Nacionales
Cambian las normas de uso de suelo en el entorno del Estadio Quisqueya
Santo Domingo, R.D.-El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del entorno del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, por «Zona de Uso Especial», que de acuerdo con la comisión que estudió el proyecto, permitirá el desarrollo de esa zona.
La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a la Alcaldía. Ambas entidades son las propietarias de los terrenos, de acuerdo con el informe leído en la sesión del viernes.
Giancarlo Vega, presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que también propietarios de viviendas de la zona estaban solicitando el cambio de uso de suelo que les permita generar las condiciones para que en un futuro presentar algún tipo de proyecto.
«Al día de hoy, lo único que se están conociendo son las reglas, las normas que impone la ciudad. Más allá de que usted sea propietario de un perímetro o de un inmueble, la ciudad está facultada, tiene atribuciones constitucionales en virtud de la ley 176-07 para regular el espacio, qué es edificable y qué no es edificable en la ciudad y cuál es la vocación o no de un espacio» dijo.
Aclaró que el cambio no implica densidades ni otras medidas, sino solo establecer una zona con potencial para un mejor uso de ese territorio y aclaró no puede existir propuesta de proyecto si no existe una normativa que rija en ese sentido lo que es edificable o no en cualquier polígono de la ciudad.
De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, informó que el proyecto fue sometido a vistas públicas en la que participaron juntas de vecinos, comerciantes y otros interesados de la zona.
Aclaró que es un proceso que se viene conociendo desde octubre del año pasado y que la administración le ha dado curso legal hasta culminar con el proceso que ha sido la aprobación en el cambio de uso de suelo.
«En ese plan parcial, la dirección de Planeamiento Urbano tiene la labor de definir cuáles son las normativas que aplican a ese entorno y qué se pudiera hacer y qué no se pudiera hacer allí para establecer unos parámetros. O sea, que eso le va a permitir a la administración tomar el control de lo que allí se pudiera o no se pudiera hacer, que es algo muy positivo para la ciudad».
Reacciones
Once de los 30 regidores abandonaron la sala durante la aprobación de la nueva normativa alegando que el proyecto fuera dejado sobre la mesa porque había procesos que no habían agotado su procedimiento.
Los regidores que se marcharon fueron los representantes del partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y dos independientes.
Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo dijo en la sala que las vistas públicas que se hicieron fue con las juntas de vecinos que responden al interés del Partido Revolucionario Moderno, pero que además había que consultar a otras entidades aledañas como el patronato que dirige la zona, a los dueños de los equipos de béisbol, Cedimat, Salud Pública, al Partido Reformista, entre otras.
«Ese terreno se ha desarrollado como terreno deportivo con todas las condiciones habidas y por haber y eso es lo que nos está pasando, presidente. Y de usted no obtemperar a nuestra solicitud, le pido permiso para retirarme de la sesión porque no quiero ser testigo de las ilegalidades que aquí nosotros como reguladores estamos cometiendo», dijo la regidora.
En tanto que el vocero del mismo partido, Jairo Doñé, manifestó que consultaron a los representantes de Bandex y que la explicación que le dieron fue que en la zona había un proyecto específico, pero a futuro.
«Lo que pasó el día de hoy (el viernes) en esta sesión es que el gobierno municipalista local decidió quitarle el candado que tenían ese terreno y mañana Bandex tiene la potestad de vender ese terreno o hacer cualquier tipo de proyecto ahí sin consultarlo con el pueblo y que la gente no sepa qué se va a hacer en realidad con ese terreno», sostuvo.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.