Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.Nacionales
Cámara de Cuentas dice la JCE debe pagar deuda a Indra por equipos elecciones 2016
Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el pasado martes 28 de noviembre el informe final de la investigación especial realizada a la situación financiera entre la empresa Indra y la Junta Central Electoral, en el que se cuantifica la deuda con la empresa en US$13,927,931.
El informe legal aprobado por el pleno de la Cámara señala que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.
“Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032, fechada el 28 de noviembre del año en curso.
El 27 de enero de 2017 se conoció la intención del nuevo pleno de la JCE de investigar el contrato con la empresa Indra, que ascendía a US$35,266,003, así como de realizar una experticia a los equipos suministrados por la empresa para las elecciones generales de 2016.
La investigación sobre el contrato le fue pedida a la Cámara de Cuentas y las indagatorias de la situación de los equipos al departamento de Informática de la institución, que presentó su informe en el que aseguraba que los aparatos no podrían ser utilizados para las elecciones de 2020.
El pasado lunes 20 de noviembre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo que esa entidad estaba muy insatisfecha con los resultados que tuvieron los equipos electrónicos en las pasadas elecciones generales de 2016 y que no tenían los 14 millones de dólares que reclamaba la empresa Indra Sistemas como completivo de la compra de los equipos tecnológicos.
En el texto del informe sobre el contrato hay un párrafo de especial interés. Se trata de una carta respuesta de Diómedes Ogando Lorenzo, director financiero de la JCE, que le dijo a los auditores lo siguiente: “En atención a la solicitud de referencia le informamos que no se ha efectuado el saldo de la deuda con la empresa Indra Sistema por falta de disponibilidad, ya que el proceso eleccionario del año 2016 consumió todos los recursos que fueron asignados para ese y otros fines. Esperamos que el gobierno dominicano suministre los fondos correspondientes para atender dicho compromiso”. La fecha de esa respuesta es 16 de mayo de 2017.
Ya el pleno de la JCE había hecho reparos al informe de auditoría practicado por la Cámara de Cuentas, mediante comunicación del día 25 de octubre del presente año.
En carta enviada a Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, el Pleno de la JCE estableció varias precisiones sobre “el monto que figura como presuntamente adeudado en el Informe Provisional de la Investigación Especial al Estatus y Situación Financiera entre la Empresa Indra Sistemas, S.A. y la Junta Central Electoral”.
En esa carta se establecía que la situación sería apreciada a fin de proceder por las vías correspondientes para verificar la pertinencia del pago de esos montos, que equivaldrían a RD$667,844,291.45, según la tasa de 47.95 establecida por el Banco Central.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.