Análisis Noticiosos
Cárcel de Guantánamo: Una historia de infamia
El día 16 de noviembre del 2008, el recién electo presidente estadounidense, Barack Hussein Obama, concedió su primera entrevista de prensa. El escenario escogido fue el programa de televisión de la cadena CBS “60 Minutos”. Allí, ante millones de televidentes estadounidenses y otros tanto cientos de millones a lo largo del mundo, se escucharon algunas promesas del mandatario afroamericano en materia de política exterior.
Parte de ese compromiso de campaña y discursivo de Obama, al momento del triunfo, remitía a que Estados Unidos bajo su administración de gobierno, no cometería los errores de su antecesor George W. Bush y haría efectiva dos medidas apenas tomara posesión de la Casa Blanca el día 20 de enero del año 2009: reunirse con sus asesores de seguridad nacional y con los responsables militares para diseñar un plan que permitiera el retiro de las tropas desplegadas en Irak y en segundo lugar ordenar el cierre de la cárcel militar de la Base de Guantánamo.
Esta última decisión se enmarcaba en las acusaciones al gobierno estadounidense y al ejército de ese país de torturar a cientos de prisioneros en el enclave colonial de Guantánamo, donde radica una Base militar y Naval de Estados Unidos a contrapelo de la soberanía cubana y donde instalaron una cárcel, para detener allí a los sospechoso de actividades terroristas de la organización Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. La prisión, alberga en la actualidad a 149 detenidos, 79 de los cuales han sido declarados liberables. Llegó a tener 600 prisioneros en total.
La cárcel de Guantánamo representaba, según Obama, la más seria amenaza a la credibilidad de Estados Unidos como una democracia defensora de los derechos humanos. Resultaba, por tanto, intolerable e inaceptable, para Obama, que la “mayor democracia del mundo” fuera acusada de permitir torturas contra prisioneros a los cuales se acusaba de terrorismo pero cuyos juicios y supuestos actos criminales, en la gran mayoría no había sido demostrados, habían sido obtenidos bajo apremios físicos y sicológicos, con largos años años privados de libertad, sufriendo condiciones de confinamiento por largos períodos y condiciones de habitabilidad bajo temperaturas sofocantes con uso de métodos de interrogatorio absolutamente prohibidos por todas las convenciones internacionales. Una cárcel que merecía críticas de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos e incluso líderes de opinión dentro de los propios Estados Unidos.
En ese panorama de inmoralidad, Obama se planteó a inicios de su primer período presidencial esa percepción. Ello implicaba transitar hacia el cierre del recinto y trasladar los presos a territorio estadounidense continental, acelerar procesos judiciales de aquellas personas que quedaría demostrado, tras largos años de encierro, que eran inocentes e incluso pensar en enviar parte de esos prisioneros a sus países de origen para que fuesen juzgados allá. Obama sostuvo que “como parte de un esfuerzo para restaurar la autoridad moral de Estados Unidos cerraré Guantánamo. He dicho reiteradamente que Estados unidos no tortura y me aseguraré que no torturamos”.
Tras seis años de gobierno, terminado el primer período presidencial y reelecto, bajo las mimas promesas anteriores, el análisis en materia de cumplimiento de compromiso de este Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, demostró, no sólo el absoluto desprecio a la palabra comprometida, sino también a que este presidente está sujeto a los designios y decisiones no de la sociedad estadounidense, sino del aparataje del complejo militar-industrial estadounidense, que es quien define qué se hace en materia de política exterior, que favorezca los intereses geoestratégicos de esta superpotencia. Obama no sólo ha incumplido la palabra empeñada, lo seguirá haciendo pues está absolutamente imposibilitado políticamente de lograrlo tras sus desastrosas intervenciones, principalmente en Libia y Siria, además de Irak con su fracasada política del Leading From Behind.
