Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.Nacionales
Cámara de Cuentas dice la JCE debe pagar deuda a Indra por equipos elecciones 2016
Santo Domingo.0 La Cámara de Cuentas de la República le recomendó a la Junta Central Electoral cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas, que suplió equipos técnicos para el registro de votantes y el conteo de los sufragios en las elecciones de 2016.El pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el pasado martes 28 de noviembre el informe final de la investigación especial realizada a la situación financiera entre la empresa Indra y la Junta Central Electoral, en el que se cuantifica la deuda con la empresa en US$13,927,931.
El informe legal aprobado por el pleno de la Cámara señala que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
La resolución está firmada por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara; Félix Álvarez Rivera, miembro; Margarita Melenciano Coporán, miembro y por Carlos Tejada Díaz, secretario del bufete directivo.
“Motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”, dice la resolución AUD-2017-032, fechada el 28 de noviembre del año en curso.
El 27 de enero de 2017 se conoció la intención del nuevo pleno de la JCE de investigar el contrato con la empresa Indra, que ascendía a US$35,266,003, así como de realizar una experticia a los equipos suministrados por la empresa para las elecciones generales de 2016.
La investigación sobre el contrato le fue pedida a la Cámara de Cuentas y las indagatorias de la situación de los equipos al departamento de Informática de la institución, que presentó su informe en el que aseguraba que los aparatos no podrían ser utilizados para las elecciones de 2020.
El pasado lunes 20 de noviembre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo que esa entidad estaba muy insatisfecha con los resultados que tuvieron los equipos electrónicos en las pasadas elecciones generales de 2016 y que no tenían los 14 millones de dólares que reclamaba la empresa Indra Sistemas como completivo de la compra de los equipos tecnológicos.
En el texto del informe sobre el contrato hay un párrafo de especial interés. Se trata de una carta respuesta de Diómedes Ogando Lorenzo, director financiero de la JCE, que le dijo a los auditores lo siguiente: “En atención a la solicitud de referencia le informamos que no se ha efectuado el saldo de la deuda con la empresa Indra Sistema por falta de disponibilidad, ya que el proceso eleccionario del año 2016 consumió todos los recursos que fueron asignados para ese y otros fines. Esperamos que el gobierno dominicano suministre los fondos correspondientes para atender dicho compromiso”. La fecha de esa respuesta es 16 de mayo de 2017.
Ya el pleno de la JCE había hecho reparos al informe de auditoría practicado por la Cámara de Cuentas, mediante comunicación del día 25 de octubre del presente año.
En carta enviada a Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, el Pleno de la JCE estableció varias precisiones sobre “el monto que figura como presuntamente adeudado en el Informe Provisional de la Investigación Especial al Estatus y Situación Financiera entre la Empresa Indra Sistemas, S.A. y la Junta Central Electoral”.
En esa carta se establecía que la situación sería apreciada a fin de proceder por las vías correspondientes para verificar la pertinencia del pago de esos montos, que equivaldrían a RD$667,844,291.45, según la tasa de 47.95 establecida por el Banco Central.
diariolibre.com
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.