Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Más Noticias
Casi 10,000 soldados protegen frontera con Haití
“Una frontera descuidada, con escasa vigilancia y puestos militares mal equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró Díaz Morfa.
Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Esta fuerte presencia militar en los bordes limítrofes entre los dos países ha sido ordenada por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de la Defensa, quien ha explicado que los cuerpos armados manejan y mejoran las acciones para controlar el tráfico ilícito de personas, mercancías y drogas.
“La anticuada idea de una región fronteriza descuidada, con escasa vigilancia, a cargo de puestos militares pobremente equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró ayer el más alto rango militar del país.
El ministro Díaz Morfa reveló que la vigilancia en la frontera está a cargo de 8,672 miembros del Ejército, a los que ahora se han sumado 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 702 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, y 120 especialistas de inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El grueso de los 9,748 desplegados a través del cordón divisorio entre Haití y República Dominicana lo componen oficiales, soldados y asimilados, todos parte del dispositivo de seguridad y defensa de las fronteras terrestre y marítima.
La Armada Dominicana tiene dos comandancias de Puerto, Manzanillo y Cabo Rojo, con 82 soldados y oficiales. La Fuerza Aérea, que forma parte de las labores de control de la frontera terrestre, tiene un destacamento y un pequeño aeropuerto en Cabo Rojo, y otro en Dajabón, con un personal de 83 miembros y tres aeronaves para patrullaje.
Mientras tanto, los cruces fronterizos y sus entornos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, están bajo vigilancia de 702 soldados del Cesfront. El Cuerpo de Seguridad de los Puertos tiene una instalación en Manzanillo y otra en Cabo Rojo, con 18 miembros.
Hay 128 unidades motorizadas, incluyendo 18 vehículos para patrullaje en terrenos de alta dificultad; 145 sistemas de cámaras de vigilancia, y 52 puestos militares sobre la frontera. Regularmente se despliegan 24 retenes en las rutas formales e informales que hacen movimientos de ubicación para conservar el factor sorpresa.
Un conjunto de ocho fuerzas de tarea conjunta e interagencias en la zona de Enriquillo, Vicente Noble, Los Pilones, Jicomé, Estero Hondo, Copey, y las gestiones coordinadas de frontera en Carrizal y Jimaní, mantienen la estrategia vigente de seguridad fronteriza.
El sistema visual de vigilancia está conectado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Seguridad-C5i para monitoreo, en tiempo real, de todos los movimientos en los cruces de frontera, puestos militares, retenes, rutas informales y otros medios.
El teniente general Díaz Morfa ha informado del desarrollo de una estrategia para vigilar los cruces informales que son detectados en zonas escarpadas y de difícil circulación, con frecuencia utilizados como rutas para burlar la vigilancia.
Para el ministro de Defensa, el resguardo de la franja fronteriza constituye una de las prioridades de su Ministerio, sus cuerpos armados y unidades especializadas, siendo uno de los ejes principales de su plan estratégico vigente, aprobado por el Estado Mayor General para el periodo 2021-2024.
“La sociedad dominicana puede estar segura”, declaró Díaz Morfa, “de que las Fuerzas Armadas, especialmente las unidades apostadas en la frontera, están muy atentas a su misión”.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
Según Comprés, uno de los reclusos involucrados se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Moca, mientras que los otros dos fueron dados de alta tras recibir atención médica.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
El caso también resalta la falta de control por parte de los agentes penitenciarios, quienes, según Comprés, podrían estar involucrados en el tráfico de drogas dentro del penal.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Según informes, el gasto mensual en drogas dentro de este centro podía superar los 15,000 a 20,000 pesos, lo que sometía a las familias de los reclusos a una constante presión y chantaje.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Tal y como el presidente Luis Abinader recomendó en su proyecto que declaró “la necesidad” de una reforma constitucional, esta pieza legislativa varió la ley para adicionar al presidente del Tribunal Constitucional (TC) a la lista de integrantes del CNM.
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El abogado electo deberá ser favorecido con al menos cinco votos del pleno.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.