La historia de mentiras no cesa
En el mes de enero de este año 2014, como parte de un Mensaje a la nación, Obama reiteró la intención de cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar aquellos prisioneros que aún permanecen en este recinto – 149 hombres, principalmente de Afganistán, Paquistán y yemenitas – y reubicar aquellos presos que aún permanecen en este recinto.
Ante esa idea el Congreso norteamericano estableció una serie de frenos legales, para evitar así que Obama cerrara la cárcel, trasladarlos a Estados Unidos y juzgarlos allá o enviarlos a otro país. Desde 2009, 18 países de todo el mundo han acogido a un total de 48 detenidos, reduciendo la lista a 149. Desde la apertura de este campo de torturas 600 prisioneros de guerra de un total de 35 nacionalidades, han pasado parte importante de sus vidas privados de libertad. Este cronista señalaba a medios de comunicación en esa oportunidad que “Doce años desde que se instaló la prisión ilegal de Guantánamo y cinco desde la promesa de Barack Obama respecto a que la cerraría. Nuevamente se promete cerrar una cárcel considerada una vergüenza para el mundo, una vergüenza para los Estados Unidos y, sobre todo, que sigue siendo el peor ejemplo del peor atentado a los derechos humanos que puede cometer una nación”
En el mes de abril del 2014, nuevamente Obama volvió a la carga señalando que su intención era cerrar Guantánamo como recinto carcelario. En las clásicas palabras de quien dirige la mayor economía del mundo, Barack Obama, ni siquiera hizo mención la carácter inhumano de esta Cárcel sino que debería ser cerrada porque “Guantánamo es cara y es ineficaz, daña nuestra imagen internacional y reduce la cooperación con nuestros aliados en los esfuerzos antiterroristas además de ser una herramienta para el reclutamiento de extremistas” pero, las fatuas palabras de Obama reflejaban simplemente un discurso vacío, carente de verdaderas intenciones, sobre todo si recordamos que el mismo Obama es el autor de una orden Ejecutiva para preservar el sistema de detenciones indefinida de Guantánamo sin que haya sido derogada.?
Para Glenn Greenwald abogado constitucionalista estadounidense, columnista, bloguero y escritor daba luces sobre estas expresiones de Obama, más voladores de luces que una realidad “Obama debería reunir el coraje político necesario para enfrentarse al Congreso en el tema de Guantánamo. Si su Secretario de Defensa es incapaz de certificar un traslado en condiciones difíciles, Obama conserva la capacidad para trasladar prisioneros con una exención de seguridad nacional, una potestad que nunca ha utilizado… Mantenerles en Guantánamo a causa de su nacionalidad va en contra de la justicia… Obama parece haber tirado la toalla sobre Guantánamo. En enero, cerró la oficina del enviado que estaba al frente de los esfuerzos para cerrar la instalación. Ahora, el ejército estadounidense está invirtiendo en un cable de fibra óptica hasta la base y planeando cuidados médicos especialidades para detenidos de edad. Eso sugiere que algunos van a seguir allí el resto de su vida natural”
Pese a la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta y efectivamente represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión. Pero, más allá de ese gasto, ¡allá ellos que se gasten su dinero!!!! el que sea utilizado para encerrar, torturar, vejar y violentar los derechos humanos de decenas de presos políticos es una aberración que hay que condenar con todas nuestras fuerzas.
En la lógica mercantilista estadounidense, Guantánamo es una cárcel cara – por tanto representa un gasto que hay que controlar – es ineficaz – no ha cumplido el propósito de acallar las voces y acciones de protesta contra las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Ni siquiera se habla de la posibilidad de restituir ese territorio a su legítimo dueño: Cuba – sino que simplemente se habla de cerrarla por “razones económicas y de imagen. La vergüenza que cubre el actuar internacional de la mayor potencia del mundo tiene nombre: es la ignominiosa cárcel de la base naval de Guantánamo.
