Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.Nacionales
Cámara de Cuentas dice la JCE debe pagar deuda a Indra por equipos elecciones 2016
Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el pasado martes 28 de noviembre el informe final de la investigación especial realizada a la situación financiera entre la empresa Indra y la Junta Central Electoral, en el que se cuantifica la deuda con la empresa en US$13,927,931.
El informe legal aprobado por el pleno de la Cámara señala que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.
“Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032, fechada el 28 de noviembre del año en curso.
El 27 de enero de 2017 se conoció la intención del nuevo pleno de la JCE de investigar el contrato con la empresa Indra, que ascendía a US$35,266,003, así como de realizar una experticia a los equipos suministrados por la empresa para las elecciones generales de 2016.
La investigación sobre el contrato le fue pedida a la Cámara de Cuentas y las indagatorias de la situación de los equipos al departamento de Informática de la institución, que presentó su informe en el que aseguraba que los aparatos no podrían ser utilizados para las elecciones de 2020.
El pasado lunes 20 de noviembre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo que esa entidad estaba muy insatisfecha con los resultados que tuvieron los equipos electrónicos en las pasadas elecciones generales de 2016 y que no tenían los 14 millones de dólares que reclamaba la empresa Indra Sistemas como completivo de la compra de los equipos tecnológicos.
En el texto del informe sobre el contrato hay un párrafo de especial interés. Se trata de una carta respuesta de Diómedes Ogando Lorenzo, director financiero de la JCE, que le dijo a los auditores lo siguiente: “En atención a la solicitud de referencia le informamos que no se ha efectuado el saldo de la deuda con la empresa Indra Sistema por falta de disponibilidad, ya que el proceso eleccionario del año 2016 consumió todos los recursos que fueron asignados para ese y otros fines. Esperamos que el gobierno dominicano suministre los fondos correspondientes para atender dicho compromiso”. La fecha de esa respuesta es 16 de mayo de 2017.
Ya el pleno de la JCE había hecho reparos al informe de auditoría practicado por la Cámara de Cuentas, mediante comunicación del día 25 de octubre del presente año.
En carta enviada a Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, el Pleno de la JCE estableció varias precisiones sobre “el monto que figura como presuntamente adeudado en el Informe Provisional de la Investigación Especial al Estatus y Situación Financiera entre la Empresa Indra Sistemas, S.A. y la Junta Central Electoral”.
En esa carta se establecía que la situación sería apreciada a fin de proceder por las vías correspondientes para verificar la pertinencia del pago de esos montos, que equivaldrían a RD$667,844,291.45, según la tasa de 47.95 establecida por el Banco Central.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El nuevo juicio contra el pelotero dominicano Wander Franco por abuso sexual en perjuicio de una adolescente comenzará este viernes 20 de febrero en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
La madre de la menor
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
- La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Nacionales
Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Puede leer
Tribunal da plazo a defensa de Jean Alain para que presente su estrategia organizada
Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
Debate sobre la duración del proceso
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Antecedentes procesales
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Nacionales
Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«A partir del próximo miércoles sucederá exactamente lo que ha pasado hoy: desmontaremos todos y cada uno de los argumentos falsos que han querido montar las defensas», sentenció Ortiz a su salida de la audiencia.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
«El Ministerio Público demostró que se realizaron pagos a personas fallecidas y que se pagó a individuos que no poseían la calidad legal para recibir fondos del Estado», acotó.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.