Análisis Noticiosos
Cárceles en América Latina, bodegas humanas
Período de siete años. Los países con mayor población penitenciaria son Brasil, México y Argentina
Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre adentro de las cárceles.
Saturación
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población.
En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018.
Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27 mil, la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833 mil 176 presos, mientras que en 2019 había 755 mil 247.
Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41 mil 977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3 mil 813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38 mil 718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97 860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81 mil 175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16 mil 685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16 mil 265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6.4%; este año, con 15 mil 141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36 mil 824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39 mil 642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39 mil 538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5 mil presos, según datos del gobierno.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89 mil 877 reos y solo tienen espacio para 41 mil 018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500%, como en el EP Callao.
En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25 mil 437 en 2016 a 26 mil 782 en 2017; para 2020 ya era de 27 mil 26; en 2022 era de 25 mil 711. Actualmente se cifra en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.
En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%; en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32 mil 200, cuando la capacidad máxima es de 20 mil 438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.
La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.
El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2 mil personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de Covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.
Los sentenciados y los que esperan
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana, suman 90%.
Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68 mil 294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador, o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.
México destaca en el rubro: Según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2 mil 499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos.
Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.
En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Los jefes de jefes
El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua –el que ejerce el control-”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tiene control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
¿Y la respuesta de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales)
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social sólo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.
El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece Listín Diario, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos,
El legendario casino y hotel Tropicana cierra para dar paso a la construcción en octubre del estadio de béisbol de los Atléticos
Los Ángeles.-Sammy Davis Jr. se convirtió en 1972 en el primer negro en poseer acciones de un hotel de Las Vegas. El famoso crooner y miembro del Rat Pack apostó entonces por el Tropicana, el casino que se convirtió en un habitual refugio para el grupo de artistas de los años sesenta liderados por Frank Sinatra en la desértica ciudad de Nevada. El célebre casino ha cerrado sus puertas esta semana tras 67 años de historia en el Strip. La demolición del complejo turístico comenzará en octubre. Entonces se dará inicio a la construcción de un estadio de béisbol para los Atléticos, un equipo que cambió Oakland (California) por la ciudad del pecado.
El Tropicana abrió sus puertas en 1957, cuando Las Vegas apenas tenía 100.000 habitantes. Hoy tiene 2,3 millones. Fue el tercer casino que comenzó a operar en la ciudad tras una inversión de 15 millones de dólares, la mayor hasta ese entonces. El edificio tenía 300 habitaciones distribuidas en tres niveles y dos alas. Aquella construcción era apenas un recuerdo de lo que hay hoy en el Strip, un inmenso complejo con dos torres asentado en 3,6 hectáreas que brindaban alojamiento a decenas de miles de turistas cada año en 1.500 habitaciones. Estas eran administradas desde finales de 2022 por Bally, una de las corporaciones más grandes de la industria.
LAS VEGAS – 1962: Entertainers and members of the Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford and Joey Bishop, pose for a portrait outside The Sands Hotel and casino in circa 1962 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
El crecimiento fue posible tras el cambio de manos entre varios dueños y con una inversión de varios miles de millones de dólares. Varias reformas se hicieron al hotel, que tenía en su entrada una icónica fuente con forma de tulipán que sostenía un neón con el nombre del sitio. En 1979 fue instalado un techo de cristal tintado de un millón de dólares sobre las mesas de juego. En los ochenta se acondicionaron mesas de blackjack en la piscina. El último rostro del Tropicana fue un rediseño para trasladar a los turistas a un lugar opuesto al desierto, al frondoso South Beach de las costas de Florida. Pero en sus últimos días, la vieja gloria del casino no podía apreciarse. A inicios del año podían verse ventanas quebradas y grietas en su fachada de yeso blanco.
Hay quienes consideran que el fin del Tropicana cierra un capítulo del antiguo Las Vegas. En los años sesenta, el hotel atrajo a celebridades como Elizabeth Taylor, Mel Tormé, Debbie Reynolds o Eddie Fisher, quien tuvo su primer espectáculo en la ciudad en ese escenario. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, conocidos popularmente como el Rat Pack, se dejaban ver frecuentemente en el lujoso hotel. El mundo pudo conocer el aspecto de las habitaciones gracias a James Bond. El espía encarnado por Sean Connery tuvo una suite en el complejo en Los diamantes son eternos (1971).
