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Cárceles de RD están desbordadas, alerta Procurador General
SANTO DOMINGO.- Los recintos carcelarios en la República Dominicana están desbordados y albergan la mayor cantidad de reclusos en toda la historia penitenciaria de este país, alertó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista exclusiva que concedió al director ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, en su despacho de la Procuraduría, indicó que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal ha hecho duplicar la población carcelaria en el país en momentos en que hay un sistema de prisiones arcaico, que data de la Era de Trujillo (1930-1961).
Indicó que el actual es « un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
53.3% no ha recibido condena
Reveló que en la actualidad hay 25,200 personas privadas de libertad en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, estando la mayor parte en la cárcel La Victoria, la cual alberga poco más de 7 mil hombres.
Señaló que, en sentido general, el 53.5% guarda prisión preventiva, o sea, no han sido condenado y el 46.5% ya lo fue.
Homicidio: el principal delito
A junio, 7,180 están acusados de homicidio, 6,819 por robo, 114 por violación sexual, 6,145 por droga y 119 por secuestro, de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
“Sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional”, declaró.
Sistema arcaico
Domínguez Brito observó: “El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
Dijo, sin embargo, que ha llegado el momento de que este problema vaya desapareciendo «de forma paulatina, pero firme”.
Declaró que en el sistema tradicional de prisiones hay 15,800 aproximadamente y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente fue iniciada la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad que ocuparon los primeros cuatro pabellones.
“La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea”, indicó. “Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales”,
El Procurador General declaró que en diez meses él ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de las cárceles. Como parte del mismo fue clausurado el recinto Santa Rosa de Lima, en la Romana, y el de la fortaleza 2 Mayo, en Moca, lugares en donde los reclusos vivían en condiciones “simplemente infrahumanas al extremo”. Ambos recintos pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, explicó.
Destacó que los reclusos que fueron trasladados estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a delinquir desde sus celdas y ahora han sido obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida”.
Declaró que el Modelo de Gestión Penitenciario ha sido un gran logro de nuestro país, lo cual llena a la Procuraduría de mucha satisfacción.
“Fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema”, agregó.
“No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria”, enfatizó.
Preguntas y respuestas
A continuación las preguntas y repuestas de la entrevista con el Procurador:
1.Cuántas personas privadas de libertad se encuentran en las cárceles dominicanas?
En la actualidad tenemos unas 25,200 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, teniendo la mayor parte de estos procesados, en la cárcel La Victoria, la cual alberga actualmente poco más de 7 mil hombres.
En el sistema tradicional de prisiones, tenemos15,800 aproximadamente
Y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente iniciamos la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad, que ocuparon los primeros cuatro pabellones. La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea.
Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales.
2.-Cuántos guardan prisión preventiva y cuántos condenados?
De forma preventiva tenemos53.5% y condenados 46.5 %
3.Cuáles son los delitos por que guardan prisión?
Basados en el informe más reciente, a junio del 2013, tenemos que 7,180 privados de libertad entre hombres y mujeres, son procesados o condenados por homicidio.
6,819 por robo, de los cuales, 114 también son acusados de violación sexual.
6,145 por droga, 119 por secuestro de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
4.Cómo define usted esta situación, cuáles consecuencias traería en caso de mantenerse?
La puesta en vigencia del Código Procesal Penal, ha provocado unincremento de la población carcelaria en el país, la cual se ha duplicado. Nuestros recintos carcelarios están desbordados puesactualmente tenemos la mayor cantidad de privados de libertad en toda la historia penitenciaria dominicana y sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional.
En diez meses hemos hecho un gran esfuerzo en donde clausuramos el recinto Santa Rosa de Lima en la Romana y el de la fortaleza 2 mayo en Moca y ambas estructuras pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, pero, esos reclusos que estaban en esos recintos, vivían en condiciones simplemente infrahumanas al extremo.
El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos y ha llegado el momento de que el mismo vaya desapareciendo de forma paulatina, pero firme.
