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Candidaturas independientes es un paso hacia la verdadera democracia.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.
Santo Domingo, R.D.-A inicios de este año la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que, durante el 2024, incautaron un total de 44,348 kilogramos, lo que son 44.3 toneladas de distintas drogas.
Una gran parte de este total provino del histórico decomiso realizado el 7 de diciembre del 2024, cuando fueron ocupadas 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.
Este fue no solo el decomiso de drogas más grande del año anterior, sino además de toda la historia de la República Dominicana.
Según presentan los datos del informe oficial, en un operativo de inspección a decenas de contenedores fueron detectados en el área dos contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banana.
A partir del hallazgo se alertó inmediatamente a todos los organismos de seguridad del puerto y se procedió a realizar una inspección más exhaustiva en la que se detectaron en ambos contenedores un total de 320 sacos con 9,587 paquetes de cocaína. Se estima que el valor de todo el cargamento ascendía a los 250 millones de dólares.
El cargamento, del que inicialmente se creyó que contaba con 9.5 toneladas, fue analizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y se determinó que el peso real del alijo era de 9,889 kilogramos de cocaína (9.8 toneladas). Esta cantidad superó por mucho el antiguo record y se posicionó la más grande de la historia dominicana.
Antes de este operativo el puesto del mayor decomiso de drogas se lo llevaba un aligo de 2.5 toneladas decomisado en 2006, casi dos décadas antes del actual y con una cantidad bastante menor.
“Las primeras investigaciones dan cuenta de que el contenedor cargado de banano llegó al país procedente de Guatemala y, según se ha establecido, varios individuos hasta el momento desconocidos intentaban transferir el alijo a otro contenedor que sería embarcado en un buque con destino a Bélgica” explicó inicialmente la DNCD.
No obstante, existe todavía cierta confusión al respecto de la procedencia del cargamento, pues el 29 de diciembre, 22 días después de la operación de la DNCD y 20 días luego de la quema de la droga, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en su cuenta de la red social de X que la droga procedía de Colombia.
«Con ayuda de la inteligencia policial de Colombia, se han incautado 9.5 toneladas de cocaína en República Dominicana», dijo Petro en la red.
Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó responsabilidad del país sobre las 9.8 toneladas de droga. “Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana”, dijo a periodistas.
Un comunicado a base de las declaraciones de Bernando Arévalo afirmó también que esto le fue confirmado por Carlos Devers, vocero de la DNCD.
Por otro lado, también hay cierta incertidumbre sobre la involucración de Honduras. Pues, mientras la Aduanas de este país niega totalmente que este contenedor haya pisado tierra o puertos hondureños, la DNCD afirma que este realizó una escala en Puerto Cortés de este país, aunque no desembarcó.
Segundo puesto
El segundo decomiso de mayor volumen del anterior año se llevó a cabo el 9 de noviembre en Puerto Caucedo con 2.2 toneladas.
Agentes de la DNCD, apoyados por la Dirección de Aduanas y otras entidades, ocuparon 2,198 paquetes de cocaína durante una operación de interdicción conjunta desarrollada en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.
Posteriormente, el Inacif determinó en su análisis que los paquetes de la droga tuvieron un peso total de 2,276.07 kilogramos (2.2 toneladas) de cocaína.
“Se trata del segundo cargamento de mayor volumen ocupado en la República Dominicana”, puntualizaron las autoridades en el comunicado original de la DNCD. Al día de hoy su puesto sigue siendo el del segundo cargamento de mayor volumen, pero solo del 2024, pues tomando en cuenta los años pasados este puesto lo ocuparía un cargamento del 2006.
Los 2,198 paquetes fueron encontrados en cajas de cartón y envueltos en cinta adhesiva de distintos colores en un contenedor cargado de ropa y calzado deportivo, según anunció el organismo.
La DCND afirmó además que el contenedor llegó a la terminal de Caucedo procedente de Panamá y su destino final era el puerto de Amberes, Bélgica.
Tercer puesto
En su momento considerado el tercero más grande en la historia del país, ya es tan solo el tercero más grande del año 2024. Con un peso de 1.6 toneladas, este cargamento de cocaína fue decomisado el 23 de agosto nuevamente en el Puerto de Caucedo.
Los agentes de la DNCD incautaron un cargamento de 1,585 paquetes de cocaína, en medio de labores de interdicción desarrolladas en la referida terminal portuaria del municipio de Boca Chica.
Según el informe de la institución, al intervenir el contenedor se incautaron 317 cajas cargadas de limones, en cuyo interior se confiscaron camufladas un total de 1,585 kilogramos (1.5 toneladas), paquetes de cocaína.
Sin embargo, el análisis forense reveló que el peso total resultó ser 1,639 kilogramos (1.6 toneladas) de cocaína.
Los contenedores, procedentes del puerto de Santa Marta, Colombia, tenían como destino final Hamburgo, Alemania.
Cuarto puesto
Esta vez ubicado en La Romana, el cuarto decomiso más grande del año anterior fue de 1.4 toneladas. El mismo contó con labores de persecución tanto marítimas como terrestres llevadas a cabo el 13 de marzo.
La DCND informó que los equipos actuantes en la operación interceptaron una lancha tipo Eduardoño a pocas millas de las costas de La Romana tras ser notificados sus agentes sobre las intenciones de las personas a bordo de introducir sustancias narcóticas al país.
Según datos oficiales, la lancha tenía unos 32 pies de eslora y tres ocupantes, quienes al notar la presencia de las unidades se lanzaron a las aguas del mar Caribe.
Las unidades navales de la Armada aseguraron primero la embarcación y de inmediato procedieron con la búsqueda y rastreo de los individuos para rescatarlos y realizar los procedimientos de lugar, pero afirmaron que todo esto fue en vano.