La historia del Tropicana no solo está unida a Hollywood. También tuvo vínculos con el mundo criminal de Chicago, Kansas City y Nueva York. Un atentado en contra de Frank Costello, el capo de la familia Luciano, puso a las autoridades sobre la pista del papel de la mafia en la operación de los primeros casinos de Las Vegas. La policía encontró en una bolsa de su abrigo una supuesta nota con los ingresos del Tropicana que debían ser lavados para hacerlos lícitos. El ataque ocurrió apenas semanas después de que el casino abriera sus puertas.
El atentado hizo que el FBI, la agencia de investigación estadounidense, llevara a cabo durante los años setenta una inmensa operación de vigilancia a los mafiosos, quienes ordeñaban ganancias de los casinos. Uno de estos fue Joe Agosto, quien llegó a la ciudad como productor del espectáculo Folies Bergere, un espectáculo topless con bailarinas de cabaret voladas directamente desde París. El show, ofrecido por el Tropicana, se convirtió en uno de los más longevos de la ciudad hasta su último show en 2009. Agosto lo utilizó para escalar posiciones dentro del hotel hasta convertirse en ejecutivo del grupo. Su tarea era enviar parte del dinero a la familia de Kansas City encabezada por el capo Anthony Civella.
Una de las grabaciones intervenidas por los agentes del FBI captó a Agosto presumiendo que tenía en el bolsillo a Harry Reid, el presidente de la Comisión estatal de Juego entre 1977 y 1981, y quien después se convirtió en un influyente senador demócrata hasta su muerte. Reid negó tajantemente las acusaciones y el gobernador de la época, Robert List, le creyó y lo dejó en el cargo.
La operación del FBI deshizo una estructura criminal que tenía tentáculos en la operación del casino. El caso llegó a los tribunales en 1981, dos años después de que el grupo hotelero Ramada se hiciera con el Tropicana. En julio de ese año fueron declarados culpables y sentenciados a 30 años a prisión a varios mafiosos de Kansas City que extrajeron miles de dólares de apuestas en un esquema permitido por los Teamsters, el sindicato de camioneros de Estados Unidos.
La casa de los Atléticos
El grupo Bally adquirió el Tropicana en 2022 por 148 millones de dólares. El grupo no ha desvelado a detalle los planes que tiene para el terreno de 14 hectáreas. Por el momento, seguirá pagando los 10 millones de dólares de renta anual al grupo inmobiliario que posee la tierra. No han descartado la construcción de un nuevo casino una vez que se concluya la edificación del estadio en 2028.
La nueva casa de los Atléticos de Oakland tendrá una capacidad para 33.000 aficionados. La construcción del estadio iniciará en abril de 2025 y tendrá un costo de 1.500 millones de dólares. El edificio ha provocado cierta polémica entre los habitantes de la ciudad, pues parte del gasto será costeado con dinero público. Los legisladores locales aprobaron el año pasado un fideicomiso que pretende aportar 380 millones de dólares al equipo que cambió la Bahía de San Francisco por el desierto de Nevada.
Los dueños de los Atléticos, conocidos simplemente como los A’s, dedicarán lo que resta del año a analizar y estudiar diseños para el futuro estadio. La Major League Baseball (MLB), la liga de béisbol profesional de Estados Unidos, aprobó la mudanza del equipo en noviembre pasado. Los A’s, inmortalizados en la cinta Moneyball (2011) con Brad Pitt, no llegan a una Serie Mundial desde 1990.
