD$144 millones, con operaciones individuales que oscilaron entre RD$11.2 millones y RD$79.6 millones.
Entre los documentos que no fueron localizados se encuentran garantías de seriedad de oferta, garantías de anticipo y fiel cumplimiento, informes periciales y certificaciones Mipyme.
La relevancia de estas observaciones trasciende el aspecto documental, debido a que la integridad de los expedientes constituye un elemento indispensable para comprobar que los procedimientos de contratación pública fueron ejecutados conforme al marco normativo correspondiente.
Contratos por RD$402.6 millones registraron retrasos
La auditoría también identificó seis contratos en los que las obras, bienes o servicios fueron recibidos después del vencimiento de los plazos establecidos.
Los retrasos oscilaron entre 33 y más de 400 días y afectaron proyectos relacionados con el remozamiento de baños, la construcción del comedor de empleados, un sistema fotovoltaico, equipos para la cocina, un parqueo soterrado y la adecuación de un salón VIP.
El valor conjunto de estos contratos ascendió a RD$402,692,376.
Uno de los mayores retrasos correspondió al contrato relacionado con el salón VIP, que acumuló 400 días fuera del plazo establecido. También se registraron 233 días en el parqueo soterrado, 161 días en equipos y electrodomésticos para el comedor y 122 días en el sistema fotovoltaico. En algunos expedientes tampoco fue localizada el acta de recepción definitiva.
Según las explicaciones institucionales recogidas en la auditoría, algunos contratistas excedieron los cronogramas debido a demoras durante la ejecución y situaciones que no habían sido contempladas inicialmente.
Senado informó adopción de nuevos controles
Frente a las observaciones relativas a los expedientes de contratación, las autoridades actuales y anteriores del Senado comunicaron que acogieron las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas y que fueron adoptadas nuevas medidas de control interno.
Entre ellas se encuentra la verificación previa de los proveedores en el Registro de Proveedores del Estado antes de formalizar contrataciones de bienes, servicios u obras.
Auditoría advierte riesgos tecnológicos
Las observaciones no se limitaron a las contrataciones.
La auditoría determinó que el Senado no disponía de una herramienta centralizada destinada a monitorear modificaciones accidentales o intencionales en los controles de red y las bases de datos. La Dirección de Tecnología reconoció la inexistencia de ese mecanismo de supervisión, según el informe.
También fueron señaladas condiciones consideradas vulnerables en el centro de procesamiento de datos.
Durante inspecciones efectuadas en julio de 2025 se observaron, entre otros aspectos, una puerta de madera con cerradura convencional, ausencia de sistema de extinción de incendios, falta de falso piso, plafones deteriorados y objetos ajenos al área.
Estas condiciones adquieren particular importancia debido al carácter sensible de la información manejada por una institución del Estado y a la necesidad de garantizar controles físicos y tecnológicos adecuados.
Detectan omisiones tributarias
Otro de los hallazgos estuvo relacionado con obligaciones fiscales correspondientes a dos obras contratadas durante la gestión comprendida entre agosto de 2020 y agosto de 2023.
La Cámara de Cuentas indicó que no encontró evidencia de la retención correspondiente del ITBIS vinculada a la dirección técnica en los trabajos de remozamiento de baños y construcción del comedor de empleados.
El monto total señalado como no retenido ascendió a RD$425,416, distribuido entre RD$96,737 correspondientes al remozamiento de baños y RD$328,679 vinculados a la construcción del comedor.
La institución reconoció posteriormente la observación y atribuyó la situación a un error involuntario, admitiendo que no se realizó la retención correspondiente conforme a la normativa citada en la auditoría.
Controles internos, el punto común de los hallazgos
Más allá de las cifras individuales, el informe coloca el énfasis sobre un problema transversal: la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión, documentación y seguimiento en el manejo de los recursos públicos.
Expedientes incompletos, contratos ejecutados fuera de los plazos, vulnerabilidades tecnológicas y omisiones tributarias representan áreas distintas de la administración, pero convergen en la importancia de disponer de sistemas de control capaces de garantizar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
El propio Senado informó haber acogido recomendaciones y adoptado medidas correctivas, por lo que corresponderá determinar posteriormente la efectividad de esos mecanismos y su capacidad para evitar la repetición de las deficiencias detectadas.
Nacionales
DNCD reporta decomiso de más de 27 kilos de presuntas drogas y 61 detenidos en el Gran Santo Domingo
Autoridades realizaron 14 allanamientos y 387 intervenciones; también ocuparon equipos de comunicación, balanzas, motocicletas y dinero en efectivo
Por Isabel Rodriguez
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, informó la detención de 61 personas y la ocupación de 27,836 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una serie de operativos desarrollados en el Gran Santo Domingo.
Las acciones incluyeron 14 allanamientos y 387 intervenciones realizadas en diferentes barrios y sectores señalados por las autoridades como puntos de interés dentro de las operaciones contra el microtráfico.
Más de 2,000 porciones ocupadas
Según el reporte de la DNCD, durante las intervenciones fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25,196.7 gramos.
También fueron ocupados 640 envoltorios de un vegetal que se presume marihuana, con un peso de 1,903.3 gramos, así como 200 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que alcanzaron los 736 gramos.
Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, que deberán establecer oficialmente su naturaleza y composición.
Ocupan equipos y otros objetos
Como parte de las operaciones, las autoridades también reportaron la incautación de 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en moneda dominicana y extranjera.
Asimismo, fueron ocupadas seis armas blancas, una computadora portátil, un chaleco antibalas y un fusil de hidrogel.
Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los procedimientos legales.
Operativos contra el microtráfico
La DNCD indicó que las intervenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme avance el proceso de investigación.
Mientras tanto, los resultados del Inacif serán determinantes para establecer oficialmente qué tipo de sustancias fueron decomisadas durante las operaciones.
Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones
Por José Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.
Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.
Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.
Investigación comenzó tras denuncia de Senasa
Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.
Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.
Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.
El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
25 personas bajo investigación
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
Por Francisco Salcedo
Santo Domingo, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra 25 personas investigadas en la denominada Operación Senasa 2.0-A.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye presunta participación en una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo.
La solicitud fue presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la información divulgada, la instancia sometida ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas y contiene los elementos en los que el órgano persecutor sustenta las imputaciones.
Los imputados
En el expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de coerción incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Audiencia este lunes
Durante la audiencia, el tribunal deberá examinar la solicitud del Ministerio Público y los argumentos presentados por las defensas antes de decidir qué medidas de coerción corresponden.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no una decisión judicial. Asimismo, las imputaciones descritas forman parte de una investigación penal en curso y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 2:00 de la tarde de este lunes 21 de septiembre en el Distrito Nacional.