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Opinión

Carta a la Procuradora General de la República

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Por Narciso Isa Conde

Apreciada Magistrada:

Reiterándole mi convicción de que nuestro pueblo cuenta con una Procuradora General de la República de su más alta valoración y su plena confianza, y luego de esperar durante 10 meses la reacción de la entidad que usted encabeza sobre la canalización por la vía de la justicia penal del caso relacionado  con el acto de compra y venta fraudulenta de las acciones de BANINTER en ANTENA LATINA Y ANTENA 21, ejecutado a raíz de la declaración en quiebra del Banco Interamericano (Baninter), le solicito encarecidamente la información  correspondiente, por demás merecida, sobre la decisión adoptada al respecto y sobre el actual nivel de la investigación solicitada, si es que esa entidad ha considerado pertinente hacerla.

Quien suscribe esta carta, junto a mis compañeros Raúl Guerrero,  Rafael Feliz y Félix Tejeda (recientemente fallecido), interpusimos el 9 julio del 2013 una demanda de nulidad por la vía de la justicia civil, todavía pendiente del fallo definitivo de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; proceso iniciado a través de Tercera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.

Siete años después, dados los significativos cambios operados en la PGR, decidimos canalizar nuestra denuncia por la vía penal.

 En tal virtud, el 23 de octubre del 2020 -acompañado del compañero Rafael Feliz- le entregué personalmente un voluminoso dossier, que al entender de nuestros abogados, reúne méritos suficientes para abrir la investigación penal (Ver carta adjunta depositada junto a toda la documentación pertinente).

Reconozco que es mucha –y hasta abrumadora- la carga asumida por esa PGR, y poca la ayuda estatal para satisfacer la demanda de esta sociedad saturada de impunidad. Pero entiendo, que en tanto se trata de un caso señero de corrupción empresarial, en el que abundan evidencias y documentación consistente de una determinada modalidad de asociación delictiva estatal-privada, el caso merece ubicarse entre las prioridades de esa alta instancia del Ministerio Público, a todas luces interesada en dar pruebas de que en materia de justicia no debe haber “vacas sagradas”.

Además, nos preocupa que la acción de justicia se vea impedida a corto plazo, dada la prescripción que impone el hecho de que el contrato de compra y venta cumpliría 10 años en agosto del 2022. Urge, pues, apreciada Magistrada Germán, tomar decisión al respecto.

Agradeceremos  la información solicitada, cuanto antes mejor. 

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Opinión

Masacre en el Masacre

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Por Narciso Isa Conde

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

El Masacre se pasa a pié.

Hubo una vez masacre en el Masacre: 1937,

¿Más cambios?
¿Más cambios?
…masacre por simplemente cruzarlo a pié.

A pié y descalzo,

Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
…con estampa africana y mochilas cargadas de pobreza y sufrimientos coloniales.

Negros, negras, negritos y negritas, empobrecidos, a pie…

Infantes nutridos de tierra y lombrices…

Mujeres barrigonas y no por obra y gracia del espíritu santo,

…acosadas, arrestadas, deportadas,

…abandonados.

No han cesado desde entonces la masacre por cruzar el Masacre…

…gota a gota a gota de sangre y de dolor.

¡Cuánto dolor y por tanto tiempo!

¡Cuántas lágrimas amargas por cruzar el Masacre a pié!

No se detiene el calvario de esclavos y esclavas libertas.

Siguen sometidos/as al cruel aprecio y desprecio de la esclavitud del capital y el coloniaje “modernizado”.

No cesa el nuevo e infernal apartheid.

Continúan obligados a ser propiedad ilegalizada.

Seres humanos apropiados y perseguidos a la vez.

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

¡Todavía!

85 años después.

¡Racismo a granel!

Cuidado, cuidado…

¡Mucho cuidado!

Que andan sueltos y ajitos de odios, vestidos de patriotas!

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Opinión

La coherencia diplomática

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Por Miguel Guerrero

La anunciada y pendiente decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la sede de la embajada dominicana a Jerusalén, donde funcionó desde su instalación hasta 1980, sería una medida coherente con la diplomacia que la nación ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en particular con la nación hebrea.