La desaparición del Tropicana dará paso a una nueva época de Las Vegas, la del oasis deportivo del Oeste estadounidense. Con la llegada de un equipo de la MLB, solo falta el aterrizaje de un equipo de baloncesto profesional para que la ciudad tenga un representante de los principales deportes del país. En el paisaje urbano donde hoy se percibe el casino puede apreciarse el Allegiant de los Raiders de fútbol americano, quienes también dejaron Oakland hace cuatro años, y la casa de los Golden Knights, el equipo de hockey profesional, quien logró el campeonato en 2023.
elpais.com
Tras los últimos golpes, las autoridades plantean que la mafia se ha atomizado y perdido su poder; los investigadores independientes defienden que es un monstruo agazapado con mucho arraigo en los barrios trabajadores al que le queda aún vida
México.- Es un día festivo, de esos de la larga y cálida primavera mexicana que recuerdan mucho al bochorno veraniego. Ciudad de México celebra el aniversario de Benito Juárez. La gente se echa a los bares, los parques, el campo. En un restaurante de quesadillas a los pies del Ajusco, una familia festeja el cumpleaños de un niño. La policía acecha: creen que están ante una reunión secreta de los cabecillas de la Unión Tepito, el cártel chilango que hizo suya la capital a base de sangre y extorsión. Contra su pronóstico, no es una cumbre criminal, solo un pícnic en familia.
Eduardo Ramírez, El Chori, al que los informes de inteligencia sitúan como el nuevo cabecilla de la Unión Tepito, está pasando el día sin su seguridad personal en un área recreativa del Ajusco. La policía espera, paciente: hay demasiada gente, corren el riesgo de que se desate un tiroteo que afecte a víctimas civiles. La familia termina de comer, se monta en el coche, pone rumbo a Ciudad de México. Los agentes intervienen en un punto entre la montaña y el parque de atracciones Six Flags.
Cuando lo detienen, El Chori llora. Él, hombre violento y temido en las calles del barrio bravo de Tepito; acusado de asesinato y pertenencia a una organización criminal; sospechoso de desaparecer a su novia, de la que nadie ha vuelto a saber nada desde 2019; uno de los cabecillas más crueles de la Unión, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se echa a llorar cuando la policía le echa el guante. Dice que se han equivocado de persona, que él importa zapatillas desde Panamá, que solo es un comerciante apegado a la ley. Los agentes no pestañean. Han agarrado a su presa.
Complicidad desde niños
El Chori, asegura la misma fuente, es un hombre extremadamente violento que se ha hecho un nombre a base de golpes, palizas, torturas, asesinatos, mutilaciones, extorsiones. Un repertorio alejado del de un comerciante de calzado. En el masivo mercado de Tepito, núcleo duro del cártel, le temen. Cuando la mafia lo envia a cobrar una extorsión, están mandando un mensaje: peligro, el asunto es grave, mejor no te atrases en tus pagos o ya te la sabes.
Las autoridades de la capital aseguran que la Unión Tepito es en estos días un cártel atomizado, dividido entre células independientes, sin un liderazgo claro. “Todos quieren subir, todos se sienten líderes”, explica la fuente. Aun así, son muy peligrosos, dice. En seis meses, cualquiera de sus cabecillas puede ascender en el escalafón criminal y hacerse fuerte. La estrategia policial es detenerlos antes de que eso ocurra, cortar las cabezas que sobresalgan en la organización. Pocos días después de la caída de El Chori, el sábado, la policía arrestó a otro lugarteniente de la Unión, José Mauricio Hernández Gasca, El Tomate, un escalón por debajo de El Chori en la jerarquía del grupo.
En sus 14 años como cronista de sucesos de la capital, el periodista Antonio Nieto ha cubierto más de 100 muertos relacionados con la Unión a pie de calle. Después de más de una década de investigación publicó El cártel chilango: Origen, poder y saña de la Unión Tepito (Grijalbo, 2020), la radiografía más completa que existe sobre ellos. El reportero discrepa con la policía. Cree que la versión oficial sobre la atomización de la mafia es un “relato simplista”.
“Es una mala interpretación de los medios y los organismos policiacos. Es cierto que el cártel ha perdido nivel de organización: si agarras las partes fuertes de un mismo cuerpo, claro que pega al sistema. Como una suerte de Al Qaeda o una organización terrorista, [la Unión] se divide en células, pero no están en confrontación. Nunca he documentado un solo caso en el que estas células se hayan querido matar por el poder”, afirma Nieto.