La Cárcel Militar de Guantánamo no es una prisión, es un campo de torturas. Es la versión moderna de los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial. Son la versión en tierras americanas de Treblinka, Auschwitz y Dachau entre otros centros de tortura, de desaparición y genocidio. Son la versión estadounidense de Villa Grimaldi, de Tejas Verdes en Chile, de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina. Son la expresión que las autoridades estadounidenses ignoran los derechos humanos que dicen defender. Son el ejemplo patente que Estados Unidos es el mayor violador de derechos humanos en el mundo.
En ese mes de abril del 2014, al que hago referencia, específicamente el día lunes 29, aterrizaron en el aeropuerto de Guantánamo, refuerzos médicos, enfermeras y técnicos para atender a 130 huelguistas musulmanes en huelga de hambre, desde el 6 de febrero del 2014. Ese refuerzo tuvo un significado: aún más tortura a los detenidos, claro que ahora bajo supervisión médica, de tal manera que no fueran a morirse en esas sesiones de alimentación forzada, que han sido criticada incluso por la Cruz Roja internacional. Este organismo internacional, el único autorizado a entrar al centro militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Las autoridades militares han implementado ese método de alimentación forzoso, que consiste en insertar una sonda nasogástrica (un tubo plástico) por la nariz, que llegue hasta el estómago para así introducir nutrientes líquidos “No permitiremos que ningún preso se muera de hambre”, aseguró el portavoz de la prisión, el teniente coronel Samuel House. Palabras que reflejan el deseo final “que los presos mueran confinados pero no de hambre”.
Para el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, «en determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura. La alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas”
Obama, ha reiterado en varias oportunidades que comparte la decisión de alimentar a los prisioneros con sondas nasogástricas “No quiero que esos individuos mueran”, ha asegurado el presidente sobre una población reclusa que en un 50%, según dictámenes de las propias autoridades estadounidenses no representan peligro alguno y sin embargo llevan 11 años encarcelados. En Guantánamo, según datos de la Cruz Roja, existen 166 detenidos que fueron capturados en el extranjero en operaciones que significaron la complicidad de cuerpos de seguridad de Paquistán, Israel, las nuevas autoridades Libias, Afganistán e Irak entre otras.
Todos ellos y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Son esos presos, la gran mayoría, quienes han desafiado a las autoridades carcelarias a través de sus ayunos y huelgas de hambre, para denunciar el confinamiento por tiempo indefinido al que son sometidos, las largas horas sometidos a permanecer amarrados al piso en posición fetal, privados de alimentos y agua, amarrados con cadenas bajo un sol inclemente, el registro a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán.
Y aunque Estados Unidos se ha obstinado en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema con muchas aristas para sus relaciones internacionales. Tal ha sido el caso de las represalias rusas frente a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. La Cancillería rusa, en pleno diferendo por las sanciones y sus réplicas, emitió un listado con el nombre de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta historia vil contra los derechos de decenas de hombres encarcelados en el enclave colonial de Guantánamo, el pasado día 29 de septiembre el Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, pidió a los países latinoamericanos que tomen medidas destinadas a acoger en sus territorio a presos de Guantánamo de entre los 79 que Estados Unidos ha señalado están en condiciones de ser liberados si alguna nación les recibe. «Solicito respetuosamente a los países que puedan hacerlo, de manera consistente con sus políticas nacionales y su legalidad interna, considerar favorablemente esta situación, para recibir a personas actualmente recluidas en Guantánamo, con el fin de permitirles retomar sus vidas después de su prolongada detención» aseveró Insulza.
Esta idea ha surgido en el marco de los deseos de la administración de Obama de cerrar el penal, donde ha encontrado la férrea oposición de los congresistas republicanos de trasladar a los presos a territorio estadounidense. «Una respuesta favorable para recibir a un número reducido de ellos, que no presenten riesgo para su seguridad, contribuiría a reducir sustantivamente este grave caso humanitario en territorio de las Américas» declaró el Secretario General de la OEA.
