Nacionales
Candidaturas independientes es un paso hacia la verdadera democracia.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.
Santo Domingo, RD. –La socialización que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el proyecto de la nueva cedula de identidad personal y electoral continuó este miércoles con los delegados de los partidos políticos los aspectos que impactará este proceso de renovación.
Durante el encuentro, dirigido por la comisión técnica del proyecto, se trataron cinco temas clave relacionados con la modernización y actualización del documento de identidad:
Demarcación electoral y recintos: Se discutieron cambios en la base de datos para sincronizar la residencia de los electores con su recinto electoral correspondiente.
Voto dominicano en el exterior: Se habló sobre la actualización del empadronamiento, la nueva base de datos de zonas postales y la elevación de oficinas satélites en el extranjero.
Registro civil: Se detallaron los avances en la validación proactiva de nacimientos, así como los procesos de depuración y auditoría del registro civil.
Afiliación a partidos políticos: Se presentó el proyecto de reglamento sobre el registro de afiliados y desafiliados.
Licitación de la nueva cédula: Se informó sobre el estatus del proceso para la emisión del nuevo documento de identidad.
Participación de los partidos políticos
Los delegados de las organizaciones políticas presentes recibieron un documento titulado “Propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para cambios de dirección”, con el objetivo de analizarlo y presentar sus observaciones ante la Secretaría de la JCE.
Entre los partidos representados en la reunión estuvieron:
Fuerza del Pueblo (FP)
Partido Demócrata Institucional (PDI)
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)
Unión Demócrata Cristiano (UDC)
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
Partido Unidad Nacional (PUN)
Alianza País (AL PAÍS)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Cívico Renovador (PCR)
También el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Partido Democrático Alternativo (MODA)
Avances en el proceso de renovación
La JCE mantiene su compromiso con la transparencia y el consenso en este proceso, asegurando que la nueva cédula cumpla con los estándares de seguridad y actualización de datos. Se espera que las opiniones y recomendaciones de los partidos sean analizadas para fortalecer el proyecto y garantizar una implementación efectiva.
Santo Domingo, R.D.-Los hechos que envuelven la desaparición del niño de tres años en Manabao fueron reconstruidos por las autoridades que llevan a cabo la tarde de este miércoles la búsqueda del infante.
El operativo incluyó la participación de peritos forenses, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Durante la reconstrucción, los investigadores entrevistaron nuevamente a testigos y analizaron el entorno, incluyendo el río que atraviesa la zona.
Elizabeth Jiménez, procuradora de la Corte de Niño, Niñas y Adolescentes en la provincia La Vega, explicó que con el levantamiento buscan ayudar a esclarecer la desaparición del infante.
«Desde la Procuraduría General de la República y los organismos investigativos están haciendo hasta lo imposible para la localización del niño«, aseguró la magistrada Jiménez.
El menor de edad se extravió en circunstancias desconocidas mientras jugaba con dos niñas en el patio de una casa del referido lugar, donde se encontraba de visita junto a sus padres.
Interrogatorios
Previo a ese operativo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional interrogaron por varias horas a los padres del niño.
De acuerdo con lo explicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entrevista a Carolina Vargas Ureña y Efraín Nicolás Calderón forma parte del proceso investigativo.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Aníbal Santillán, sindicado como estratega legal de la red criminal desmantelada por el El Ministerio Público en junio del 2024 a través de la Operación Gaviota, permaneció prófugo mediante la estrategia de espera de la presentación formal de la acusación y el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal.
Así lo establece Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que consta de 377 páginas.
De acuerdo con los fiscales dado el comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal demostrada por el imputado Santillán Faulkner, resulta imprescindible imponer la prisión preventiva como medida de coerción.
Señalan que el imputado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado.
Además, afirmaron que el imputado, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
“La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados. Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas”, aduce la instancia.