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Cárceles de RD están desbordadas, alerta Procurador General
SANTO DOMINGO.- Los recintos carcelarios en la República Dominicana están desbordados y albergan la mayor cantidad de reclusos en toda la historia penitenciaria de este país, alertó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista exclusiva que concedió al director ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, en su despacho de la Procuraduría, indicó que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal ha hecho duplicar la población carcelaria en el país en momentos en que hay un sistema de prisiones arcaico, que data de la Era de Trujillo (1930-1961).
Indicó que el actual es « un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
53.3% no ha recibido condena
Reveló que en la actualidad hay 25,200 personas privadas de libertad en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, estando la mayor parte en la cárcel La Victoria, la cual alberga poco más de 7 mil hombres.
Señaló que, en sentido general, el 53.5% guarda prisión preventiva, o sea, no han sido condenado y el 46.5% ya lo fue.
Homicidio: el principal delito
A junio, 7,180 están acusados de homicidio, 6,819 por robo, 114 por violación sexual, 6,145 por droga y 119 por secuestro, de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
“Sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional”, declaró.
Sistema arcaico
Domínguez Brito observó: “El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
Dijo, sin embargo, que ha llegado el momento de que este problema vaya desapareciendo «de forma paulatina, pero firme”.
Declaró que en el sistema tradicional de prisiones hay 15,800 aproximadamente y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente fue iniciada la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad que ocuparon los primeros cuatro pabellones.
“La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea”, indicó. “Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales”,
El Procurador General declaró que en diez meses él ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de las cárceles. Como parte del mismo fue clausurado el recinto Santa Rosa de Lima, en la Romana, y el de la fortaleza 2 Mayo, en Moca, lugares en donde los reclusos vivían en condiciones “simplemente infrahumanas al extremo”. Ambos recintos pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, explicó.
Destacó que los reclusos que fueron trasladados estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a delinquir desde sus celdas y ahora han sido obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida”.
Declaró que el Modelo de Gestión Penitenciario ha sido un gran logro de nuestro país, lo cual llena a la Procuraduría de mucha satisfacción.
“Fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema”, agregó.
“No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria”, enfatizó.
Preguntas y respuestas
A continuación las preguntas y repuestas de la entrevista con el Procurador:
1.Cuántas personas privadas de libertad se encuentran en las cárceles dominicanas?
En la actualidad tenemos unas 25,200 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, teniendo la mayor parte de estos procesados, en la cárcel La Victoria, la cual alberga actualmente poco más de 7 mil hombres.
En el sistema tradicional de prisiones, tenemos15,800 aproximadamente
Y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente iniciamos la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad, que ocuparon los primeros cuatro pabellones. La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea.
Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales.
2.-Cuántos guardan prisión preventiva y cuántos condenados?
De forma preventiva tenemos53.5% y condenados 46.5 %
3.Cuáles son los delitos por que guardan prisión?
Basados en el informe más reciente, a junio del 2013, tenemos que 7,180 privados de libertad entre hombres y mujeres, son procesados o condenados por homicidio.
6,819 por robo, de los cuales, 114 también son acusados de violación sexual.
6,145 por droga, 119 por secuestro de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
4.Cómo define usted esta situación, cuáles consecuencias traería en caso de mantenerse?
La puesta en vigencia del Código Procesal Penal, ha provocado unincremento de la población carcelaria en el país, la cual se ha duplicado. Nuestros recintos carcelarios están desbordados puesactualmente tenemos la mayor cantidad de privados de libertad en toda la historia penitenciaria dominicana y sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional.
En diez meses hemos hecho un gran esfuerzo en donde clausuramos el recinto Santa Rosa de Lima en la Romana y el de la fortaleza 2 mayo en Moca y ambas estructuras pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, pero, esos reclusos que estaban en esos recintos, vivían en condiciones simplemente infrahumanas al extremo.
El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos y ha llegado el momento de que el mismo vaya desapareciendo de forma paulatina, pero firme.