Insulza, con una comprometedora declaración permitió dar luces sobre las graves trasgresiones a los derechos humanos de esos 79 presos “Se trata de personas que no han sido juzgadas, ni lo serán, por crimen alguno y las exhaustivas evaluaciones a que han sido sometidas por parte de las autoridades de Estados Unidos han determinado que no presentan riesgos graves para la seguridad de este país, ni de aquel que los acoja» Entonces, la pregunta que sale a borbotones, indignada, impotente y de claro rechazo a las políticas estadounidenses es ¿cómo es posible que esos 79 hombres hayan pasado una década en la cárcel, bajo sufrimientos inenarrables, sometidos a apremios físicos y sicológicos que han merecido la condena unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo, para que finalmente las propias autoridades que los encarcelaron afirmen que no representan peligro alguno? Este es un escándalo mayúsculo, es una prueba más de la ignominia, el descaro y la prepotencia de Estados Unidos frente a los derechos humanos.
Las declaraciones de Insulza se dieron con apego a la línea manifestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que fue el primer organismo internacional en solicitar el cierre de la cárcel de Guantánamo, como también exigir a Washington medidas cautelares para la protección de los derechos de los prisioneros de Guantánamo y poder visitarlos que en repetidas oportunidades ha llamado al cierre de dicho campo de detención. Igualmente las declaraciones de Insulza consignaron la necesidad de saber qué va a pasar con los otros 70 prisioneros, sobre los cuales estados unidos debería tomar una decisión. En la cual, lo más probable, vista la negativa republicana a trasladarlos a territorio contiene tal estadounidense, terminen encerrados en la misma base naval.
Para continuar con esta historia de infamia del gobierno estadounidense, a días de las elecciones para elegir parlamentarios para su Cámara de Representantes, el día 4 de noviembre, el presidente Obama declaró – por enésima vez su intención de cerrar Guantánamo y enviar los presos a territorio estadounidense para juzgarlos. Frente a esas palabras, los legisladores republicanos advirtieron, por boca del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner que “Obama cometería un peligroso error si decidía trasladar a esos detenidos a cárceles en Estados Unidos. Una aplastante mayoría de estadounidenses y de legisladores de los dos partidos (…) se opone a trasladar a Estados Unidos a los terroristas encarcelados en Guantánamo, y sin embargo la Casa Blanca sigue avanzando en sus proyectos…En momentos en que los yihadistas islámicos decapitan estadounidenses, la Casa Blanca está tan decidida a trasladar a estos terroristas desde Guantánamo a Estados Unidos que analiza la manera de ignorar al Congreso y reescribir unilateralmente la ley” sostuvo Boehner quien calificó la iniciativa del Premio Nobel de la Paz como “otro ejemplo de la herencia de ilegalidad que nos dejará esta administración”.
Al margen de las declaraciones de los organismos internacionales, los líderes de opinión y los gobiernos de los países que condena la existencia de esta Cárcel de la vergüenza, las sociedades, los pueblos del mundo tenemos el deber de emitir y dar a conocer nuestro rechazo a la presencia de una base naval de un país extranjero en territorio cubano, una base ilegal que representa un enclave colonial en un país soberano, que además es utilizado como campo de confinamiento y tortura.
Nuestras palabras no sólo deben ser de rechazo ante las promesas incumplidas de este singular premio Nobel de la paz, sino también a la necesidad de que se retire cualquier país ocupante de cualquier enclave en cualquier parte del mundo. Guantánamo debe ser cerrado, los soldados a su casa, el territorio volver a Cuba, los presos que han sido torturados, despreciados, humillados y privados de su libertad por una década ya deben volver a sus hogares. Estados unidos debe cesar su papel de arrogante, soberbio, sargento del mundo o someterse – en la propia lógica llevada a cabo por sus administraciones de gobierno de dar y recibir «diente por diente» y se entienda, por tanto que existan represalias ante su actuar de gendarme mundial.
PABLO JOFRÉ LEAL
Artículo del Autor cedido por Hispantv
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.