El periodista cree que las autoridades tienden a dar menos importancia a la Unión de la que en realidad tiene. Para él es un cártel en toda regla, con conexiones con otros grupos criminales a nivel nacional e internacional. Su fuerza, desarrolla, reside en una suerte de lealtad primitiva que pesa más que las luchas de poder. Son amigos del barrio que han crecido juntos y se cubren las espaldas: “Tienen complicidad desde niños, es difícil que esos lazos se rompan”.
—¿Y no es ese también un relato simplista?
—Sí, pero aquí la cuestión es que ese historial que tienen hace que conozcan a sus familias, conozcan exactamente de qué pie cojeas, dónde están tus hijos, tu amante, tu abuelo, tu mamá, so pena de que los acribillen. Aunque suena un poco a película de ficción, es algo que ha quedado documentado.
Historia de una unión
Hay un nombre protagonista en los comienzos: Pancho Cayagua. En 2009, Cayagua junta a un grupo de jóvenes del barrio y crea una especie de compañía de seguridad que protege a los comercios y clientes del mercado de Tepito contra la extorsión. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, escindido del Cártel de los Beltrán Leyva tras la captura del capo Arturo Beltrán Leyva, intenta crear su propia organización y penetrar en el barrio bravo. Los chavales de Cayagua frenan a La Barbie. En ese primer momento, llevan unas camisetas rojas, una suerte de uniforme casero, en las que se lee “Unión Tepito”.
Poco tiempo después, ese grupo creado para proteger al barrio contra la extorsión, obliga a todos los comercios a pagarles por la “seguridad”. Ahí empieza el negocio más rentable de la Unión, el derecho de piso. Ya no son solo chicos de Tepito: Cayagua atrae a policías y federales corruptos que se unen a sus filas, “todo lo que estaba mal en la policía”, resume la fuente. Se hacen grandes, poderosos, sanguinarios, diversifican sus negocios. En 2013, masacran a 13 jóvenes en la discoteca Heavens, en el corazón de la ciudad. Otro nombre empieza a sonar: El Betito.
Policías decomisan armas, mariguana y precursores de drogas sintéticas de la Unión en la alcaldía Cuauhtémoc, en octubre de 2019.
ARMANDO MONROY (CUARTOSCURO)
En 2017, en uno de los primeros grandes golpes contra la Unión, una organización rival acribilla a Cayagua. Unos 15 jóvenes del grupo original se organizan y dan un paso al frente. Se autodenominan “hermanitos”, “la hermandad”, ilustra Nieto. Como en las viejas mafias italianas, son capitanes: una jerarquía “estructurada de manera horizontal” en la que solo un nombre sobresale por encima del resto, el único jefe real: Roberto Moyado Esparza, El Betito.
Pocos años antes, El Betito era franelero y cuidaba coches en el barrio, dice la fuente conocedora de la investigación. Nieto añade que pertenecía a una banda de robo de camionetas blindadas y tenía un abultado historial delictivo. Caguaya contrata a él y a otros chicos para ser el grupo de choque de la Unión. Se hacen conocidos por su brutalidad: asesinatos, secuestros, descuartizaciones.
Tras la muerte de Cayagua, El Betito da el paso al frente. En 2018, la Unión sube los decibelios. Un día de septiembre, cinco sicarios disfrazados de mariachis irrumpen en la plaza Garibaldi, templo de la música popular chilanga, y en seis segundos acribillan a 13 personas. Seis mueren. Iban a por el líder de un grupo rival, Fuerza Antiunión. El Betito llevaba unas semanas detenido, pero pocos dudaron de que su mano estaba detrás de la masacre. Lleva desde entonces en una cárcel federal. Para Nieto, él es el verdadero capo de la Unión, a pesar de estar entre rejas.
Una imagen de Roberto Moyado Esparza, El Betito, en una conferencia de prensa tras su captura, en 2018.GALO CAÑAS RODRÍGUEZ (CUARTOSCURO)
Nieto tampoco cree que El Chori fuera el líder actual, sino Alberto Fuentes Castro, El Elvis: “El capitán de mayor jerarquía es El Elvis, que siempre estuvo más arriba que El Chori en el mundo criminal. Ni siquiera hay una foto suya: la foto que ha distribuido la Fiscalía es falsa, esa persona no es él. Te das cuenta del nivel de mafioso que tiene: han pasado 14 años de la fundacion de la Unión Tepito y ni los medios ni las autoridades tienen una foto suya”.
