Análisis Noticiosos
Cárcel de Guantánamo: Una historia de infamia
El día 16 de noviembre del 2008, el recién electo presidente estadounidense, Barack Hussein Obama, concedió su primera entrevista de prensa. El escenario escogido fue el programa de televisión de la cadena CBS “60 Minutos”. Allí, ante millones de televidentes estadounidenses y otros tanto cientos de millones a lo largo del mundo, se escucharon algunas promesas del mandatario afroamericano en materia de política exterior.
Parte de ese compromiso de campaña y discursivo de Obama, al momento del triunfo, remitía a que Estados Unidos bajo su administración de gobierno, no cometería los errores de su antecesor George W. Bush y haría efectiva dos medidas apenas tomara posesión de la Casa Blanca el día 20 de enero del año 2009: reunirse con sus asesores de seguridad nacional y con los responsables militares para diseñar un plan que permitiera el retiro de las tropas desplegadas en Irak y en segundo lugar ordenar el cierre de la cárcel militar de la Base de Guantánamo.
Esta última decisión se enmarcaba en las acusaciones al gobierno estadounidense y al ejército de ese país de torturar a cientos de prisioneros en el enclave colonial de Guantánamo, donde radica una Base militar y Naval de Estados Unidos a contrapelo de la soberanía cubana y donde instalaron una cárcel, para detener allí a los sospechoso de actividades terroristas de la organización Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. La prisión, alberga en la actualidad a 149 detenidos, 79 de los cuales han sido declarados liberables. Llegó a tener 600 prisioneros en total.
La cárcel de Guantánamo representaba, según Obama, la más seria amenaza a la credibilidad de Estados Unidos como una democracia defensora de los derechos humanos. Resultaba, por tanto, intolerable e inaceptable, para Obama, que la “mayor democracia del mundo” fuera acusada de permitir torturas contra prisioneros a los cuales se acusaba de terrorismo pero cuyos juicios y supuestos actos criminales, en la gran mayoría no había sido demostrados, habían sido obtenidos bajo apremios físicos y sicológicos, con largos años años privados de libertad, sufriendo condiciones de confinamiento por largos períodos y condiciones de habitabilidad bajo temperaturas sofocantes con uso de métodos de interrogatorio absolutamente prohibidos por todas las convenciones internacionales. Una cárcel que merecía críticas de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos e incluso líderes de opinión dentro de los propios Estados Unidos.
En ese panorama de inmoralidad, Obama se planteó a inicios de su primer período presidencial esa percepción. Ello implicaba transitar hacia el cierre del recinto y trasladar los presos a territorio estadounidense continental, acelerar procesos judiciales de aquellas personas que quedaría demostrado, tras largos años de encierro, que eran inocentes e incluso pensar en enviar parte de esos prisioneros a sus países de origen para que fuesen juzgados allá. Obama sostuvo que “como parte de un esfuerzo para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos cerraré Guantánamo. He dicho reiteradamente que Estados unidos no tortura y me aseguraré que no torturamos”.
Tras seis años de gobierno, terminado el primer período presidencial y reelecto, bajo las mimas promesas anteriores, el análisis en materia de cumplimiento de compromiso de este Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, demostró, no sólo el absoluto desprecio a la palabra comprometida, sino también a que este presidente está sujeto a los designios y decisiones no de la sociedad estadounidense, sino del aparataje del complejo militar-industrial estadounidense, que es quien define qué se hace en materia de política exterior, que favorezca los intereses geoestratégicos de esta superpotencia. Obama no sólo ha incumplido la palabra empeñada, lo seguirá haciendo pues está absolutamente imposibilitado políticamente de lograrlo tras sus desastrosas intervenciones, principalmente en Libia y Siria, además de Irak con su fracasada política del Leading From Behind.
La historia de mentiras no cesa
En el mes de enero de este año 2014, como parte de un Mensaje a la nación, Obama reiteró la intención de cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar aquellos prisioneros que aún permanecen en este recinto – 149 hombres, principalmente de Afganistán, Paquistán y yemenitas – y reubicar aquellos presos que aún permanecen en este recinto.
Ante esa idea el Congreso norteamericano estableció una serie de frenos legales, para evitar así que Obama cerrara la cárcel, trasladarlos a Estados Unidos y juzgarlos allá o enviarlos a otro país. Desde 2009, 18 países de todo el mundo han acogido a un total de 48 detenidos, reduciendo la lista a 149. Desde la apertura de este campo de torturas 600 prisioneros de guerra de un total de 35 nacionalidades, han pasado parte importante de sus vidas privados de libertad. Este cronista señalaba a medios de comunicación en esa oportunidad que “Doce años desde que se instaló la prisión ilegal de Guantánamo y cinco desde la promesa de Barack Obama respecto a que la cerraría. Nuevamente se promete cerrar una cárcel considerada una vergüenza para el mundo, una vergüenza para los Estados Unidos y, sobre todo, que sigue siendo el peor ejemplo del peor atentado a los derechos humanos que puede cometer una nación”
En el mes de abril del 2014, nuevamente Obama volvió a la carga señalando que su intención era cerrar Guantánamo como recinto carcelario. En las clásicas palabras de quien dirige la mayor economía del mundo, Barack Obama, ni siquiera hizo mención la carácter inhumano de esta Cárcel sino que debería ser cerrada porque “Guantánamo es cara y es ineficaz, daña nuestra imagen internacional y reduce la cooperación con nuestros aliados en los esfuerzos antiterroristas además de ser una herramienta para el reclutamiento de extremistas” pero, las fatuas palabras de Obama reflejaban simplemente un discurso vacío, carente de verdaderas intenciones, sobre todo si recordamos que el mismo Obama es el autor de una orden Ejecutiva para preservar el sistema de detenciones indefinida de Guantánamo sin que haya sido derogada.?
