Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Más Noticias
Casi 10,000 soldados protegen frontera con Haití
“Una frontera descuidada, con escasa vigilancia y puestos militares mal equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró Díaz Morfa.
Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados.Esta fuerte presencia militar en los bordes limítrofes entre los dos países ha sido ordenada por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de la Defensa, quien ha explicado que los cuerpos armados manejan y mejoran las acciones para controlar el tráfico ilícito de personas, mercancías y drogas.
“La anticuada idea de una región fronteriza descuidada, con escasa vigilancia, a cargo de puestos militares pobremente equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró ayer el más alto rango militar del país.
El ministro Díaz Morfa reveló que la vigilancia en la frontera está a cargo de 8,672 miembros del Ejército, a los que ahora se han sumado 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 702 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, y 120 especialistas de inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
El grueso de los 9,748 desplegados a través del cordón divisorio entre Haití y República Dominicana lo componen oficiales, soldados y asimilados, todos parte del dispositivo de seguridad y defensa de las fronteras terrestre y marítima.
La Armada Dominicana tiene dos comandancias de Puerto, Manzanillo y Cabo Rojo, con 82 soldados y oficiales. La Fuerza Aérea, que forma parte de las labores de control de la frontera terrestre, tiene un destacamento y un pequeño aeropuerto en Cabo Rojo, y otro en Dajabón, con un personal de 83 miembros y tres aeronaves para patrullaje.
Mientras tanto, los cruces fronterizos y sus entornos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, están bajo vigilancia de 702 soldados del Cesfront. El Cuerpo de Seguridad de los Puertos tiene una instalación en Manzanillo y otra en Cabo Rojo, con 18 miembros.
Hay 128 unidades motorizadas, incluyendo 18 vehículos para patrullaje en terrenos de alta dificultad; 145 sistemas de cámaras de vigilancia, y 52 puestos militares sobre la frontera. Regularmente se despliegan 24 retenes en las rutas formales e informales que hacen movimientos de ubicación para conservar el factor sorpresa.
Un conjunto de ocho fuerzas de tarea conjunta e interagencias en la zona de Enriquillo, Vicente Noble, Los Pilones, Jicomé, Estero Hondo, Copey, y las gestiones coordinadas de frontera en Carrizal y Jimaní, mantienen la estrategia vigente de seguridad fronteriza.
El sistema visual de vigilancia está conectado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Seguridad-C5i para monitoreo, en tiempo real, de todos los movimientos en los cruces de frontera, puestos militares, retenes, rutas informales y otros medios.
El teniente general Díaz Morfa ha informado del desarrollo de una estrategia para vigilar los cruces informales que son detectados en zonas escarpadas y de difícil circulación, con frecuencia utilizados como rutas para burlar la vigilancia.
Para el ministro de Defensa, el resguardo de la franja fronteriza constituye una de las prioridades de su Ministerio, sus cuerpos armados y unidades especializadas, siendo uno de los ejes principales de su plan estratégico vigente, aprobado por el Estado Mayor General para el periodo 2021-2024.
“La sociedad dominicana puede estar segura”, declaró Díaz Morfa, “de que las Fuerzas Armadas, especialmente las unidades apostadas en la frontera, están muy atentas a su misión”.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
En ese entonces, la empresa detalló que no usaba combustibles ni productos para reciclar plásticos que pudieran provocar la explosión en San Cristóbal. Además, indicaron que en el lugar solo quedaba material plástico y que no había nada que pudiera provocar la explosión.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Durante las horas de protesta se presenció un ambiente marcado por la tensión, la presencia polical, neumáticos incendiados y obstáculos en algunas vías.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Los hechos ocurrieron el viernes 3 de julio de este año, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Este lunes el presidente Luis Abinader designó, por medio del decreto 558-26, a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la entidad.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Como parte de su formación académica, el ex director de la Policía Nacional realizó una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, diplomados en liderazgos, derechos humanos, investigación criminal, seguridad estratégica, gestión institucional y liderazgo transformacional.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.