Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Más Noticias
Casi 10,000 soldados protegen frontera con Haití
“Una frontera descuidada, con escasa vigilancia y puestos militares mal equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró Díaz Morfa.
Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Esta fuerte presencia militar en los bordes limítrofes entre los dos países ha sido ordenada por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de la Defensa, quien ha explicado que los cuerpos armados manejan y mejoran las acciones para controlar el tráfico ilícito de personas, mercancías y drogas.
“La anticuada idea de una región fronteriza descuidada, con escasa vigilancia, a cargo de puestos militares pobremente equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró ayer el más alto rango militar del país.
El ministro Díaz Morfa reveló que la vigilancia en la frontera está a cargo de 8,672 miembros del Ejército, a los que ahora se han sumado 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 702 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, y 120 especialistas de inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El grueso de los 9,748 desplegados a través del cordón divisorio entre Haití y República Dominicana lo componen oficiales, soldados y asimilados, todos parte del dispositivo de seguridad y defensa de las fronteras terrestre y marítima.
La Armada Dominicana tiene dos comandancias de Puerto, Manzanillo y Cabo Rojo, con 82 soldados y oficiales. La Fuerza Aérea, que forma parte de las labores de control de la frontera terrestre, tiene un destacamento y un pequeño aeropuerto en Cabo Rojo, y otro en Dajabón, con un personal de 83 miembros y tres aeronaves para patrullaje.
Mientras tanto, los cruces fronterizos y sus entornos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, están bajo vigilancia de 702 soldados del Cesfront. El Cuerpo de Seguridad de los Puertos tiene una instalación en Manzanillo y otra en Cabo Rojo, con 18 miembros.
Hay 128 unidades motorizadas, incluyendo 18 vehículos para patrullaje en terrenos de alta dificultad; 145 sistemas de cámaras de vigilancia, y 52 puestos militares sobre la frontera. Regularmente se despliegan 24 retenes en las rutas formales e informales que hacen movimientos de ubicación para conservar el factor sorpresa.
Un conjunto de ocho fuerzas de tarea conjunta e interagencias en la zona de Enriquillo, Vicente Noble, Los Pilones, Jicomé, Estero Hondo, Copey, y las gestiones coordinadas de frontera en Carrizal y Jimaní, mantienen la estrategia vigente de seguridad fronteriza.
El sistema visual de vigilancia está conectado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Seguridad-C5i para monitoreo, en tiempo real, de todos los movimientos en los cruces de frontera, puestos militares, retenes, rutas informales y otros medios.
El teniente general Díaz Morfa ha informado del desarrollo de una estrategia para vigilar los cruces informales que son detectados en zonas escarpadas y de difícil circulación, con frecuencia utilizados como rutas para burlar la vigilancia.
Para el ministro de Defensa, el resguardo de la franja fronteriza constituye una de las prioridades de su Ministerio, sus cuerpos armados y unidades especializadas, siendo uno de los ejes principales de su plan estratégico vigente, aprobado por el Estado Mayor General para el periodo 2021-2024.
“La sociedad dominicana puede estar segura”, declaró Díaz Morfa, “de que las Fuerzas Armadas, especialmente las unidades apostadas en la frontera, están muy atentas a su misión”.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.