Para Glenn Greenwald abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor daba luces sobre estas expresiones de Obama, más voladores de luces que una realidad “Obama debería reunir el coraje político necesario para enfrentarse al Congreso en el tema de Guantánamo. Si su Secretario de Defensa es incapaz de certificar un traslado en condiciones difíciles, Obama conserva la capacidad para trasladar prisioneros con una exención de seguridad nacional, una potestad que nunca ha utilizado… Mantenerles en Guantánamo a causa de su nacionalidad va en contra de la justicia… Obama parece haber tirado la toalla sobre Guantánamo. En enero, cerró la oficina del enviado que estaba al frente de los esfuerzos para cerrar la instalación. Ahora, el ejército estadounidense está invirtiendo en un cable de fibra óptica hasta la base y planeando cuidados médicos especialidades para detenidos de edad. Eso sugiere que algunos van a seguir allí el resto de su vida natural”
Pese a la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta y efectivamente represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión. Pero, más allá de ese gasto, ¡allá ellos que se gasten su dinero!!!! el que sea utilizado para encerrar, torturar, vejar y violentar los derechos humanos de decenas de presos políticos es una aberración que hay que condenar con todas nuestras fuerzas.
En la lógica mercantilista estadounidense, Guantánamo es una cárcel cara – por tanto representa un gasto que hay que controlar – es ineficaz – no ha cumplido el propósito de acallar las voces y acciones de protesta contra las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Ni siquiera se habla de la posibilidad de restituir ese territorio a su legítimo dueño: Cuba – sino que simplemente se habla de cerrarla por “razones económicas y de imagen. La vergüenza que cubre el actuar internacional de la mayor potencia del mundo tiene nombre: es la ignominiosa cárcel de la base naval de Guantánamo.
La Cárcel Militar de Guantánamo no es una prisión, es un campo de torturas. Es la versión moderna de los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial. Son la versión en tierras americanas de Treblinka, Auschwitz y Dachau entre otros centros de tortura, de desaparición y genocidio. Son la versión estadounidense de Villa Grimaldi, de Tejas Verdes en Chile, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Son la expresión que las autoridades estadounidenses ignoran los derechos humanos que dicen defender. Son el ejemplo patente que Estados Unidos es el mayor violador de derechos humanos en el mundo.
En ese mes de abril del 2014, al que hago referencia, específicamente el día lunes 29, aterrizaron en el aeropuerto de Guantánamo, refuerzos médicos, enfermeras y técnicos para atender a 130 huelguistas musulmanes en huelga de hambre, desde el 6 de febrero del 2014. Ese refuerzo tuvo un significado: aún más tortura a los detenidos, claro que ahora bajo supervisión médica, de tal manera que no fueran a morirse en esas sesiones de alimentación forzada, que han sido criticada incluso por la Cruz Roja internacional. Este organismo internacional, el único autorizado a entrar al centro militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Las autoridades militares han implementado ese método de alimentación forzoso, que consiste en insertar una sonda nasogástrica (un tubo plástico) por la nariz, que llegue hasta el estómago para así introducir nutrientes líquidos “No permitiremos que ningún preso se muera de hambre”, aseguró el portavoz de la prisión, el teniente coronel Samuel House. Palabras que reflejan el deseo final “que los presos mueran confinados pero no de hambre”.
Para el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, «en determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura. La alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas”
Obama, ha reiterado en varias oportunidades que comparte la decisión de alimentar a los prisioneros con sondas nasogástricas “No quiero que esos individuos mueran”, ha asegurado el presidente sobre una población reclusa que en un 50%, según dictámenes de las propias autoridades estadounidenses no representan peligro alguno y sin embargo llevan 11 años encarcelados. En Guantánamo, según datos de la Cruz Roja, existen 166 detenidos que fueron capturados en el extranjero en operaciones que significaron la complicidad de cuerpos de seguridad de Paquistán, Israel, las nuevas autoridades Libias, Afganistán e Irak entre otras.