Con El Betito, el cártel se mete de lleno en el narcotráfico. Consiguen un distribuidor de cocaína en Colombia, que descarga el material en el sureste mexicano, pero cuando detienen al capo, pierden la conexión. Su principal negocio sigue siendo la extorsión —entre 4.000 y 5.000 pesos por semana a cada comercio, de acuerdo con la fuente—, pero El Betito quiere expandirse, abarcar toda la ciudad: va a los bares y antros de la Roma, la Condesa, Polanco, Coyoacán, se “asocia” con los dueños: coloca a uno de sus hombres vendiendo su producto en el baño. Si alguien consume droga de fuera, paliza. La corrupción policial les echa un cable. Todos se lucran.
Perfil bajo, extorsión y arraigo en los barrios
Venden coca, pero también lo que llaman “droga de boutique”: marihuana hidropónica, tutsi (un polvo rosa que lo revienta entre los consumidores adinerados). Otros cárteles de fuera, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentan penetrar en la ciudad, pero la Unión se hace fuerte en su feudo. “Una mafia urbana se comporta muy distinto a un grupo no prioritariamente urbano. Cuando grandes grupos como el CJNG o Sinaloa se inmiscuyen en áreas urbanas bajan el perfil. La Unión está imbuida en el monstruo urbano, toma otras formas delictivas que le permiten consolidar su presencia pero no ser necesariamente visibles”, apunta Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, que cree que la Unión Tepito se mantiene como el grupo “más dominante” en Ciudad de México.
Peña menciona otros factores que han ayudado a la Unión a conservar su poder: “La gentrificación que ha ocurrido en el barrio tiene que ver con una forma distinta de entender el mercado, y ahí participa también el grupo criminal: ya no se roba, ya no se secuestra, pero sí sabemos que la extorsión ha aumentado”. El cobro de piso, para el investigador, es el principal recurso de los de Tepito: “Es fundamental, se convierte en una especie de dispositivo político: les permite marcar presencia, construir una identidad de grupo, consolidar una idea de territorialidad que para los grupos criminales suele ser muy importante, y les da un perfil relativamente bajo”. En la capital, recuerda Peña, hay una “gran bajada de los delitos de alto impacto (en el caso homicidios hay un debate importante), pero uno de los pocos delitos que ha subido es la extorsión por este tipo de prácticas”.
Entonces, ¿es la Unión Tepito un grupo en decadencia y atomizado, como defienden las autoridades, o un monstruo en la sombra que conserva su fuerza? “Ahora está en ese punto suspensivo de quedarse clavado en su zona de comfort, pero lastimosamente para las autoridades y la ciudadanía, una vez que se agazapó, no parece haber un final agarren a quien agarren. Le cortan una cabeza a la hidra y le salen otras. No parece que a corto plazo podamos presumir el fin de la Unión”, considera Nieto.
El periodista añade otro factor: muchos adolescentes que crecen en colonias trabajadoras como la Morelos, la Guerrero o la Santa María la Ribera aspiran a ser de la Unión. “Un pedazo de la cultura barrial de la subcultura en Ciudad de México está pegada a este grupo delictivo. Esto hace que tengan mucha carne de cañón, que tengan muchos soldados. Es muy difícil que la autoridad pueda arrancar eso de cuajo”.
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El Gobierno de Gustavo Petro proyecta adjudicar tres contratos que suman 1.817 kilómetros de vías férreas en los próximos años
Bogotá.-El Gobierno de Gustavo Petro quiere cumplir el anhelo de Aureliano Triste en Cien Años de Soledad. Al igual que muchos colombianos, uno de los hijos de Aureliano Buendía soñó con que un tren llegara a su pueblo aletargado y lo revolucionara con los últimos inventos de la época, la oportunidad de viajar y la promesa del progreso. Pero en la realidad los trenes no fueron eternos y, tanto en el ficticio Macondo como en muchos pueblos de Colombia, sus ruinas quedaron como un recuerdo de anhelos incumplidos. Ahora, el Ejecutivo promete recuperar una vieja red de 3.533 kilómetros —solo 1.074 están operativos— y llevarla hasta 5.400 para 2050. “El tren amarillo [de Macondo] (…) vuelve con la certeza del cambio, la innovación y el progreso”, ha anunciado esta semana el Ministerio de Transporte.