Esto también nos ha puesto en punto delicado los centros del nuevo Modelo, pues estos reclusos trasladados, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, vivir delinquiendo desde sus celdas, en donde la violencia y la agresividad convivían entre la suciedad y la corrupción interna, se han visto obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida.
Pero también han dejado de pagar para comer, para tener una cama y sobre todo en condiciones de higiene excelentes, han dejado de pagar para vivir, para estar seguros, para educarse y para vivir dentro de su prisión, con dignidad.
El Modelo de Gestión Penitenciario, ha sido un gran logro de nuestro país lo cual me llena de mucha satisfacción porque fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema.
No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria.
Lo que vemos en las cárceles tradicionales, debe tener un fin. Lo vivimos en Najayo en donde un grupo de narcotraficantes en su mayoría, y personas con poder adquisitivo, tenían unos privilegios que me atrevo a decir, pocas personas en libertad pueden disfrutar. Parábolas, televisores plasmas de gran tamaño, aires acondicionados, pisos de tabloncillo, cornisas de yeso, teléfonos, internet, bebidas alcohólicas, salidas personales del penal, visita de mujeres sin control y todo esto al final lo que hace es que los de patología delictiva, sigan desde su prisión, controlando sus brazos de acción y estructuras dentro del crimen organizado. Eso tiene que terminar en nuestro país.
Todo ese escenario, contrarresta con la denigrante realidad que vivían y que aún viven, la gran población carcelaria. De injusticias, hacinamiento, delincuencia, vejaciones, y esa implantación de la ley del más fuerte que se vive en ese sistema.
Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y los mismos deben ser respetados, aparte de las condiciones humanas que deben primar. La salud, la educación, la alimentación… son derechos que dentro del Modelo de Gestión respetamos y en trato igualitario, sin privilegios adicionales. Creemos en eso y en esa línea seguiremos trabajando muy fuerte, hasta completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que nos permitirá trabajar en la rehabilitación del que haya cometido un delito, buscando que una vez obtenida su libertad, no vuelva a delinquir a las calles. Por eso en los CCRs, de capacita en educación primaria y secundaria, y también en una gran cantidad de capacitaciones técnico-profesional en diversas áreas que les permita poder iniciar una labor digna ya estando en libertad. También hemos aumentado las facilidades de acceso a estudios universitarios y ese es nuestro reto… Seguir mejorando cada día.
5.Cuáles medidas, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar el problema?
El sistema penitenciario en su totalidad urge de nuevas edificaciones. En ese sentido tenemos proyectado la construcción de un gran centro correccional que operaría bajo el Modelo de Gestión, en Santiago, con capacidad para unos 1,500 internos.
Estamos actualmente trabajando de forma acelerada para habilitar un centro correccional de mujeres en Higuey y otro para menores en conflicto con la ley.
Pero también, estamos rescatando las instalaciones de lo que era la Ciudad del Niño, para crear ahí un centro para jóvenes en conflicto con la ley, en donde los mismos puedan ser rehabilitados, con programas y personal especializado.
Igualmente es necesario otro gran centro penitenciario para hombres en Santo Domingo.
Mientras tanto hemos instruido a realizar censos carcelarios, sobre todo en bajo el sistema tradicional, que nos permita verificar el estado judicial de muchos reclusos que tienen condenas cumplidas y están retenidos por la falta de pago de una fianza o de una multa que se le impuso junto a la condena.
En coordinación con el Poder Judicial, hemos estado realizando roles de audiencias con los jueces de Ejecución de la Pena de las diferentes jurisdicciones, para detectar esos casos y sobre todo seha exonerado el pago de la misma a envejecientes y personas con enfermedades crónicas. Otros, se les ha cambiado las multas por trabajo comunitarios y presentaciones periódicas, que es una forma también de descongestionar un poco, pero estamos conscientes, que no es suficiente. Tenemos una sobrepoblación por encima del 250% en el sistema tradicional de prisiones y es una situación que nos preocupa bastante, pero la hemos estado enfrentando con mucha decisión y voluntad.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.