Todos ellos y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Son esos presos, la gran mayoría, quienes han desafiado a las autoridades carcelarias a través de sus ayunos y huelgas de hambre, para denunciar el confinamiento por tiempo indefinido al que son sometidos, las largas horas sometidos a permanecer amarrados al piso en posición fetal, privados de alimentos y agua, amarrados con cadenas bajo un sol inclemente, el registro a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán.
Y aunque Estados Unidos se ha obstinado en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema con muchas aristas para sus relaciones internacionales. Tal ha sido el caso de las represalias rusas frente a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. La Cancillería rusa, en pleno diferendo por las sanciones y sus réplicas, emitió un listado con el nombre de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta historia vil contra los derechos de decenas de hombres encarcelados en el enclave colonial de Guantánamo, el pasado día 29 de septiembre el Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, pidió a los países latinoamericanos que tomen medidas destinadas a acoger en sus territorio a presos de Guantánamo de entre los 79 que Estados Unidos ha señalado están en condiciones de ser liberados si alguna nación les recibe. «Solicito respetuosamente a los países que puedan hacerlo, de manera consistente con sus políticas nacionales y su legalidad interna, considerar favorablemente esta situación, para recibir a personas actualmente recluidas en Guantánamo, con el fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención» aseveró Insulza.
Esta idea ha surgido en el marco de los deseos de la administración de Obama de cerrar el penal, donde ha encontrado la férrea oposición de los congresistas republicanos de trasladar a los presos a territorio estadounidense. «Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas» declaró el Secretario General de la OEA.
Insulza, con una comprometedora declaración permitió dar luces sobre las graves trasgresiones a los derechos humanos de esos 79 presos “Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja» Entonces, la pregunta que sale a borbotones, indignada, impotente y de claro rechazo a las políticas estadounidenses es ¿cómo es posible que esos 79 hombres hayan pasado una década en la cárcel, bajo sufrimientos inenarrables, sometidos a apremios físicos y sicológicos que han merecido la condena unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, para que finalmente las propias autoridades que los encarcelaron afirmen que no representan peligro alguno? Este es un escándalo mayúsculo, es una prueba más de la ignominia, el descaro y la prepotencia de Estados Unidos frente a los derechos humanos.
Las declaraciones de Insulza se dieron con apego a la línea manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo, como también exigir a Washington medidas cautelares para la protección de los derechos de los prisioneros de Guantánamo y poder visitarlos que en repetidas oportunidades ha llamado al cierre de dicho campo de detención. Igualmente las declaraciones de Insulza consignaron la necesidad de saber qué va a pasar con los otros 70 prisioneros, sobre los cuales estados unidos debería tomar una decisión. En la cual, lo más probable, vista la negativa republicana a trasladarlos a territorio contiene tal estadounidense, terminen encerrados en la misma base naval.
Para continuar con esta historia de infamia del gobierno estadounidense, a días de las elecciones para elegir parlamentarios para su Cámara de Representantes, el día 4 de noviembre, el presidente Obama declaró – por enésima vez su intención de cerrar Guantánamo y enviar los presos a territorio estadounidense para juzgarlos. Frente a esas palabras, los legisladores republicanos advirtieron, por boca del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner que “Obama cometería un peligroso error si decidía trasladar a esos detenidos a cárceles en Estados Unidos. Una aplastante mayoría de estadounidenses y de legisladores de los dos partidos (…) se opone a trasladar a Estados Unidos a los terroristas encarcelados en Guantánamo, y sin embargo la Casa Blanca sigue avanzando en sus proyectos…En momentos en que los yihadistas islámicos decapitan estadounidenses, la Casa Blanca está tan decidida a trasladar a estos terroristas desde Guantánamo a Estados Unidos que analiza la manera de ignorar al Congreso y reescribir unilateralmente la ley” sostuvo Boehner quien calificó la iniciativa del Premio Nobel de la Paz como “otro ejemplo de la herencia de ilegalidad que nos dejará esta administración”.
Al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, los líderes de opinión y los gobiernos de los países que condena la existencia de esta Cárcel de la vergüenza, las sociedades, los pueblos del mundo tenemos el deber de emitir y dar a conocer nuestro rechazo a la presencia de una base naval de un país extranjero en territorio cubano, una base ilegal que representa un enclave colonial en un país soberano, que además es utilizado como campo de confinamiento y tortura.
Nuestras palabras no sólo deben ser de rechazo ante las promesas incumplidas de este singular premio Nobel de la paz, sino también a la necesidad de que se retire cualquier país ocupante de cualquier enclave en cualquier parte del mundo. Guantánamo debe ser cerrado, los soldados a su casa, el territorio volver a Cuba, los presos que han sido torturados, despreciados, humillados y privados de su libertad por una década ya deben volver a sus hogares. Estados unidos debe cesar su papel de arrogante, soberbio, sargento del mundo o someterse – en la propia lógica llevada a cabo por sus administraciones de gobierno de dar y recibir «diente por diente» y se entienda, por tanto que existan represalias ante su actuar de gendarme mundial.
PABLO JOFRÉ LEAL
Artículo del Autor cedido por Hispantv
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.