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Candidatura Abel en la cuerda floja por deficiencias personales, mañas y trampas que se tejen en la partidocracia.
Por Elba García
Desde el mismo momento de la escogencia de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD, cuya selección fue también el resultado de una trampa y de un fraude en contra del sistema electoral dominicano, ya que la misma, aunque llamada consulta, implicó unas primarias extemporáneas, se sabía lo que venía.
Pero la candidatura de Abel arrancó mal en virtud de que ésta adolece de un problema de fondo, el cual consiste en las debilidades asociadas a su poca formación cultural y política, ya que a él se le hace difícil hasta articular algunas ideas para que su propuesta sea potable.
La debacle se veía venir, dado que su triunfo en la referida consulta fue el resultado de la inversión de una gran cantidad de dinero del que éste acumuló como presidente de la Cámara de Diputados y en el ayuntamiento de Santiago.
Sin embargo, cualquiera pudiera decir que Abel Martínez adolece de las condiciones que debe tener un aspirante presidencial, pero, por ejemplo, se puede traer a colación el hecho de que Hipólito Mejía encantó y era imposible que articula buenas ideas, aunque se debe agregar que éste último aprovechó en su favor los chistes, aunque vulgares, que lo identificaba con la dominicanidad, amén de que se creó la precepción de que se trataba de un hombre campechano y sincero que decía las cosas como son.
No obstante, ello no existe en Abel Martínez, quien a pesar de que en el marco del clientelismo, podría decirse, que es un político de éxito, ya que en el país no importa la forma, sino el hecho de hacer lo que sea para buscar fortunas económicas y él la ha conseguido, pero lo cierto es que no ha logrado convencer con su candidatura presidencial, a menos que no sea a su familia o allegados.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) siempre ha tenido una pequeña burguesía que se apoya en criterios hasta discriminatorios para permitir el ascenso político y un buen ejemplo de ello fue cuando en el año 1990 el profesor Juan Bosch escogió como candidato vicepresidencial a José Francisco Hernández, un joven empresario de la época, pero que no llenaba los requerimientos de ese sector social, cuya principal condición de cualquier aspirante en su seno era por lo menos tener ciertas ínfulas de intelectual y exhibir o simular otras condiciones para evitar ser discriminado, aunque este comportamiento también tuvo sus variantes, como, por ejemplo, la exclusión en una ocasión de Leonel Fernández como candidato a diputado a pesar de que exhibía un cierto nivel de intelectualidad, pero que en su caso pesaba más su pobreza.
Abel Martínez, cuyos orígenes es el principal cuestionamiento en su contra, ya que no puede exhibir algún éxito profesional o empresarial que lo sustente, para justificar la riqueza adquirida, no porque no hayan otros que tampoco puedan lanzar al respecto la primera piedra, como ejemplo Monchy Fadul o Francisco Javier García, ambos enriquecidos a la sombre del poder, igual que el candidato del PLD, pero con la diferencia de que éstos han vendido una percepción diferente, ya que el primero ha dejado la idea de que viene de ricos comerciantes árabes de Santiago, lo cual no obedece a la verdad, y el segundo se apoya principalmente en su figura física, lo cual, sin dudas, le sirvió de mucho en su momento.
Monchy también tiene, de acuerdo a la versión que circula en el país, una gran fortuna lograda durante las posiciones públicas que ha ocupado, pero por el momento nadie lo ha mencionado en ningún caso de corrupción, probablemente por la deficiencia que caracteriza al Ministerio Público.
Igual pasa con Francisco Javier García, renunciante jefe de campaña de Abel Martínez, quien se desempeñó como ministro de Turismo y se asegura que tiene una fortuna muy grande producto de los puestos que ha ocupado en el Gobierno, lo cual indica que el enriquecimiento ilícito no es una tacha en contra de cualquier candidato dentro del PLD y ni fuera de sus estructuras, sino todo lo contrario, porque se considera un mérito salir rico del Estado o de alguna otra actividad al margen de la ley.
Desde hace algunos meses se habla de las debilidades de la candidatura de Abel Martínez, quien no sólo tiene ideas muy débiles o ninguna para promover sus aspiraciones presidenciales, pero que además no deja la sensación en el votante de que sus aspiraciones están en consonancia con la figura que proyecta.
Todo esto ha provocado que ya se hayan desatado los demonios en contra de Abel Martínez, porque su figura no encaja en la idea que tiene el votante de clase media de lo que debe ser un candidato presidencial.
A esto se suma el hecho de que hay sectores a lo interno del PLD que no lo quieren, tal vez incluso por lo que dijo en algún momento Hipólito Mejía de que él no quería saber de Bernardo Vega y que éste tampoco lo acepta a él y cuando el periodista le inquirió que por qué él dijo que por vaina de uno.
La cuestión es que la sociedad dominicana cada día es más complicada, primero por la cultura de la individualidad, la envidia, el egoísmo, la avaricia y la codicia que arropan a la nación y en segundo lugar porque ahora mismo hay una gran cantidad de personas que se oponen hasta a ellos mismos.
De manera, que la candidatura presidencial de Abel Martínez está en lo que se conoce popularmente como en un hilito, sobre todo después de la renuncia de Francisco Javier García como jefe de Campaña, lo cual se veía venir tras el nombramiento en asuntos estratégicos de Andrés Navarro, aunque también hay otras razones.
Desde la escogencia de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez se observaba una cierta timidez de su parte, lo cual era atribuido a que él conjuntamente con otros peledeístas, con mucha malicia, como por ejemplo Monchy Fadul, habían concebido el plan de hacer fracasar esa candidatura porque pretendían que el renunciante se convirtiera en candidato presidencial, sino en el 2024, en el 2028, pese a que da lo mismo uno que otro, porque tienen las mismas mañas
Ese plan en contra de la candidatura de Abel Martínez ya parece estar en marcha con el riflazo del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien dijo que éste no marca en las encuestas de fidelidad que hace esa organización política, pero que otra persona sí, sin mencionar el nombre de a quién se refiere.
El plan queda claro por las propias declaraciones de figuras como el secretario general, lo cual es un indicativo de que tal vez la candidatura de Abel Martínez no dure mucho en el escenario electoral, ya que los que aparentemente no la digieren tienen los mecanismos para anularla, dado que todavía no es ni definitiva porque necesita la ratificación orgánica de la entidad creada por el profesor Juan Bosch, la cual debe producirse en los próximos meses.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.