Análisis Noticiosos
Cárcel de Guantánamo: Una historia de infamia
El día 16 de noviembre del 2008, el recién electo presidente estadounidense, Barack Hussein Obama, concedió su primera entrevista de prensa. El escenario escogido fue el programa de televisión de la cadena CBS “60 Minutos”. Allí, ante millones de televidentes estadounidenses y otros tanto cientos de millones a lo largo del mundo, se escucharon algunas promesas del mandatario afroamericano en materia de política exterior.
Parte de ese compromiso de campaña y discursivo de Obama, al momento del triunfo, remitía a que Estados Unidos bajo su administración de gobierno, no cometería los errores de su antecesor George W. Bush y haría efectiva dos medidas apenas tomara posesión de la Casa Blanca el día 20 de enero del año 2009: reunirse con sus asesores de seguridad nacional y con los responsables militares para diseñar un plan que permitiera el retiro de las tropas desplegadas en Irak y en segundo lugar ordenar el cierre de la cárcel militar de la Base de Guantánamo.
Esta última decisión se enmarcaba en las acusaciones al gobierno estadounidense y al ejército de ese país de torturar a cientos de prisioneros en el enclave colonial de Guantánamo, donde radica una Base militar y Naval de Estados Unidos a contrapelo de la soberanía cubana y donde instalaron una cárcel, para detener allí a los sospechoso de actividades terroristas de la organización Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. La prisión, alberga en la actualidad a 149 detenidos, 79 de los cuales han sido declarados liberables. Llegó a tener 600 prisioneros en total.
La cárcel de Guantánamo representaba, según Obama, la más seria amenaza a la credibilidad de Estados Unidos como una democracia defensora de los derechos humanos. Resultaba, por tanto, intolerable e inaceptable, para Obama, que la “mayor democracia del mundo” fuera acusada de permitir torturas contra prisioneros a los cuales se acusaba de terrorismo pero cuyos juicios y supuestos actos criminales, en la gran mayoría no había sido demostrados, habían sido obtenidos bajo apremios físicos y sicológicos, con largos años años privados de libertad, sufriendo condiciones de confinamiento por largos períodos y condiciones de habitabilidad bajo temperaturas sofocantes con uso de métodos de interrogatorio absolutamente prohibidos por todas las convenciones internacionales. Una cárcel que merecía críticas de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos e incluso líderes de opinión dentro de los propios Estados Unidos.
En ese panorama de inmoralidad, Obama se planteó a inicios de su primer período presidencial esa percepción. Ello implicaba transitar hacia el cierre del recinto y trasladar los presos a territorio estadounidense continental, acelerar procesos judiciales de aquellas personas que quedaría demostrado, tras largos años de encierro, que eran inocentes e incluso pensar en enviar parte de esos prisioneros a sus países de origen para que fuesen juzgados allá. Obama sostuvo que “como parte de un esfuerzo para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos cerraré Guantánamo. He dicho reiteradamente que Estados unidos no tortura y me aseguraré que no torturamos”.
Tras seis años de gobierno, terminado el primer período presidencial y reelecto, bajo las mimas promesas anteriores, el análisis en materia de cumplimiento de compromiso de este Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, demostró, no sólo el absoluto desprecio a la palabra comprometida, sino también a que este presidente está sujeto a los designios y decisiones no de la sociedad estadounidense, sino del aparataje del complejo militar-industrial estadounidense, que es quien define qué se hace en materia de política exterior, que favorezca los intereses geoestratégicos de esta superpotencia. Obama no sólo ha incumplido la palabra empeñada, lo seguirá haciendo pues está absolutamente imposibilitado políticamente de lograrlo tras sus desastrosas intervenciones, principalmente en Libia y Siria, además de Irak con su fracasada política del Leading From Behind.
La historia de mentiras no cesa
En el mes de enero de este año 2014, como parte de un Mensaje a la nación, Obama reiteró la intención de cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar aquellos prisioneros que aún permanecen en este recinto – 149 hombres, principalmente de Afganistán, Paquistán y yemenitas – y reubicar aquellos presos que aún permanecen en este recinto.
Ante esa idea el Congreso norteamericano estableció una serie de frenos legales, para evitar así que Obama cerrara la cárcel, trasladarlos a Estados Unidos y juzgarlos allá o enviarlos a otro país. Desde 2009, 18 países de todo el mundo han acogido a un total de 48 detenidos, reduciendo la lista a 149. Desde la apertura de este campo de torturas 600 prisioneros de guerra de un total de 35 nacionalidades, han pasado parte importante de sus vidas privados de libertad. Este cronista señalaba a medios de comunicación en esa oportunidad que “Doce años desde que se instaló la prisión ilegal de Guantánamo y cinco desde la promesa de Barack Obama respecto a que la cerraría. Nuevamente se promete cerrar una cárcel considerada una vergüenza para el mundo, una vergüenza para los Estados Unidos y, sobre todo, que sigue siendo el peor ejemplo del peor atentado a los derechos humanos que puede cometer una nación”
En el mes de abril del 2014, nuevamente Obama volvió a la carga señalando que su intención era cerrar Guantánamo como recinto carcelario. En las clásicas palabras de quien dirige la mayor economía del mundo, Barack Obama, ni siquiera hizo mención la carácter inhumano de esta Cárcel sino que debería ser cerrada porque “Guantánamo es cara y es ineficaz, daña nuestra imagen internacional y reduce la cooperación con nuestros aliados en los esfuerzos antiterroristas además de ser una herramienta para el reclutamiento de extremistas” pero, las fatuas palabras de Obama reflejaban simplemente un discurso vacío, carente de verdaderas intenciones, sobre todo si recordamos que el mismo Obama es el autor de una orden Ejecutiva para preservar el sistema de detenciones indefinida de Guantánamo sin que haya sido derogada.?
