Nacionales
Cámara Diputados rompe con su plan de austeridad
El organismo legislativo tiene abiertas convocatorias para comprar miles de libras de pavo, uvas y manzanas
El organismo legislativo dispara su presupuesto durante fechas festivas como Navidad y Reyes.
A pesar de que el Gobierno y la presidencia del Senado hablan de aplicar planes de austeridad en el sector público, y de que la entrega de dádivas no está entre sus funciones, la Cámara de Diputados mantiene activo un amplio programa de Asistencia Social.
A través de él, la entidad legislativa tiene abiertas convocatorias a licitación para adquirir, por ejemplo, 125 mil libras de pavo importado, del tipo “Premium”; 63 mil libras de uvas del tipo “Red Globe”; cinco mil 500 cajas de manzana “Red Delicious”, cuyo contenido debe oscilar desde 80 a 113 unidades cada una; y 450 mil libras de arroz grado A, en fardos de 12 paquetes de cinco libras.
Además, la Cámara de Diputados hace un llamado a las empresas locales para comprar mediante licitación 98 mil 340 libras de habichuelas rojas, aceites y pollo en grandes cantidades.
Las convocatorias fueron dadas a conocer en las primeras semanas de este mes a través de los medios impresos de comunicación, y están colgadas en el portal del organismo legislativo (www.camaradediputados.gob.do), junto con los pliegos de condiciones. El Programa de Asistencia Social de la Cámara no aparece consignado en la ejecución presupuestaria que el departamento de finanzas presenta a la opinión pública. Pero se pone en movimiento cuando se acercan las fechas festivas que la clase política tradicional utiliza para alimentar el clientelismo.
Así, los artículos comestibles que hoy se licitan estarían incluidos en las canastas y cajas que parte de la membresía del hemiciclo utilizará para agradar a votantes, amigos y empleados en la Navidad venidera.
Con el Día de las Madres pasado ocurrió lo mismo. Diputados y diputadas (en plena campaña por la Presidencia de la República) lo celebraron con sus seguidores en las primeras semanas de mayo, regalando los RD$136 millones en electrodomésticos y “enseres del hogar” que la institución adquirió mediante la licitación pública de febrero.
Un mes antes los mismos legisladores estaban repartiendo las 150 mil piezas de “juguetes convencionales que la administración presidida por Abel Martínez (representante de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana) adquirió en octubre del 2011. En ese año también se registró otra compra masiva de arroz, pollos, aceite, pavos y otros artículos comestibles.
“Debe manejarse con otro criterio, porque se presta a muchas interpretaciones, de clientelismo por un lado, de negocio por otro lado, aunque no los haya”, dice el diputado Juan Hubieres cuando se le pregunta sobre el particular.
Ya la legisladora peledeísta Minerva (Minou) Tavárez Mirabal había hecho la crítica al clientelismo que se sostiene con el presupuesto del ala izquierda del Congreso Nacional. Pero ni su partido ni la administración de Martínez le han puesto punto final a la historia. Todo lo contrario. La extienden en estos días de déficit y reforma fiscal, en los que el presidente Danilo Medina hasta ha tenido que poner a Dios como testigo de la preocupante situación que afecta a los fondos del Estado.
Doble “asistencia social”
De manera recurrente la Cámara de Diputados se dedica a gastar parte importante de sus fondos (públicos) en un Programa de Asistencia Social que no aparece detallado en sus reportes de ejecución presupuestaria (al menos de modo explícito).
Además de no ser transparente, y de estar divorciada de las funciones propias del Congreso (legislar, fiscalizar y representar), esta práctica es hasta redundante dentro del mismo organismo. Y es así porque sus 190 miembros reciben cada mes, aparte de sus altos salarios, viáticos y gastos de representación, un fondo de asistencia social (cofrecito) que asciende a RD$50 mil, más otros RD$87 mil que, según el diputado Cristian Paredes, pueden manejar a discreción en sus respectivas comunidades, sin rendir cuentas de nada a nadie.
El presupuesto
Para todo el 2012, la Cámara se preparó un presupuesto de RD$3 mil 716 millones 957 mil 980.
Aunque la entidad tiene a la transparencia administrativa como lema propagandístico, la ejecución de estos recursos se lleva a cabo dejando a su paso muchos espacios oscuros. Por ejemplo: el organismo proyectó un gasto anual de RD$35 millones 601 mil 500 en la categoría presupuestaria de “Otros servicios no personales”, pero el primer semestre no bien había cerrado cuando los desembolsos de este renglón llegaban a RD$247 millones 258 mil 503. Esto significa una diferencia absoluta de RD$211 millones 657 mil, y un cambio porcentual de 594 por ciento.
Es más fácil comprender el significado de esta variación si se piensa que representa el sueldo base de 23 mil 590 maestros y maestras del nivel básico del sector público, y al de más de 40 mil agentes rasos de la Policía Nacional.
Así se manejan las cuentas en el Congreso de la República Dominicana, justo cuando la ciudadanía está invitada por las autoridades a “apretarse los cinturones” para asumir una nueva carga tributaria.
Diputados dan en Reyes, Madres y Navidad
La Cámara de Diputados insiste en tener un programa de Asistencia Social a pesar de que el Poder Ejecutivo cuenta con todo un gabinete asignado a esa función estatal. En su afán de “ayudar a los pobres”, la Cámara Baja aparta fondos para celebrar el Día de Reyes, Día de las Madres y Navidad, además de que asigna recursos para la compra de útiles escolares, entre otros servicios en comunidades.
Reinaldo dijo que habría austeridad legislativa
A finales de agosto, con menos de un mes en el cargo de Presidente de la República, Danilo Medina anunció al país una serie de medidas de austeridad orientadas a recortar los gastos del Gobierno Central. Dijo que se venderían los vehículos de lujo del Ejecutivo, se eliminaría el uso de ciertas tarjetas de crédito, se reduciría el gasto de combustible y, entre otras cosas, se cancelarían las canastas y fiestas navideñas.
Poco después, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aseguró que el Congreso Nacional se sumaría a los planes de Medina. En ese entonces los medios tomaron la palabra a Pared Pérez como presidente del Senado, pero también como el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que es capaz compartir las líneas partidarias relacionadas con todo el Poder Legislativo. Ahora las licitaciones de la Cámara de Diputados ponen en duda la promesa.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.