Esto también nos ha puesto en punto delicado los centros del nuevo Modelo, pues estos reclusos trasladados, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, vivir delinquiendo desde sus celdas, en donde la violencia y la agresividad convivían entre la suciedad y la corrupción interna, se han visto obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida.
Pero también han dejado de pagar para comer, para tener una cama y sobre todo en condiciones de higiene excelentes, han dejado de pagar para vivir, para estar seguros, para educarse y para vivir dentro de su prisión, con dignidad.
El Modelo de Gestión Penitenciario, ha sido un gran logro de nuestro país lo cual me llena de mucha satisfacción porque fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema.
No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria.
Lo que vemos en las cárceles tradicionales, debe tener un fin. Lo vivimos en Najayo en donde un grupo de narcotraficantes en su mayoría, y personas con poder adquisitivo, tenían unos privilegios que me atrevo a decir, pocas personas en libertad pueden disfrutar. Parábolas, televisores plasmas de gran tamaño, aires acondicionados, pisos de tabloncillo, cornisas de yeso, teléfonos, internet, bebidas alcohólicas, salidas personales del penal, visita de mujeres sin control y todo esto al final lo que hace es que los de patología delictiva, sigan desde su prisión, controlando sus brazos de acción y estructuras dentro del crimen organizado. Eso tiene que terminar en nuestro país.
Todo ese escenario, contrarresta con la denigrante realidad que vivían y que aún viven, la gran población carcelaria. De injusticias, hacinamiento, delincuencia, vejaciones, y esa implantación de la ley del más fuerte que se vive en ese sistema.
Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y los mismos deben ser respetados, aparte de las condiciones humanas que deben primar. La salud, la educación, la alimentación… son derechos que dentro del Modelo de Gestión respetamos y en trato igualitario, sin privilegios adicionales. Creemos en eso y en esa línea seguiremos trabajando muy fuerte, hasta completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que nos permitirá trabajar en la rehabilitación del que haya cometido un delito, buscando que una vez obtenida su libertad, no vuelva a delinquir a las calles. Por eso en los CCRs, de capacita en educación primaria y secundaria, y también en una gran cantidad de capacitaciones técnico-profesional en diversas áreas que les permita poder iniciar una labor digna ya estando en libertad. También hemos aumentado las facilidades de acceso a estudios universitarios y ese es nuestro reto… Seguir mejorando cada día.
5.Cuáles medidas, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar el problema?
El sistema penitenciario en su totalidad urge de nuevas edificaciones. En ese sentido tenemos proyectado la construcción de un gran centro correccional que operaría bajo el Modelo de Gestión, en Santiago, con capacidad para unos 1,500 internos.
Estamos actualmente trabajando de forma acelerada para habilitar un centro correccional de mujeres en Higuey y otro para menores en conflicto con la ley.
Pero también, estamos rescatando las instalaciones de lo que era la Ciudad del Niño, para crear ahí un centro para jóvenes en conflicto con la ley, en donde los mismos puedan ser rehabilitados, con programas y personal especializado.
Igualmente es necesario otro gran centro penitenciario para hombres en Santo Domingo.
Mientras tanto hemos instruido a realizar censos carcelarios, sobre todo en bajo el sistema tradicional, que nos permita verificar el estado judicial de muchos reclusos que tienen condenas cumplidas y están retenidos por la falta de pago de una fianza o de una multa que se le impuso junto a la condena.
En coordinación con el Poder Judicial, hemos estado realizando roles de audiencias con los jueces de Ejecución de la Pena de las diferentes jurisdicciones, para detectar esos casos y sobre todo seha exonerado el pago de la misma a envejecientes y personas con enfermedades crónicas. Otros, se les ha cambiado las multas por trabajo comunitarios y presentaciones periódicas, que es una forma también de descongestionar un poco, pero estamos conscientes, que no es suficiente. Tenemos una sobrepoblación por encima del 250% en el sistema tradicional de prisiones y es una situación que nos preocupa bastante, pero la hemos estado enfrentando con mucha decisión y voluntad.
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.