Opinión
Capitalismo decadente y gansterizado: fábrica de neofascismo – Caso Milei
Por Narciso Isa Conde
“De esas mezclas abigarradas surgen en las entrañas de las metrópolis capitalistas y maquinarias ideológicas los diversos fascismos”.
La civilización capitalista occidental entró hace unas décadas en una fase de decadencia y descomposición que luce irreversible.
Sus cambios son para peor y sus síntomas persistentes.
Cada vez menos libertades.
Cada vez más atada su acumulación de capitales a las guerras y al negocio de las armas.
Cada vez mayor calentamiento global, depredación, contaminación ambiental, alteraciones climáticas y vulnerabilidad extrema de los seres humanos y del planeta.
La vida se prolonga cada vez más enferma y signada por la fármaco-dependencia.
La alimentación, cuanto más sabrosa, más tóxica y propicia a enfermar.
Las desigualdades han roto todos los récords, alcanzando niveles estremecedores y aberrantes.
Una élite mega millonaria domina inestable y violentamente el mundo.
La mentira y la fuerza se tornan en mecanismos por excelencia de la dominación y la opresión anestesiada.
Los medios de comunicación se han convertido en fuentes de enajenación colectiva y la post verdad.
La vocación destructiva de la OTAN espanta.
Las indignaciones y justas rebeldías populares son sangrientamente reprimidas.
Por todos los poros de la superestructura del capitalismo, desde su enorme poder electrónico, informático y digital acumulado -junto a sus formidables adelantos tecno científicos- brotan por inducción las ideologías del pasado que prometió conjurar y que ahora su decadencia agresiva lo induce a apelar a ellas para tratar de contrarrestar su erosionada estabilidad y reforzar su dominación a base de más violencia y pérfidos engaños.
Un clasismo opulento y cruel.
Patriarcado en todas sus expresiones y por múltiples vías.
Racismo cerval.
Xenofobia.
Fundamentalismos y oscurantismos religiosos de todas las marcas.
Despotismo y sobre explotación.
Delincuencia que brota de sus entrañas y convierte en funcional a su ilimitado afán de lucro.
Hambre y sed insaciable del agua, biodiversidad, energéticos, minerales punta agotados en sus predios y abundante en los ajenos imprescindibles para la continuidad de su ya irreversible modelo consumista y dispendioso.
Todo se vale para apoderarse del oro, la plata, el cobalto, el titanio, el litio, el uranio, el boro, las tierras raras, el, opio… Golpes, invasiones, guerras, masacres, exterminios…
Todo se vale para tratar de desplazar las potencias emergentes que ya erosionan su hegemonía mundial y para aplastar soberanías en África, Asia y Nuestra América; reforzando la nueva colonialidad.
De esas mezclas abigarradas surgen en las entrañas de las metrópolis capitalistas y maquinarias ideológicas los diversos fascismos, que se reproducen al interior de sus territorios y centros de poder, se exportan y expanden hacia sus neocolonias y dependencias en disputas.
De ahí los FN-Le Pen en Francia, AfD o el FPÖ austriaco, Vox en España, Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast en Chile y ahora Javier Milei en Argentina.
Esto sin entrar en los detalles del crecimiento de las ultraderechas. que en no pocos casos resultan fuentes nutricias asociadas a los neofascismos.
• MAS ALLÁ DE LO FENOMENAL DE MILEI.
Llama la atención el hecho de que cómo los fenómenos engendrados por la descomposición capitalista van elevando el tono bestial de los engendros neofascistas, que a su vez la dictadura mediática del gran capital promueve con una desfachatez que raya en lo perverso. Y ese es el caso de Milei convertido en gran show mediático global.
Pero más allá de lo grotescamente teatral del nuevo presidente de Argentina, es necesario apreciar que ese proyecto enlatado realmente corresponde a una fase de la de la pretendida ultra colonización de Nuestra América, a cargo de EEUU y del poder imperialista supranacional; a contracorriente de nuestra nueva independencia y el derecho a vivir dignamente.
Una etapa, claro está, con un destino incierto por todas las indignaciones y rebeldías que habrá de desatar, y cargada a la vez de muchas incertidumbres.
Vale de todas maneras ir más allá de la superficie y resaltar las conexiones imperialistas del fenómeno Milei y las reales intenciones del poder detrás del trono, que no ha resistido la tentación de sacarnos la lengua y enseñar la seña.
Argentina tiene un siglo de actividad en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre. Barrick Gold explota actualmente el oro de los glaciares, un crimen ecológico de gran magnitud.
La creciente demanda mundial de litio y silicio le imprimen a ese país suramericano un nuevo nivel en la demanda voraz de las corporaciones mineras vinculadas a la microelectrónica, la informática, la automovilística eléctrica y la industria aeroespacial.
En el año 2019, las exportaciones del sector minero metalífero alcanzaron los USD 5.106 millones, representando un 7,8% del total de las exportaciones argentinas. La mayor venta al exterior fue de oro y plata, con una participación de un 55,6% del total, la siderurgia con 22%, aluminio16%, litio 3,6%, plomo 1,9% y otros 0.9%.
Argentina ocupó el cuarto lugar mundial en litio, el noveno en plata, el décimo séptimo en oro y el séptimo en boro. Se trata ahora de elevar la parada al litio y al silicio dentro de un tono privatizador y desnacionalizador de altísimo vuelo.
La felicitación y valoración del magnate de Tesla, dueño de una poderosa industria aeroespacial y de comunicación, Elon Musk, respecto a la “victoria” de engendro neofascista Javier Milei en los recientes comicios argentinos, no es un simple formalismo. La señal procede del centro del Estado Profundo Mundial y se dirige al escogido por su laboratorio mercadológico, quien de seguro contó con su ilimitado financiamiento y la inmensa ayuda de su dictadura mediática.
Musk va en grande detrás del litio latino-caribeño después del su fracasado golpe de Estado en Bolivia. Argentina es su nueva estación a partir de ese atraco electoral.
Milei no es solo un fascista de nuevo tipo, ultra neoliberal, auspiciador del saqueo al patrimonio público y natural de esa nación…Milei fue el rabioso escogido para ascender vertiginosamente explotando la desesperación, la banalidad y la ignorancia juveniles inducidas por décadas; volcándolas solo contra la acumulación de fullerías del partidismo tradicional pro peronista, exculpando al gran capital privado gansterizado.
Precisamente por lo útil de su histeria esquizoide, teatral o real, y por sus confesos vínculos con la mafia calabresa del magnate Macri y otras similares, fue escogido como instrumento presidencial de una nueva etapa ultra neoliberal y ultra recolonizadora, para servir a las elites capitalista que dominan la Argentina y gran parte del mundo. A Musk le encantan tales atributos personales de Milei porque los siente muy cercanos.
Milei, por demás, podría ser usado además como una avanzada del neofascismo en el Cono Sur y la vecina Chile podría ser contemplada como una próxima estación de ensayo de esas fuerzas tenebrosas… operación que podría ser facilitada por las decepciones que podría generar el progresismo derechizante de Boric, combinadas con las potenciales raíces electorales neofascistas de José Antonio Kast, más la existencia de numerosos grupos fascistas y de la extrema derecha chilena que activan en esa dirección con un fuerte apoyo militar y empresarial.
El desafío que implica esa nefasta perspectiva no admite descuido, desde ya procede salirle al paso sin contemplaciones a esa gran amenaza.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.