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Cárceles de RD están desbordadas, alerta Procurador General
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13 años agoon
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LA REDACCIÓN
SANTO DOMINGO.- Los recintos carcelarios en la República Dominicana están desbordados y albergan la mayor cantidad de reclusos en toda la historia penitenciaria de este país, alertó ayer el procurador general Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista exclusiva que concedió al director ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, en su despacho de la Procuraduría, indicó que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal ha hecho duplicar la población carcelaria en el país en momentos en que hay un sistema de prisiones arcaico, que data de la Era de Trujillo (1930-1961).
Indicó que el actual es « un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
53.3% no ha recibido condena
Reveló que en la actualidad hay 25,200 personas privadas de libertad en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, estando la mayor parte en la cárcel La Victoria, la cual alberga poco más de 7 mil hombres.
Señaló que, en sentido general, el 53.5% guarda prisión preventiva, o sea, no han sido condenado y el 46.5% ya lo fue.
Homicidio: el principal delito
A junio, 7,180 están acusados de homicidio, 6,819 por robo, 114 por violación sexual, 6,145 por droga y 119 por secuestro, de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
“Sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional”, declaró.
Sistema arcaico
Domínguez Brito observó: “El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos”.
Dijo, sin embargo, que ha llegado el momento de que este problema vaya desapareciendo «de forma paulatina, pero firme”.
Declaró que en el sistema tradicional de prisiones hay 15,800 aproximadamente y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente fue iniciada la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad que ocuparon los primeros cuatro pabellones.
“La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea”, indicó. “Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales”,
El Procurador General declaró que en diez meses él ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de las cárceles. Como parte del mismo fue clausurado el recinto Santa Rosa de Lima, en la Romana, y el de la fortaleza 2 Mayo, en Moca, lugares en donde los reclusos vivían en condiciones “simplemente infrahumanas al extremo”. Ambos recintos pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, explicó.
Destacó que los reclusos que fueron trasladados estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a delinquir desde sus celdas y ahora han sido obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida”.
Declaró que el Modelo de Gestión Penitenciario ha sido un gran logro de nuestro país, lo cual llena a la Procuraduría de mucha satisfacción.
“Fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema”, agregó.
“No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria”, enfatizó.
Preguntas y respuestas
A continuación las preguntas y repuestas de la entrevista con el Procurador:
1.Cuántas personas privadas de libertad se encuentran en las cárceles dominicanas?
En la actualidad tenemos unas 25,200 personas, distribuidas en todo el territorio nacional, en los distintos centros de corrección y rehabilitación CCRs, del Modelo de Gestión y los recintos penitenciarios tradicionales, teniendo la mayor parte de estos procesados, en la cárcel La Victoria, la cual alberga actualmente poco más de 7 mil hombres.
En el sistema tradicional de prisiones, tenemos15,800 aproximadamente
Y en el modelo de gestión de penitenciario CCRs unos 9 mil, incluyendo los privados de libertad que están en Najayo, en donde recientemente iniciamos la transformación hacia el nuevo modelo, con unos 275 privados de libertad, que ocuparon los primeros cuatro pabellones. La meta es que Najayo, por completo, pase al nuevo modelo y estamos inmersos en esa tarea.
Luego, tenemos como prioridad La Victoria, así como los demás recintos tradicionales.
2.-Cuántos guardan prisión preventiva y cuántos condenados?
De forma preventiva tenemos53.5% y condenados 46.5 %
3.Cuáles son los delitos por que guardan prisión?
Basados en el informe más reciente, a junio del 2013, tenemos que 7,180 privados de libertad entre hombres y mujeres, son procesados o condenados por homicidio.
6,819 por robo, de los cuales, 114 también son acusados de violación sexual.
6,145 por droga, 119 por secuestro de los cuales 22 cometieron el delito conjuntamente con homicidio.
4.Cómo define usted esta situación, cuáles consecuencias traería en caso de mantenerse?
La puesta en vigencia del Código Procesal Penal, ha provocado unincremento de la población carcelaria en el país, la cual se ha duplicado. Nuestros recintos carcelarios están desbordados puesactualmente tenemos la mayor cantidad de privados de libertad en toda la historia penitenciaria dominicana y sin temor a equivocarme, con la reforma Código, nos aumentarán más, pues estaremos castigando con mayor drasticidad la denominada reincidencia, en donde buscaremos que los que reincidan no tengan el beneficio de medidas cautelares consistentes en fianzas, presentaciones periódicas y menos aún, condicional.
En diez meses hemos hecho un gran esfuerzo en donde clausuramos el recinto Santa Rosa de Lima en la Romana y el de la fortaleza 2 mayo en Moca y ambas estructuras pasarán a ser centros culturales y educativos para beneficio de dichas comunidades, pero, esos reclusos que estaban en esos recintos, vivían en condiciones simplemente infrahumanas al extremo.
El sistema tradicional de prisiones es arcaico, data de la época de la dictadura de Trujillo, un sistema de mal trato, en donde se vulnera la dignidad de los seres humanos, negándoseles incluso una rehabilitación y al mismo tiempo, con una minoría se fomenta la corrupción, que permite la permanencia delictiva desde nuestros recintos y ha llegado el momento de que el mismo vaya desapareciendo de forma paulatina, pero firme.