Mientras, los equipos de apoyo y reacción encontraron 57 pacas envueltas en fundas con un total de 1,407 paquetes de cocaína dentro de la embarcación.
El organismo informó además de la ocupación de varias evidencias durante el operativo, como fueron un teléfono satelital y dos celulares, 26 garrafones de combustibles, dos tanques plásticos, dos motores fuera de borda, entre otras.
“El recién decomiso de 1.4 toneladas de presuntas sustancias narcóticas, es considerado como uno de los mayores alijos ocupados en alta mar” dijo un vocero del organismo momentos tras la operación.
Fueron detenidos dos hombres de nacionalidad dominicana que se encontraban próximos al parea para procesos de investigación.
A día de hoy no se ha dado una conclusión al rastreo de los prófugos que se lanzaron al mar.
Quinto puesto
El 29 de septiembre se incautaron, una vez más en el Puerto de Caucedo, 1.3 toneladas de cocaína en un operativo que se lleva el quinto puesto de los decomisos más grandes del año.
En esta ocasión, los agentes de la DNCD, DGA, Inteligencia del Estado y de seguridad militar del puerto, junto con el Ministerio Público, interceptaron unos 1,378 paquetes de cocaína en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo.
La sustancia ilícita fue detectada a través de la utilización de máquinas de rayos X implementadas como parte de lo que la institución definición como “nuevas estrategias operativas” que detectaron inconsistencias en los contenedores perfilados para exportación.
El contenedor se encontraba cargado de cacao orgánico, junto con 55 sacos y un bulto de color negro que contenía los 1,378 paquetes con distintos logotipos y envueltos en cinta adhesiva
Según informaron los agentes, este cargamento tenía como destino al puerto de Bélgica.
Santo Domingo, R.D.-Fue abatido por agentes de la La Policía Nacional un joven identificado como “Bebo”, quien presuntamente enfrentó a tiros a una patrulla de Investigación (Dicrim) en el barrio La Mina, del sector Los Guaricanos.
Se trata de José Luis Betancourt Ogando (“Bebo”), de 22 años, quien falleció como consecuencia de heridas por arma de fuego, mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.
En tanto, el raso policial, Brailin Laureano Hernández, resultó herido de bala en su pie izquierdo durante el enfrentamiento con el joven.
En medio del enfrentamiento, “el alistado sufrió una herida de bala, viéndose los agentes en la necesidad de repeler la agresión ocasionándole a “Bebo” las heridas que posteriormente le provocaron la muerte”.
Durante la intervención, a Bebo le fue ocupada una pistola marca Taurus, calibre nueve milímetros, que portaba de manera ilegal, la cual fue la misma que utilizó para atacar a los agentes que intentaban hacer efectiva su captura.
Prontuario
Betancourt Ogando era activamente buscado por la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Norte, debido a su implicación en la agresión con arma de fuego contra Emmanuel Roja Veloz, ocurrida el pasado 11 de julio de 2024. En ese hecho, el hoy occiso abandonó una pistola marca Browning mientras intentaba evadir su captura.
El prontuario de alias “Bebo” incluye homicidios, agresiones con arma de fuego y porte ilegal de armas.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional para el domingo 5 de enero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra José Manuel Feliz Ramírez, alias José Trenzas, imputado de la muerte del adolescente Weslin Yerimal Cruz, de 16 años en un incidente ocurrido el pasado 25 de diciembre en el sector 27 de febrero.
El juez Rigoberto Sena tomó la decisión para permitir que el abogado defensor del imputado revise el expediente y prepare los argumentos necesarios para enfrentar la solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional, que busca imponer prisión preventiva como medida de coerción. La fiscalía sustenta su petición en la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga del acusado.
Según el fiscal José Ramón Martínez Cordero, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), José Trenzas habría participado en una serie de eventos que culminaron con el homicidio de Weslin Yerismal Cruz frente al colmado Elpidio, ubicado en la intersección de las calles 15 y 14 del sector.
El informe señala que los hechos comenzaron la noche del 25 de diciembre, a las 9:30 p.m., con un accidente de tránsito en el que Feliz José Ramírez, primo del imputado, chocó a alta velocidad contra la motocicleta de Carlos Antonio Gregorio Moreno mientras conducía una motocicleta Hauye azul, sin placa. La colisión desató una discusión en la que intervino Yeuri Alexander de la Cruz para apoyar a su vecino Carlos Antonio. Durante la disputa, Yeuri retuvo la motocicleta de Feliz José hasta que este resolviera los daños.
En respuesta, Feliz José abandonó el lugar molesto, pero regresó minutos después acompañado por «José Trenzas«, Brayan, Chuky, Caponi, Yankee, y dos mujeres identificadas como Nicole y Pamparita. El grupo supuestamente agredió a Yeuri Alexander y a Melanie Moreno Castillo, lo que provocó que un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) presente realizara un disparo al aire para dispersarlos.
Agrega que, en medio del caos, «José Trenzas» disparó con un arma de fuego ilegal, impactando en el rostro a Weslin Yerismal, quien se encontraba cerca, según consta en el acta de levantamiento de cadáver No. 92032. La herida resultó fatal para el adolescente.
Investigación y detención
La Policía Científica recolectó en la escena dos casquillos calibre 9 milímetros y otras evidencias relacionadas con el arma de fuego, la cual fue entregada por Fernando David Sierra, alias «El Real», quien presuntamente admitió haberla ocultado por petición del imputado. José Trenzas fue detenido el 29 de diciembre de 2024 tras entregarse voluntariamente, cumpliendo una orden judicial emitida por la Oficina de Servicios de Atención Permanente.
Calificación de los hechos
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre control de armas. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue reprogramada para una fecha próxima, en espera de que la defensa del imputado presente sus argumentos.