Nacionales
Cancelan agente y arrestan dos por muerte de bebé en ambulancia
La comisión que investigó el caso en el que murió la niña de 4 meses cuando era trasladada en una ambulancia desde San Cristóbal hasta la capital y cuya trayectoria coincidió con un operativo antidrogas en la Carretera Sánchez, determinó que “hubo una actuación negligente, que se inscribe en falta de control y poco tacto de parte de los agentes”.
En el informe entregado al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Julio César Souffront Velázquez, la comisión investigadora recomendó una sanción disciplinaria al primer teniente policial José Nicolás González Durán, consistente en 30 días de arresto “por actuar de manera negligente y falta de tacto cuando comandaba la unidad” durante el operativo realizado el pasado 5 de abril en la carretera Sánchez y que dio al traste con la detención de la ambulancia donde transportaban a la niña.
Asimismo, recomendó 15 días de arresto para el raso Alex Porfirio Reinoso Gutiérrez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mientras que al agente especial Raúl Antonio Lorenzo Castillo, se le canceló el nombramiento que lo ampara como agente de la DNCD.
“Todo el personal de esta DNCD que actuó en el referido operativo estará a disposición de las autoridades competentes en caso de ser requeridos”, precisa la comisión investigadora.
Sin embargo, el informe aclara que la ambulancia con ficha 23 del Ministerio de Salud solo permaneció detenida por los agentes de la DNCD entre unos 6 y 8 minutos y no 30 minutos como en principio se dijo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por separado a las imágenes en vídeos captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en la terminal de peaje de la referida carretera y en las instalaciones de una empresa metalera de zona franca, esta última establecida en el sector Los Cajuiles de Haina.
Precisa que pudo determinar que la ambulancia con la niña Carla, su tía María Tejada, el médico pasante Mendoza y el chofer Porfirio de los Santos, salió del hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal a las 10:30 de la mañana, con destino hacia el Hospital Robert Reid Cabral, de la capital.
Explica que las imágenes captadas por la referida empresa de zona franca establecen que la ambulancia pasó alrededor de las 10:44.48 de la mañana, y que fue detenida más tarde por los agentes de la DNCD tras un recorrido de 3.4 kilómetros, exactamente en el sector Quita Sueño de Haina, mientras el paso por el peaje se registra a las 10:51.13, por lo que la llegada al hospital de la capital fue a las 11:20 horas.
Indica que una experticia realizada a los dos vídeos por parte de la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT) determinó que los equipos de la empresa metalera y del peaje de la Carretera Sánchez tienen una diferencia de atraso de 13 y 18 minutos, de acuerdo a la hora real en que ocurrió la detención y el tránsito de la ambulancia, lo que establece los horarios reales de 10:57 y 11:09, con un tiempo de unos 12 minutos incluyendo la detención de la ambulancia.
Refiere que también se pudo determinar, tras análisis minuciosos de los dos vídeos, así como pruebas de polígrafos y los interrogatorios a todo el personal involucrado, incluyendo a testigos presenciales de lo sucedido, que en el momento en que se produjo la revisión, en ningún momento las personas que viajaban en la ambulancia fueron maltratadas por los agentes de la DNCD, pese a que los ánimos se caldearon por breve tiempo por parte de los ocupantes del vehículo requisado.
El informe plantea que durante la investigación fueron interrogados varios testigos del caso, identificados como los Cecilio Pérez Hernández y Junior Manuel Báez Sabala, quienes coinciden con lo registrado en los vídeos analizados, que la ambulancia fue detenida entre 6 y 8 minutos para su revisión.
El documentó recordó que el operativo, igual que otro montado en la Autopista 6 de Noviembre, fueron dispuestos para la persecución de un alijo de drogas que la agencia antidrogas tenía información de inteligencia de que era transportada en una ambulancia desde el sur del país.
Añade que en el momento en que los agentes de la DNCD ordenaron la detención de la ambulancia en que viajaba la niña, posteriormente fallecida, el chofer del vehículo, identificado como Porfirio de los Santos, intentó evadir el paro, mostrando un perfil que despertó sospecha en los miembros actuantes de la operación antidrogas.
Según el parte remitido por el Instituto de Patología Forense, la menor falleció a causa de una cardiomiopatía hipertrófica, lo que le provocó un paro cardíaco agudo, combinado con un edema pulmonar agudo.
La comisión investigadora estuvo integrada por los coroneles Francisco Hidalgo Tous, director del Centro de Información y Comunicación Conjunta (CICC); Juan Emilio Ortega Amparo, inspector general; y Sergio Octavio Díaz Núñez, encargado de Asuntos Internos de la agencia antidrogas, así como Samuel Arias, encargado del Cuerpo Médico.
EL NACIONAL.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.