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Casi 10,000 soldados protegen frontera con Haití

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“Una frontera descuidada, con escasa vigilancia y puestos militares mal equipados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró Díaz Morfa.

Santo Domingo, RD.-Un poderoso componente de 9,748 miembros de los cuerpos castrenses domini­canos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, inclu­yendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligen­cia del Estado Mayor Con­junto que tienen, entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocu­mentados.

Esta fuerte presencia mi­litar en los bordes limítrofes entre los dos países ha sido ordenada por el teniente ge­neral Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de la Defen­sa, quien ha explicado que los cuerpos armados mane­jan y mejoran las acciones para controlar el tráfico ilíci­to de personas, mercancías y drogas.

“La anticuada idea de una región fronteriza des­cuidada, con escasa vigi­lancia, a cargo de puestos militares pobremente equi­pados e incomunicados, es cosa del pasado”, aseguró ayer el más alto rango mili­tar del país.

El ministro Díaz Morfa reveló que la vigilancia en la frontera está a cargo de 8,672 miembros del Ejér­cito, a los que ahora se han sumado 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 702 del Cuerpo Es­pecializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront), 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, y 120 especialistas de inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

El grueso de los 9,748 desplegados a través del cordón divisorio entre Hai­tí y República Dominicana lo componen oficiales, sol­dados y asimilados, todos parte del dispositivo de se­guridad y defensa de las fronteras terrestre y maríti­ma.

Por el momento, en la frontera norte están desple­gados 2,691 soldados de la cuarta brigada; 2,654 efecti­vos de la tercera brigada en la porción central, y 2,677 militares de la quinta briga­da de infantería en la fron­tera suroeste, incluyendo a personal de inteligencia del G2 del Ejército.

La Armada Dominicana tiene dos comandancias de Puerto, Manzanillo y Cabo Rojo, con 82 soldados y ofi­ciales. La Fuerza Aérea, que forma parte de las labores de control de la frontera te­rrestre, tiene un destaca­mento y un pequeño aero­puerto en Cabo Rojo, y otro en Dajabón, con un perso­nal de 83 miembros y tres aeronaves para patrullaje.

Mientras tanto, los cru­ces fronterizos y sus entor­nos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, es­tán bajo vigilancia de 702 soldados del Cesfront. El Cuerpo de Seguridad de los Puertos tiene una ins­talación en Manzanillo y otra en Cabo Rojo, con 18 miembros.

Hay 128 unidades moto­rizadas, incluyendo 18 ve­hículos para patrullaje en terrenos de alta dificultad; 145 sistemas de cámaras de vigilancia, y 52 puestos mi­litares sobre la frontera. Re­gularmente se despliegan 24 retenes en las rutas for­males e informales que ha­cen movimientos de ubica­ción para conservar el factor sorpresa.

Un conjunto de ocho fuerzas de tarea conjunta e interagencias en la zona de Enriquillo, Vicente Noble, Los Pilones, Jicomé, Estero Hondo, Copey, y las gestio­nes coordinadas de frontera en Carrizal y Jimaní, man­tienen la estrategia vigente de seguridad fronteriza.

El sistema visual de vi­gilancia está conectado al Centro de Comando, Con­trol, Comunicaciones y Se­guridad-C5i para moni­toreo, en tiempo real, de todos los movimientos en los cruces de frontera, pues­tos militares, retenes, rutas informales y otros medios.

El teniente general Díaz Morfa ha informado del de­sarrollo de una estrategia para vigilar los cruces infor­males que son detectados en zonas escarpadas y de difícil circulación, con fre­cuencia utilizados como ru­tas para burlar la vigilancia.

Para el ministro de Defen­sa, el resguardo de la franja fronteriza constituye una de las prioridades de su Minis­terio, sus cuerpos armados y unidades especializadas, siendo uno de los ejes princi­pales de su plan estratégico vigente, aprobado por el Es­tado Mayor General para el periodo 2021-2024.

“La sociedad dominicana puede estar segura”, decla­ró Díaz Morfa, “de que las Fuerzas Armadas, especial­mente las unidades apos­tadas en la frontera, están muy atentas a su misión”.

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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares

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Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD  en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera  expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.

Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.

También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.

La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.

BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

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Se repiten actos de violencia provenientes de motoconchistas.

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SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en  el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.

El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.

Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.

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Mejoras laborales exigen Jueces y servidores de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron  jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen  que el Consejo  del Poder Judicial gasta millones de pesos en un  árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.

A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.

El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.

Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:

Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.

Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.

Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.

Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.

Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.

Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.

Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.

Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.

Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».

De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».

Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.

Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.

Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.

El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.

«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.

Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.

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