Santo Domingo, R.D.-Fue detenido por las autoridades  un inspector de control migratorio que lo imputan de exigir a una mujer la entrega de un soborno de 100,000 pesos para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto de Punta Cana.

El detenido es Carlos Javier Sánchez, quien, según el Ministerio Público, fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia.

El órgano persecutor explica que la entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La entrega controlada forma parte de las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para que se le conozca medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

Santo Domingo, R.D.-Este domingo el Gobierno dominicano despachó un nuevo contingente de rescatistas hacia Venezuela para reforzar las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas por las recientes inundaciones que han dejado víctimas mortales, desaparecidos y miles de desplazados.

La información fue ofrecida mediante una nota de prensa de la Presidencia de la República, en la que se explicó que el equipo está conformado por especialistas de diversas instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (PMR), con experiencia en operaciones de emergencia y atención a poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

De acuerdo con el comunicado, el contingente está integrado por personal capacitado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, logística y evaluación de daños.

El contingente fue despedido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien destacó el alto nivel de preparación, profesionalismo y vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la misión.

El Gobierno indicó que esta misión responde a la solidaridad de la República Dominicana con el pueblo venezolano en un momento de emergencia y forma parte de la cooperación que el país brinda a otras naciones cuando enfrentan desastres naturales o situaciones de crisis humanitaria.

Las autoridades destacaron que los miembros del contingente cuentan con el entrenamiento y el equipamiento necesarios para operar en escenarios de alto riesgo y permanecerán en territorio venezolano el tiempo que sea requerido por las labores de respuesta, en coordinación con los organismos de protección civil de ese país.

La misión se suma a otras intervenciones internacionales en las que han participado equipos dominicanos de rescate, reconocidos por su experiencia en operaciones de búsqueda y salvamento tras terremotos, huracanes e inundaciones, tanto en el país como en el extranjero.

Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo fue llamado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) a presentar una propuesta legislativa ante el Congreso de la República con el fin de ampliar el periodo de vacatio legis del nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 74-25), cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 5 de agosto de este año.

La promulgación de esta ley, realizada originalmente el 5 de agosto de 2025 tras fijar inicialmente el 3 de agosto de ese año en el calendario legislativo, ha generado una profunda preocupación en la comunidad jurídica, abarcando a juristas, académicos e instituciones del sector.

Alertan sobre «graves lesiones» al sistema penal

El jurista explicó que existe una inquietud generalizada debido a que el texto aprobado del Código Penal establece un régimen que adolece de ambigüedades, duplicidades e incoherencias. Según Castaño Guzmán, la aplicación inmediata de la ley en estas condiciones provocaría distorsiones en los tribunales.

Considera que su entrada en vigencia crearía graves lesiones al sistema de justicia penal, deterioraría severamente la armonía que debe existir entre las normas que conforman el bloque de constitucionalidad en el marco de la Constitución de la República.

La propuesta de ampliación de Finjus de la vacatio legis tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo técnico.

Durante este periodo de extensión, sostiene que los actores esenciales del sistema penal, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los demás sectores implicados, tendrían el tiempo necesario para encontrar las vías jurídicas idóneas para superar cada uno de los problemas detectados.

Valoró el compromiso demostrado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para propiciar las mejores condiciones normativas, confiando en que un Código Penal liberado de tensiones técnicas e incongruencias se convertirá en un instrumento clave para fortalecer el orden democrático, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica en la nación.