Nacionales
Cambian las normas de uso de suelo en el entorno del Estadio Quisqueya
Santo Domingo, R.D.-El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del entorno del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, por «Zona de Uso Especial», que de acuerdo con la comisión que estudió el proyecto, permitirá el desarrollo de esa zona.
La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a la Alcaldía. Ambas entidades son las propietarias de los terrenos, de acuerdo con el informe leído en la sesión del viernes.
Giancarlo Vega, presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que también propietarios de viviendas de la zona estaban solicitando el cambio de uso de suelo que les permita generar las condiciones para que en un futuro presentar algún tipo de proyecto.
«Al día de hoy, lo único que se están conociendo son las reglas, las normas que impone la ciudad. Más allá de que usted sea propietario de un perímetro o de un inmueble, la ciudad está facultada, tiene atribuciones constitucionales en virtud de la ley 176-07 para regular el espacio, qué es edificable y qué no es edificable en la ciudad y cuál es la vocación o no de un espacio» dijo.
Aclaró que el cambio no implica densidades ni otras medidas, sino solo establecer una zona con potencial para un mejor uso de ese territorio y aclaró no puede existir propuesta de proyecto si no existe una normativa que rija en ese sentido lo que es edificable o no en cualquier polígono de la ciudad.
De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, informó que el proyecto fue sometido a vistas públicas en la que participaron juntas de vecinos, comerciantes y otros interesados de la zona.
Aclaró que es un proceso que se viene conociendo desde octubre del año pasado y que la administración le ha dado curso legal hasta culminar con el proceso que ha sido la aprobación en el cambio de uso de suelo.
«En ese plan parcial, la dirección de Planeamiento Urbano tiene la labor de definir cuáles son las normativas que aplican a ese entorno y qué se pudiera hacer y qué no se pudiera hacer allí para establecer unos parámetros. O sea, que eso le va a permitir a la administración tomar el control de lo que allí se pudiera o no se pudiera hacer, que es algo muy positivo para la ciudad».
Reacciones
Once de los 30 regidores abandonaron la sala durante la aprobación de la nueva normativa alegando que el proyecto fuera dejado sobre la mesa porque había procesos que no habían agotado su procedimiento.
Los regidores que se marcharon fueron los representantes del partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y dos independientes.
Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo dijo en la sala que las vistas públicas que se hicieron fue con las juntas de vecinos que responden al interés del Partido Revolucionario Moderno, pero que además había que consultar a otras entidades aledañas como el patronato que dirige la zona, a los dueños de los equipos de béisbol, Cedimat, Salud Pública, al Partido Reformista, entre otras.
«Ese terreno se ha desarrollado como terreno deportivo con todas las condiciones habidas y por haber y eso es lo que nos está pasando, presidente. Y de usted no obtemperar a nuestra solicitud, le pido permiso para retirarme de la sesión porque no quiero ser testigo de las ilegalidades que aquí nosotros como reguladores estamos cometiendo», dijo la regidora.
En tanto que el vocero del mismo partido, Jairo Doñé, manifestó que consultaron a los representantes de Bandex y que la explicación que le dieron fue que en la zona había un proyecto específico, pero a futuro.
«Lo que pasó el día de hoy (el viernes) en esta sesión es que el gobierno municipalista local decidió quitarle el candado que tenían ese terreno y mañana Bandex tiene la potestad de vender ese terreno o hacer cualquier tipo de proyecto ahí sin consultarlo con el pueblo y que la gente no sepa qué se va a hacer en realidad con ese terreno», sostuvo.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.