Santo Domingo.- Una prórroga de cuatro meses solicitó el Ministerio Público ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, para terminar y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y otros implicados en la presunta estructura criminal de corrupción del Caso Cobra, imputados de sustraer más de RD$15 mil millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Un representante de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó ayer martes la solicitud de prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar la acusación contra los imputados del caso Cobra por el presunto desfalco de más de RD$15 mil millones en SeNaSa.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que podría haber nuevos implicados en el caso, por lo que el órgano acusador continúa profundizando las investigaciones del caso Senasa desmantelada mediante operación Cobra.

Santo Domingo.- Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), reveló la inmensa magnitud de las pesquisas en torno al presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al informar que un equipo especializado se encuentra inmerso en el exhaustivo análisis de 16,800 cajas de documentos resultantes de recientes allanamientos.

Al detallar el alcance operativo de las investigaciones, el procurador adjunto explicó que «el Senasa como Seguro Nacional de Salud fue golpeado por tres estructuras» y advirtió que los nuevos hallazgos «pudieran implicar un Senasa 2.0 como se conoce popularmente o incluso un Senasa 3.0″, durante su intervención técnica en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sobre la colosal tarea de escudriñar la evidencia, el magistrado precisó que «un allanamiento que nosotros hicimos produjo unas 16,800 cajas de documentos que el Ministerio Público analiza en este momento» con el objetivo prioritario de identificar a todos los involucrados en las redes criminales que defraudaron a la institución gubernamental.

Agregó que a partir de estos datos «pueden aparecer otras personas y se vinculen en consecuencia a las otras versiones de este caso que sean necesarias presentar en los tribunales«.

Finalmente, el funcionario judicial justificó los plazos requeridos para estas pesquisas, argumentando que «es evidente que analizar una cantidad de información de esta naturaleza necesita que el Ministerio Público ocupe una dimensión de tiempo que no suele ser lo regular«, pidiendo comprensión ante la complejidad y el rigor que demanda un expediente con tal volumen probatorio.

En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, participaron Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, Wilson Camacho, Procurador Adjunto y Director General de Persecución del Ministerio Público y Osvaldo Bonilla, Procurador Adjunto y Director de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos.

También estuvo Iván Félix, Procurador Adjunto y Director del Proyecto G5 (Transformación Tecnológica en las Investigaciones y el Sistema Nacional de Atención), María Rosalaba Díaz, Directora del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, Isaura Suárez Salcedo, Directora de Cámara del Ministerio Público y Panky Corcino, Director de Prensa y Comunicaciones.

Santo Domingo.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional comenzó este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias “Jochi Gómez” y los demás imputados en el denominado caso Camaleón.

El proceso llega a la etapa de juicio de fondo luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera la acusación presentada por el Ministerio Público y dictara apertura a juicio contra los encartados.

De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Beras al frente del Intrant se habría estructurado una red destinada a defraudar al Estado, lavar activos y propiciar la colusión de funcionarios públicos, mediante el uso de supuestas empresas de fachada para desviar recursos estatales.

Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar realizó modificaciones a la acusación presentada originalmente y mantuvo los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.

Sin embargo, fueron excluidas las imputaciones de terrorismo y contrabando que habían sido formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al determinarse la existencia de inconsistencias técnicas en su planteamiento.

El juicio permitirá al tribunal conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las partes, así como los argumentos de las defensas, para determinar la responsabilidad penal o no de los acusados en los hechos que les atribuye la acusación.

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