Desde la creación del estado judío, en virtud de una resolución adoptada por Naciones Unidas en 1947, las naciones que votaron a favor de ella instalaron su sede en la capital histórica israelí. La resolución fue adoptada en noviembre de 1947en un esfuerzo de la comunidad internacional para solucionar el creciente conflicto entre árabes y judíos en la zona de Palestina, con la aprobación a favor de crear allí dos estados, un judío y otro árabe palestino.

Los primeros crearon el suyo, el 14 de mayo siguiente, tras la salida de las tropas británicas, el último poder colonial en la región. Los palestinos se negaron y con el respaldo de la Liga Árabe, financiada por los británicos y dirigida por un general inglés, y varios países vecinos árabes, intentaron abortar la creación de Israel agravando un conflicto que dura hasta hoy.

En las guerras formales posteriores, la de 1966, la del Iom Kippur, y en las llamadas intifadas, Israel ha logrado sobrevivir y crecer convirtiéndose en una potencia económica y científica regional a pesar de sus escasos recursos económicos, incomparables con las enormes posesiones petroleras de los estados árabes beligerantes que le rodean y le hostigan permanentemente.

Hoy todo parece estar cambiando y por lo menos varios estados árabes han establecido ya vínculos con Israel y varias naciones, incluyendo Estados Unidos han anunciado el trasladado de su sede a Jerusalén, las cuales la habían movido por presiones árabes después de la guerra del Iom Kippur. La decisión no cumplida todavía de Abinader es correcta y coherente con la diplomacia dominicana tras la Segunda Guerra mundial.

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Opinión

Haití: tragedia allá y aquí

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Pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Se sabe bien que Haití experimenta un proceso de deterioro económico, político y social profundo y continuo. La culpabilidad va a una larga historia de explotación externa e interna que cada día importa menos, porque, aunque los problemas abundan en el mundo, en muchos países se han logrado avances, no retrocesos constantes como en Haití.

Allá no hay una economía ni un gobierno funcional, las condiciones de vida de la inmensa mayoría son espantosas, y, ante la falta de gobierno, las pandillas compiten violentamente por control del territorio.

Es entendible pues que la mayoría de los haitianos quiera emigrar. En la República Dominicana, donde las condiciones de vida son significativamente mejores, mucha gente también quiere emigrar.

Desde siempre, la República Dominicana ha promovido un sistema económico de superexplotación de la fuerza de trabajo.

El éxodo de dominicanos al exterior y a las ciudades dominicanas fue vaciando el campo y la mano de obra dominicana fue reemplazada por inmigrantes haitianos. Antes de 1980 era solo en el azúcar; luego en toda la agricultura. Hoy los inmigrantes haitianos cultivan la mayoría de los alimentos que consumimos y exportamos.

Lo mismo sucede con la construcción, un sector que busca mano de obra dispuesta a trabajar por bajos salarios, en horarios largos y de gran exposición al sol. El boom del sector construcción de los últimos 40 años se ha fundamentado en el uso de mano de obra haitiana.

Por más explotados que sean aquí, las condiciones de vida en Haití son tan deplorables, que prefieren venir. Y por más rechazados que los haitianos sean aquí, muchos empresarios dominicanos se han hecho adictos a esa mano de obra barata y sin derechos.

Así se fue gestando el desastre migratorio aquí.

La fórmula dominicana ha sido emplear los haitianos y siempre negarles derechos de residencia. El discurso de rechazo hacia esos inmigrantes es esencial para mantener ese sistema de explotación. Es una fórmula económica y política perversa, independientemente de cuán mal vivirían los haitianos en su país si estuvieran allá.

La Constitución de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 establecieron en la legislación dominicana la imposibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929 sean dominicanos (la Ley 169-14 logró la excepción para un pequeño grupo que había recibido acta de nacimiento antes de 2010).

O sea que, en la República Dominicana, mientras la economía siga demandando mano de obra barata haitiana sin derechos, seguirá creciendo la cantidad de descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados que han nacido aquí, pero nunca podrán tener derechos legales para vivir aquí.

Ni el muro ni las marchas resuelven eso, ni mucho menos el discurso seudo patriótico que ha servido siempre de soporte ideológico a la superexplotación de la fuerza laboral haitiana en la República Dominicana.

Quienes verdaderamente amen este país deberían pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Es tragedia de lado y lado

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