Para Glenn Greenwald abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor daba luces sobre estas expresiones de Obama, más voladores de luces que una realidad “Obama debería reunir el coraje político necesario para enfrentarse al Congreso en el tema de Guantánamo. Si su Secretario de Defensa es incapaz de certificar un traslado en condiciones difíciles, Obama conserva la capacidad para trasladar prisioneros con una exención de seguridad nacional, una potestad que nunca ha utilizado… Mantenerles en Guantánamo a causa de su nacionalidad va en contra de la justicia… Obama parece haber tirado la toalla sobre Guantánamo. En enero, cerró la oficina del enviado que estaba al frente de los esfuerzos para cerrar la instalación. Ahora, el ejército estadounidense está invirtiendo en un cable de fibra óptica hasta la base y planeando cuidados médicos especialidades para detenidos de edad. Eso sugiere que algunos van a seguir allí el resto de su vida natural”
Pese a la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta y efectivamente represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión. Pero, más allá de ese gasto, ¡allá ellos que se gasten su dinero!!!! el que sea utilizado para encerrar, torturar, vejar y violentar los derechos humanos de decenas de presos políticos es una aberración que hay que condenar con todas nuestras fuerzas.
En la lógica mercantilista estadounidense, Guantánamo es una cárcel cara – por tanto representa un gasto que hay que controlar – es ineficaz – no ha cumplido el propósito de acallar las voces y acciones de protesta contra las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Ni siquiera se habla de la posibilidad de restituir ese territorio a su legítimo dueño: Cuba – sino que simplemente se habla de cerrarla por “razones económicas y de imagen. La vergüenza que cubre el actuar internacional de la mayor potencia del mundo tiene nombre: es la ignominiosa cárcel de la base naval de Guantánamo.
La Cárcel Militar de Guantánamo no es una prisión, es un campo de torturas. Es la versión moderna de los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial. Son la versión en tierras americanas de Treblinka, Auschwitz y Dachau entre otros centros de tortura, de desaparición y genocidio. Son la versión estadounidense de Villa Grimaldi, de Tejas Verdes en Chile, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Son la expresión que las autoridades estadounidenses ignoran los derechos humanos que dicen defender. Son el ejemplo patente que Estados Unidos es el mayor violador de derechos humanos en el mundo.
En ese mes de abril del 2014, al que hago referencia, específicamente el día lunes 29, aterrizaron en el aeropuerto de Guantánamo, refuerzos médicos, enfermeras y técnicos para atender a 130 huelguistas musulmanes en huelga de hambre, desde el 6 de febrero del 2014. Ese refuerzo tuvo un significado: aún más tortura a los detenidos, claro que ahora bajo supervisión médica, de tal manera que no fueran a morirse en esas sesiones de alimentación forzada, que han sido criticada incluso por la Cruz Roja internacional. Este organismo internacional, el único autorizado a entrar al centro militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Las autoridades militares han implementado ese método de alimentación forzoso, que consiste en insertar una sonda nasogástrica (un tubo plástico) por la nariz, que llegue hasta el estómago para así introducir nutrientes líquidos “No permitiremos que ningún preso se muera de hambre”, aseguró el portavoz de la prisión, el teniente coronel Samuel House. Palabras que reflejan el deseo final “que los presos mueran confinados pero no de hambre”.
Para el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, «en determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura. La alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas”
Obama, ha reiterado en varias oportunidades que comparte la decisión de alimentar a los prisioneros con sondas nasogástricas “No quiero que esos individuos mueran”, ha asegurado el presidente sobre una población reclusa que en un 50%, según dictámenes de las propias autoridades estadounidenses no representan peligro alguno y sin embargo llevan 11 años encarcelados. En Guantánamo, según datos de la Cruz Roja, existen 166 detenidos que fueron capturados en el extranjero en operaciones que significaron la complicidad de cuerpos de seguridad de Paquistán, Israel, las nuevas autoridades Libias, Afganistán e Irak entre otras.
