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Candidaturas independientes es un paso hacia la verdadera democracia.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por el Banco de Reservas la solicitud de embargo a los fondos de la Junta Central Electoral (JCE) por parte de la empresa estadounidense Latin Events, LLC.
Banreservas denegó la solicitud en virtud de la Ley 86-11 y la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que establece que las entidades de intermediación financiera están impedidas de inmovilizar fondos públicos, salvo que se trate de una sentencia con carácter definitivo.
La empresa pretendió trabar el embargo retentivo a los fondos de la JCE por una supuesta deuda ascendente a los 108,720,000 pesos con los intereses.
La JCE informó que interpuso formalmente un recurso de apelación en donde cita y emplaza a dicha empresa para que comparezca ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La apelación, de fecha 16 de julio de 2026, fue interpuesta a propósito del auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera, solicitada por Latin Events.
La JCE reitera que no existe evidencia alguna donde conste la aprobación ni autorización por parte de su Pleno ni de su presidente para la adquisición de presuntos servicios que la parte demandante alega fueron requeridos por la institución.
La JCE afirma que demostrará en sus recursos judiciales que no fue asumida tal obligación que demanda la sociedad comercial en aras de preservar el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano.
El documento de la sentencia, homologada en el país el pasado 29 de junio, establece que la JCE firmó un acuerdo con Latin Events el 30 de octubre de 2023, por 1,000,000 de dólares para que esta empresa preste servicios en relación con una campaña de registro de votantes, dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos.
Santo Domingo, R.D.-Treinta y dos cambios a 24 articulos del Codigo Penal introdujo la Cámara de Diputados en primera lectura este sabado.
Los artículos modificados fueron el 11, 121, 122, 123, 124, 141, 144, 176, 177, 192, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 248, 269, 303, 310 y 354.
Algunas de las modificaciones establecidas son las siguientes:
En cuanto a la sanción, amplía la pena menor hasta quince días, la cual está en el modelo actual en seis meses. La máxima continúa en hasta un año de prisión.
Además, busca eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos cuando el contenido falso sea elaborado por medio de montajes.
La pena actual del artículo 208 sobre la difamación es de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, sugieren disminuirla de uno a dos años de prisión.
Además, aclara que no será sancionada si se registra en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio.
No obstante, aclara que las declaraciones serán permitidas solo cuando estas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.
El artículo 121, que incluía la tipificación del bullying, cambia completamente el concepto y lo nombra únicamente como hostigamiento.
Además, disminuye la pena a entre cinco y diez años cuando el hecho cause el suicidio de un menor de edad.
El artículo 123 cambiaría su título a hostigamiento cibernético, en la actualidad nombrado como ciberbullying.
Además, establece que, para constituirse, este delito debe ser de manera reiterada y sistemática.
La modificación elimina que los comentarios de redes sociales sean considerados como un método para aplicar el hostigamiento en contra de una persona y mantendría la pena igual: de dos a cinco años.
Mientras que el artículo 142 sobre el exhibicionismo eximiría de responsabilidad penal a quien se desnude en actividades artísticas, culturales, científicas o educativas.
En tanto, el artículo 144, que contempla el acoso agravado, aumentaría la sanción actual, de dos a tres años de prisión, elevándola de dos a cinco años.
El artículo 176 sobre proxenetismo aumentaría la pena. Incrementándola de dos a tres años de prisión, hasta de dos a cinco años.
La violación de propiedad establecida en el artículo 269 sería sancionada con entre dos y cinco años de prisión.
Los congresistas incluyeron la tipificación de la violencia física en los casos de agresiones entre familiares.
Por otro lado, el artículo 354 amplía el campo de sanciones para los médicos que expidan un certificado sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad, ya que también incluye a los doctores forenses del sector privado. La pena sería de dos a tres años de prisión.
El artículo 303 sanciona la malversación de fondos públicos para aquellos funcionarios que desvíen los recursos del Estado. En este apartado, aumentaría la pena de cinco a diez años. En el marco vigente, está entre dos y tres años de prisión.
Santo Domingo, R.D.-La cancelacion de múltiples vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas como consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones repentinas que afectan a varias ciudades de Estados Unidos han dejado decenas de pasajeros varados tanto en la terminal dominicana como en diferentes aeropuertos estadounidenses.
Desde las primeras horas del día se observaron largas filas de viajeros frente a los mostradores de las aerolíneas y en las oficinas de servicio al cliente dentro del AILA, donde cientos de personas buscaban reprogramar sus vuelos, cambiar fechas de viaje o recibir información sobre el estado de sus itinerarios.
La situación generó momentos de tensión y preocupación entre los pasajeros, muchos de los cuales tenían compromisos familiares, personales y de negocios impostergables en territorio estadounidense.
Otros manifestaron que permanecerán atentos a las informaciones de las aerolíneas con la esperanza de poder abordar los primeros vuelos que sean autorizados una vez las condiciones climáticas permitan la normalización de las operaciones aéreas.
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) confirmó que las cancelaciones obedecen a las severas condiciones meteorológicas que afectan el noreste y otras zonas de Estados Unidos, donde las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas han provocado interrupciones en las operaciones de numerosos aeropuertos.
Entre los vuelos cancelados figuran los de JetBlue 09 y JetBlue 609, procedentes del Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York; el Delta Air Lines 1908, también desde esa terminal neoyorquina; y el vuelo Arajet 2315, procedente del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).
Asimismo, quedaron suspendidas las salidas del vuelo JetBlue 210 y del Delta Air Lines 1863 con destino a Nueva York, además del JetBlue 2510 hacia Orlando y el JetBlue 330 con destino a Boston.
Las fuertes precipitaciones registradas en ciudades como Nueva York, Boston, Newark y otras localidades del noreste estadounidense han ocasionado inundaciones en carreteras, interrupciones en el transporte terrestre y restricciones operacionales en varios aeropuertos, obligando a las aerolíneas a cancelar o retrasar numerosas operaciones para preservar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.
Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas continuaba el flujo de viajeros que acudían a los mostradores de las líneas aéreas para gestionar la reprogramación de sus boletos y asegurar un asiento en los próximos vuelos disponibles cuando las autoridades estadounidenses autoricen la reanudación normal de las operaciones.