Esplendor y decadencia
La mayor parte de la red ferroviaria de Colombia se construyó entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando los aviones y las carreteras no existían o no tenían la importancia actual. Las locomotoras posibilitaron que regiones montañosas como Cundinamarca, Antioquia o Santander pudieran sacar sus productos con mayor facilidad al río Magdalena, que conecta el interior del país con el Mar Caribe y por siglos fue el eje del comercio. Los años veinte trajeron el mayor esplendor: las redes, manejadas por las regiones, se extendieron con el financiamiento de los préstamos internacionales por el auge del café y de una parte de la indemnización que Estados Unidos pagó por la pérdida de Panamá.
Fernando Rey, ingeniero civil que fue parte de la compañía estatal, señala en una conversación teléfonica que los recursos comenzaron a escasear a medida que los transportadores se consolidaron como un actor capaz de ejercer presión para priorizar las carreteras. Esto se sumó a las dificultades que siempre habían enfrentado los trenes en Colombia: el desafío topográfico de los Andes y la falta de articulación con otros modos de transporte. La medida del ancho de las vías que utilizó el país por su topografía, además, fue quedando obsoleta y dificultó la llegada de nuevos trenes. El Estado liquidó Ferrocarriles Nacionales en 1991 y la reemplazó por Ferrovías, que operó a través de concesiones y cerró en 2003.
Remanentes
Solo quedan tres corredores operativos en la red estatal. El único exitoso es el del tren carbonero entre Chiriguaná y Santa Marta, concesionado a la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco): tiene 246 kilómetros y movilizó 30,9 millones toneladas de carga en 2023, según datos del Gobierno. Después, sigue el corredor central La Dorada-Chiriguaná, que tiene 521 kilómetros y transportó 182.000 toneladas y 59.815 pasajeros en el mismo año. Finalmente, el tramo de 257 kilómetros entre Bogotá y Belencito (Boyacá) registró 23.000 toneladas en 2023 y 424.000 pasajeros, los cuales se dividen entre los 410.000 de una ruta a las universidades de la sabana que rodea a la capital, y los 14.000 de un tren navideño. Existe, además, un trayecto de 150 kilómetros entre la mina de carbón del Cerrejón y Puerto Bolívar (La Guajira), pero es privado y no es parte de la red.
El Ejecutivo celebra en estos días que los volúmenes de La Dorada-Chiriguaná han aumentado un 104% con respecto a las 89.000 toneladas de 2022. Esto, según los expertos, evidencia una mayor confianza de los inversores de que el Gobierno apostará por los trenes. Solo entre enero y febrero de este año ya se han transportado 9.000 toneladas entre Bogotá y Belencito (más de un tercio de todo lo transportado en 2023). Sin embargo, son cifras marginales en comparación a los 30,9 millones del exitoso tren carbonero de Feneco.
Reactivación
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Petro, aprobado a principios del año pasado, incluye la recuperación de las vías férreas como una de sus prioridades. Se contemplan proyectos en todo el país: desde trenes de cercanías en Bogotá, Cali y el Eje Cafetero, que se vienen trabajando desde años anteriores, hasta tramos más largos que lleguen al Catatumbo, Medellín, el Golfo de Urabá, Girardot y Barrancabermeja. Según el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, la meta de este cuatrienio es adjudicar tres contratos que suman 1.817 kilómetros: la nueva concesión de La Dorada-Chiriguaná y dos tramos que vayan desde Bogotá y Buenaventura a la red central.