Todos ellos y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Son esos presos, la gran mayoría, quienes han desafiado a las autoridades carcelarias a través de sus ayunos y huelgas de hambre, para denunciar el confinamiento por tiempo indefinido al que son sometidos, las largas horas sometidos a permanecer amarrados al piso en posición fetal, privados de alimentos y agua, amarrados con cadenas bajo un sol inclemente, el registro a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán.
Y aunque Estados Unidos se ha obstinado en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema con muchas aristas para sus relaciones internacionales. Tal ha sido el caso de las represalias rusas frente a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. La Cancillería rusa, en pleno diferendo por las sanciones y sus réplicas, emitió un listado con el nombre de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta historia vil contra los derechos de decenas de hombres encarcelados en el enclave colonial de Guantánamo, el pasado día 29 de septiembre el Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, pidió a los países latinoamericanos que tomen medidas destinadas a acoger en sus territorio a presos de Guantánamo de entre los 79 que Estados Unidos ha señalado están en condiciones de ser liberados si alguna nación les recibe. «Solicito respetuosamente a los países que puedan hacerlo, de manera consistente con sus políticas nacionales y su legalidad interna, considerar favorablemente esta situación, para recibir a personas actualmente recluidas en Guantánamo, con el fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención» aseveró Insulza.
Esta idea ha surgido en el marco de los deseos de la administración de Obama de cerrar el penal, donde ha encontrado la férrea oposición de los congresistas republicanos de trasladar a los presos a territorio estadounidense. «Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas» declaró el Secretario General de la OEA.
Insulza, con una comprometedora declaración permitió dar luces sobre las graves trasgresiones a los derechos humanos de esos 79 presos “Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja» Entonces, la pregunta que sale a borbotones, indignada, impotente y de claro rechazo a las políticas estadounidenses es ¿cómo es posible que esos 79 hombres hayan pasado una década en la cárcel, bajo sufrimientos inenarrables, sometidos a apremios físicos y sicológicos que han merecido la condena unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, para que finalmente las propias autoridades que los encarcelaron afirmen que no representan peligro alguno? Este es un escándalo mayúsculo, es una prueba más de la ignominia, el descaro y la prepotencia de Estados Unidos frente a los derechos humanos.
Las declaraciones de Insulza se dieron con apego a la línea manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo, como también exigir a Washington medidas cautelares para la protección de los derechos de los prisioneros de Guantánamo y poder visitarlos que en repetidas oportunidades ha llamado al cierre de dicho campo de detención. Igualmente las declaraciones de Insulza consignaron la necesidad de saber qué va a pasar con los otros 70 prisioneros, sobre los cuales estados unidos debería tomar una decisión. En la cual, lo más probable, vista la negativa republicana a trasladarlos a territorio contiene tal estadounidense, terminen encerrados en la misma base naval.
Para continuar con esta historia de infamia del gobierno estadounidense, a días de las elecciones para elegir parlamentarios para su Cámara de Representantes, el día 4 de noviembre, el presidente Obama declaró – por enésima vez su intención de cerrar Guantánamo y enviar los presos a territorio estadounidense para juzgarlos. Frente a esas palabras, los legisladores republicanos advirtieron, por boca del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner que “Obama cometería un peligroso error si decidía trasladar a esos detenidos a cárceles en Estados Unidos. Una aplastante mayoría de estadounidenses y de legisladores de los dos partidos (…) se opone a trasladar a Estados Unidos a los terroristas encarcelados en Guantánamo, y sin embargo la Casa Blanca sigue avanzando en sus proyectos…En momentos en que los yihadistas islámicos decapitan estadounidenses, la Casa Blanca está tan decidida a trasladar a estos terroristas desde Guantánamo a Estados Unidos que analiza la manera de ignorar al Congreso y reescribir unilateralmente la ley” sostuvo Boehner quien calificó la iniciativa del Premio Nobel de la Paz como “otro ejemplo de la herencia de ilegalidad que nos dejará esta administración”.
Al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, los líderes de opinión y los gobiernos de los países que condena la existencia de esta Cárcel de la vergüenza, las sociedades, los pueblos del mundo tenemos el deber de emitir y dar a conocer nuestro rechazo a la presencia de una base naval de un país extranjero en territorio cubano, una base ilegal que representa un enclave colonial en un país soberano, que además es utilizado como campo de confinamiento y tortura.
Nuestras palabras no sólo deben ser de rechazo ante las promesas incumplidas de este singular premio Nobel de la paz, sino también a la necesidad de que se retire cualquier país ocupante de cualquier enclave en cualquier parte del mundo. Guantánamo debe ser cerrado, los soldados a su casa, el territorio volver a Cuba, los presos que han sido torturados, despreciados, humillados y privados de su libertad por una década ya deben volver a sus hogares. Estados unidos debe cesar su papel de arrogante, soberbio, sargento del mundo o someterse – en la propia lógica llevada a cabo por sus administraciones de gobierno de dar y recibir «diente por diente» y se entienda, por tanto que existan represalias ante su actuar de gendarme mundial.
PABLO JOFRÉ LEAL
Artículo del Autor cedido por Hispantv
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.