Esto también nos ha puesto en punto delicado los centros del nuevo Modelo, pues estos reclusos trasladados, acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, vivir delinquiendo desde sus celdas, en donde la violencia y la agresividad convivían entre la suciedad y la corrupción interna, se han visto obligados a iniciar un proceso en donde la disciplina, la limpieza la obediencia y reglas, deben ser cumplidas por todos en igual medida.
Pero también han dejado de pagar para comer, para tener una cama y sobre todo en condiciones de higiene excelentes, han dejado de pagar para vivir, para estar seguros, para educarse y para vivir dentro de su prisión, con dignidad.
El Modelo de Gestión Penitenciario, ha sido un gran logro de nuestro país lo cual me llena de mucha satisfacción porque fue precisamente en mi pasada gestión como Procurador General, que iniciamos todo este proceso, al que el magistrado Radhamés Jiménez dedicó mucho esfuerzo, tiempo y recursos, junto a mi querido amigo Roberto Santana quien sin duda ha sido el gran propulsor del sistema.
No somos perfectos. El sistema tiene sus fortalezas y debilidades pero, sin lugar a dudas ha sido un gran avance en materia de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad. El Modelo de Gestión se coloca por debajo de un 3% de reincidencia de sus internos, y una tasa de analfabetismo CERO porque cuando un privado de libertad ingresa a un CCRs, la alfabetización es obligatoria.
Lo que vemos en las cárceles tradicionales, debe tener un fin. Lo vivimos en Najayo en donde un grupo de narcotraficantes en su mayoría, y personas con poder adquisitivo, tenían unos privilegios que me atrevo a decir, pocas personas en libertad pueden disfrutar. Parábolas, televisores plasmas de gran tamaño, aires acondicionados, pisos de tabloncillo, cornisas de yeso, teléfonos, internet, bebidas alcohólicas, salidas personales del penal, visita de mujeres sin control y todo esto al final lo que hace es que los de patología delictiva, sigan desde su prisión, controlando sus brazos de acción y estructuras dentro del crimen organizado. Eso tiene que terminar en nuestro país.
Todo ese escenario, contrarresta con la denigrante realidad que vivían y que aún viven, la gran población carcelaria. De injusticias, hacinamiento, delincuencia, vejaciones, y esa implantación de la ley del más fuerte que se vive en ese sistema.
Toda persona que ha cometido un delito tiene derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución y los mismos deben ser respetados, aparte de las condiciones humanas que deben primar. La salud, la educación, la alimentación… son derechos que dentro del Modelo de Gestión respetamos y en trato igualitario, sin privilegios adicionales. Creemos en eso y en esa línea seguiremos trabajando muy fuerte, hasta completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que nos permitirá trabajar en la rehabilitación del que haya cometido un delito, buscando que una vez obtenida su libertad, no vuelva a delinquir a las calles. Por eso en los CCRs, de capacita en educación primaria y secundaria, y también en una gran cantidad de capacitaciones técnico-profesional en diversas áreas que les permita poder iniciar una labor digna ya estando en libertad. También hemos aumentado las facilidades de acceso a estudios universitarios y ese es nuestro reto… Seguir mejorando cada día.
5.Cuáles medidas, a su juicio, deberían adoptarse para enfrentar el problema?
El sistema penitenciario en su totalidad urge de nuevas edificaciones. En ese sentido tenemos proyectado la construcción de un gran centro correccional que operaría bajo el Modelo de Gestión, en Santiago, con capacidad para unos 1,500 internos.
Estamos actualmente trabajando de forma acelerada para habilitar un centro correccional de mujeres en Higuey y otro para menores en conflicto con la ley.
Pero también, estamos rescatando las instalaciones de lo que era la Ciudad del Niño, para crear ahí un centro para jóvenes en conflicto con la ley, en donde los mismos puedan ser rehabilitados, con programas y personal especializado.
Igualmente es necesario otro gran centro penitenciario para hombres en Santo Domingo.
Mientras tanto hemos instruido a realizar censos carcelarios, sobre todo en bajo el sistema tradicional, que nos permita verificar el estado judicial de muchos reclusos que tienen condenas cumplidas y están retenidos por la falta de pago de una fianza o de una multa que se le impuso junto a la condena.
En coordinación con el Poder Judicial, hemos estado realizando roles de audiencias con los jueces de Ejecución de la Pena de las diferentes jurisdicciones, para detectar esos casos y sobre todo seha exonerado el pago de la misma a envejecientes y personas con enfermedades crónicas. Otros, se les ha cambiado las multas por trabajo comunitarios y presentaciones periódicas, que es una forma también de descongestionar un poco, pero estamos conscientes, que no es suficiente. Tenemos una sobrepoblación por encima del 250% en el sistema tradicional de prisiones y es una situación que nos preocupa bastante, pero la hemos estado enfrentando con mucha decisión y voluntad.
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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado
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12 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.
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12 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
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12 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
