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Candidatos presidenciales explican planes sobre justicia y corrupción
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Cuatro candidatos a la Presidencia expusieron sus planes sobre la justicia y el combate a la corrupción. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD); y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), coincidieron en que se debe nombrar jueces de carrera para tener una judicatura realmente independiente.
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Se comprometió a un “cambio constitucional que cambie y saque la mayoría mecánica que tiene el Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura”, a fin de lograr una recomposición de ese organismo.
Guillermo Moreno también prometió una reforma constitucional con el fin de impedir que un partido pueda tener el control absoluto de la judicatura, como a su juicio sucede en la actualidad.
“Hay que revolucionar ese Poder Judicial de arriba hacia abajo, y, en ese sentido, para eso se requirirá modificar la Constitución y de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros somos partidarios y que lo vamos a impulsar”, afirmó.
Luis Abinader abogó por personas verdaderamente independientes que administren justicia, y señaló que si se logra esa justicia, “la gente sentirá temor de esa justicia, porque sabe que si caen ahí, con méritos suficientes, irán a la cárcel los corruptos”.
De su lado, Pelegrín Castillo consideró que la justicia ordinaria no está en capacidad de administrar justicia, por lo que propuso crear jurisdicciones especiales con alcance nacional. “Eso implica especializar jueces y especializar al Ministerio Público, bien seleccionado con un estatuto muy protegido para que puedan enfrentar el fenómeno del crimen organizado”, alegó.
Guillermo Moreno propuso que el nombramiento del Ministerio Público se haga por ternas que someta la sociedad civil, a fin de que el Procurador General pueda estructurar un Ministerio Público independiente. En ese sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo podría designar al Procurador General, pero de ternas aportadas por los órganos de la sociedad civil.
Luis Abinader, del PRM, dijo estar comprometido con un Ministerio Público independiente, integrado por personas honestas y capaces, para cambiar la percepción actual de la justicia.
Precisó que si no se logra “una justicia verdaderamente independiente, la República Dominicana no se va a desarrollar nunca, no va a tener ni el desarrollo económico -porque los inversionistas no van a confiar en la justicia- y mucho menos el desarrollo humano y la representación que debe tener la sociedad en esos órganos”.
En tanto, el candidato de la FNP declaró la necesidad de un Ministerio Público fortalecido con los recursos necesarios para complementar la acción de la justicia. Asimismo, destacó la defensa de los ciudadanos, porque “el Ministerio Público tiene que jugar un papel no solamente de acusación, sino de protección mayor del ciudadano víctima de los criminales”.
Tavárez Mirabal declaró que el Procurador General no debe ser nombrado por el Presidente de la República, como tampoco los fiscales pueden ser designados porque sean parientes de un funcionario.
“Tiene necesariamente que respetarse la carrera del Ministerio Público que ha sido aprobada y que se ha convertido en algo que está ahí, pero con lo que no hay ninguna responsabilidad”, indicó.
En cuanto al combate a la corrupción, Pelegrín Castillo declaró que comenzará por el financiamiento de las campañas, ya que se convierten en “inversiones con tasas de retorno importantes”.
Prometió modificar los procedimientos de compra gubernamentales, incluyendo “los procedimientos de adjudicación de contratos y concesiones por unos mecanismos más estandarizados”.
Guillermo Moreno declaró que no se trata solo de castigar a los corruptos, sino también de recuperar lo robado del patrimonio público. Por eso dijo que abrirá una investigación de los casos de corrupción de los últimos veinte años, a fin de que los responsables paguen por su delito y se recupere lo sustraído.
Planteó, además, la creación de una Procuraduría General de Persecución de la Corrupción, con “el mismo rango del Procurador, pero independiente del Procurador, y que el titular de esa Procuraduría sea propuesto en ternas que sean propuestas por la sociedad civil”.
Por su parte, Tavárez Mirabal aseguró que, de llegar al poder, no juramentará a ningún funcionario que previamente no haya depositado su declaración jurada de bienes.
Agregó que hay que exigirles a “los funcionarios una rendición permanente de cuentas”.
Abinader garantizó que no permitirá ningún acto de corrupción, sin importar el partido que sea, y advirtió que el miembro del PRM que delinca, es “un gran traidor, no solamente al país sino también a nuestro partido”.
Prometió que nadie empañará su gobierno, porque “cualquier persona que vaya a cometer actos de corrupción, nosotros lo vamos a enfrentar, sea quien sea, para bien de la República Dominicana”.
Los candidatos también presentaron sus propuestas sobre el tema de la transparencia, en cuanto a licitaciones y compras públicas.
Luis Abinader declaró que tiene que haber un gobierno transparente, por lo que contempla establecer un solo organismo de licitación, según los niveles. Indicó que “debería de conocerse y estar digitalmente establecido y con acceso a la población, cualquier cheque, cualquier licitación”.
Pelegrín Castillo favoreció el uso de técnicas para que “las discusiones con los oferentes sean filmadas y grabadas, por separado”, y donde no sea necesaria la participación de los funcionarios. Esto, a su juicio, permitiría sopesar los pro y los contra de cada discusión.
Minou Tavárez Mirabal apostó al cumplimiento de la ley, enfatizando que “la cultura de la transparencia, la cultura de la sanción a la impunidad, tiene que construirse en cada espacio de poder, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado”.
Añadió que ese cumplimiento es importante para que los funcionario sepan que “si no se ajustan a esa conducta honesta y decente, van a ser no solo destituidos: van a ser sancionados”.
Por su parte, Guillermo Moreno señaló que las licitaciones y los concursos hay que hacerlos de forma transparente, para evitar que se conviertan en mecanismos de engaño y enriquecimiento.
Los aspirantes fueron entrevistados por los periodistas Huchi Lora y Diana Lora en el segundo de ocho programas de la serie “La Batalla por tu Voto”, que se transmite cada sábado de 7:00 a 8:00 p.m. por Telesistema 11.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.