El ministro de Transporte, William Camargo, informó el jueves que hay un presupuesto ferroviario de 30 billones de pesos (unos 7.700 millones de dólares) para los próximos años. Hasta ahora, se han invertido 464.000 millones de pesos (alrededor de 120 millones de dólares) en cinco contratos que incluyen labores de conservación en las vías del Pacífico, la modernización de Bogotá-Belencito, el mantenimiento de La Dorada-Chiriguaná y los estudios de prefactibilidad de concesiones previstas para este cuatrienio. “Buscamos una disminución de los costos logísticos del 26%. Transportar un contenedor al exterior desde Bogotá a los puertos del Caribe puede llegar a costar cerca de 2.450 dólares, pero con los ferrocarriles ese costo bajaría a 1.800 aproximadamente”, explicó el ministro durante una rueda de prensa.
Aunque faltan años para que cualquiera de los nuevos tramos vea la luz, el Gobierno ya ha desplegado una campaña en redes sociales con el hashtag #VuelveElTren. Una parte central ha sido un documental, La Colombia del Tren, que apunta directo a la nostalgia. “La primera vez que monté uno tenía como 12 años y mi papá me llevó desde la estación de La Laguna hasta Chiquinquirá a traer maíz y miel”, dice un hombre. “Fue nuestro primer parque. Aquí veníamos a jugar, veníamos a ver al tren pasar”, comenta una mujer. “Es un gran sueño que quiero volver a tener… para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y que quiero que mis hijos y mis nietos sientan también”, agrega otro testimonio.
Mauricio Becerra, director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Rosario, señala en una videollamada con este periódico que los ferrocarriles siempre han tenido un significado “muy cultural”. “Los mayores se acuerdan de la llegada del tren… de que traía desarrollo, traía crecimiento y traía productos”, subraya. En ese sentido, siempre han sido “un caballito de batalla electoral” y la idea de recuperarlos ha tenido buena recepción en la ciudadanía. En el caso de Petro, además, se vincula directamente con la idea de un país en proceso de industrialización. “No pueden verse como cosas aisladas. El tema del transporte es 100% logístico… refiere a cómo agregar valor a los productos y hacerlos llegar más rápido”, resalta.
Proyecciones
El profesor de la Universidad del Rosario considera que los anuncios del Ejecutivo son positivos y que es posible avanzar si se imitan experiencias europeas de fuertes inversiones estatales y se forman alianzas público-privadas. El desafío, sin embargo, está en que las próximas administraciones mantengan los proyectos. “En cuatro años no se va a lograr avanzar demasiado… tendría que estar pensado a largo plazo, en fases, y en cabeza de gobiernos regionales”, añade Becerra. Asimismo, puede haber más dificultades que en Europa para incentivar el transporte de pasajeros: las distancias en Colombia son mayores y eso complica la competencia contra los aviones, en especial si no se cuenta con los costosos trenes de alta velocidad.
Rey, por su parte, enumera varios puntos positivos sobre recuperar los ferrocarriles. Explica que son más eficientes con cargas muy pesadas a largas distancias, que tienen un menor impacto ambiental, que son más seguros y que son más cómodos. Es crítico con los Gobiernos anteriores porque considera que los descuidaron. Por eso, valora que la Administración actual quiera “revitalizarlos”. “Ahora lo que hay que hacer es llamar la atención al Gobierno para que le boten toda la carga que se pueda a los trenes, en todos los sitios”, comenta. “No se trata de acabar con el transporte automotor. Deben integrarse, hay que tener una visión de mediano y largo plazo de crear empresas que operen trenes, camiones y buques”.
Dimitri Zaninovich, exdirector de la ANI durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, también celebra los anuncios y menciona que habrá desafíos más allá de la infraestructura, como convencer a nuevos usuarios, aumentar la carga y articular el sistema con los camiones. Asimismo, recuerda que las administraciones anteriores también tuvieron interés —la de Álvaro Uribe, por ejemplo, reinauguró el tramo Bogotá-Belencito en 2003—. “Hay que reconocer que este Gobierno tiene una apuesta por los trenes, pero están recibiendo muchas estructuraciones que llevaban tiempo haciéndose”, subraya por teléfono. Para él, ahora se puede avanzar con los ferrocarriles porque antes se satisficieron otras prioridades. “Ya hemos hecho una inversión enorme con carreteras de Cuarta Generación (4G) en los principales corredores. Era difícil pensar en el tren si no tenías eso resuelto”, añade.
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