Análisis Noticiosos
Cárceles en América Latina, bodegas humanas
Período de siete años. Los países con mayor población penitenciaria son Brasil, México y Argentina
Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre adentro de las cárceles.
Saturación
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población.
En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018.
Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27 mil, la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833 mil 176 presos, mientras que en 2019 había 755 mil 247.
Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41 mil 977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3 mil 813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38 mil 718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97 860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81 mil 175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16 mil 685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16 mil 265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6.4%; este año, con 15 mil 141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36 mil 824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39 mil 642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39 mil 538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5 mil presos, según datos del gobierno.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89 mil 877 reos y solo tienen espacio para 41 mil 018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500%, como en el EP Callao.
En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25 mil 437 en 2016 a 26 mil 782 en 2017; para 2020 ya era de 27 mil 26; en 2022 era de 25 mil 711. Actualmente se cifra en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.
En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%; en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32 mil 200, cuando la capacidad máxima es de 20 mil 438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.
La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.
El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2 mil personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de Covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.
Los sentenciados y los que esperan
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana, suman 90%.
Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68 mil 294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador, o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.
México destaca en el rubro: Según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2 mil 499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos.
Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.
En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Los jefes de jefes
El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua –el que ejerce el control-”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tiene control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
¿Y la respuesta de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales)
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social sólo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.
El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece Listín Diario, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos,
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.