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Cambian las normas de uso de suelo en el entorno del Estadio Quisqueya

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Santo Domingo, R.D.-El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del entorno del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, por «Zona de Uso Especial», que de acuerdo con la comisión que estudió el proyecto, permitirá el desarrollo de esa zona.

La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a la Alcaldía. Ambas entidades son las propietarias de los terrenos, de acuerdo con el informe leído en la sesión del viernes.

Giancarlo Vega, presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que también propietarios de viviendas de la zona estaban solicitando el cambio de uso de suelo que les permita generar las condiciones para que en un futuro presentar algún tipo de proyecto.

«Al día de hoy, lo único que se están conociendo son las reglas, las normas que impone la ciudad. Más allá de que usted sea propietario de un perímetro o de un inmueble, la ciudad está facultada, tiene atribuciones constitucionales en virtud de la ley 176-07 para regular el espacio, qué es edificable y qué no es edificable en la ciudad y cuál es la vocación o no de un espacio» dijo.

Aclaró que el cambio no implica densidades ni otras medidas, sino solo establecer una zona con potencial para un mejor uso de ese territorio y aclaró no puede existir propuesta de proyecto si no existe una normativa que rija en ese sentido lo que es edificable o no en cualquier polígono de la ciudad.siguiente

De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, informó que el proyecto fue sometido a vistas públicas en la que participaron juntas de vecinos, comerciantes y otros interesados de la zona.

Aclaró que es un proceso que se viene conociendo desde octubre del año pasado y que la administración le ha dado curso legal hasta culminar con el proceso que ha sido la aprobación en el cambio de uso de suelo.

«En ese plan parcial, la dirección de Planeamiento Urbano tiene la labor de definir cuáles son las normativas que aplican a ese entorno y qué se pudiera hacer y qué no se pudiera hacer allí para establecer unos parámetros. O sea, que eso le va a permitir a la administración tomar el control de lo que allí se pudiera o no se pudiera hacer, que es algo muy positivo para la ciudad».

Reacciones

Once de los 30 regidores abandonaron la sala durante la aprobación de la nueva normativa alegando que el proyecto fuera dejado sobre la mesa porque había procesos que no habían agotado su procedimiento.

 Los regidores que se marcharon fueron los representantes del partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y dos independientes.

Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo dijo en la sala que las vistas públicas que se hicieron fue con las juntas de vecinos que responden al interés del Partido Revolucionario Moderno, pero que además había que consultar a otras entidades aledañas como el patronato que dirige la zona, a los dueños de los equipos de béisbol, Cedimat, Salud Pública, al Partido Reformista, entre otras.

«Ese terreno se ha desarrollado como terreno deportivo con todas las condiciones habidas y por haber y eso es lo que nos está pasando, presidente. Y de usted no obtemperar a nuestra solicitud, le pido permiso para retirarme de la sesión porque no quiero ser testigo de las ilegalidades que aquí nosotros como reguladores estamos cometiendo», dijo la regidora.

En tanto que el vocero del mismo partido, Jairo Doñé, manifestó que consultaron a los representantes de Bandex y que la explicación que le dieron fue que en la zona había un proyecto específico, pero a futuro.

«Lo que pasó el día de hoy (el viernes) en esta sesión es que el gobierno municipalista local decidió quitarle el candado que tenían ese terreno y mañana Bandex tiene la potestad de vender ese terreno o hacer cualquier tipo de proyecto ahí sin consultarlo con el pueblo y que la gente no sepa qué se va a hacer en realidad con ese terreno», sostuvo.

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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.

Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.

Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.

Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Centro Kogland fue clausurado

El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.

La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.

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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.

En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.

La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.

Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.

La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.

Motivos para la prórroga

Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.

Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.

Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.

El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».

La acusación sostiene que  Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.

El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.

Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.

A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.

El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.

Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.

Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.

La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.

De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.

“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.

Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.

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