Opinión
Caso Brasil y papeles sucios
Por Narciso Isa Conde
Es evidente que detrás del terremoto político brasileño y de los tumultuosos “PAPELES DE PANAMÁ”, está la ríspida competencia entre facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura estadounidense y otras de cualquier otro origen o gravitación territorial no controlado por EEUU; así como también la lucha por el manejo y ubicación territorial de las sociedades ‘offshore’ y de las cuentas secretas por los grandes capitales de matriz norteamericana, y por el esfuerzo gringo por la radical conversión de Brasil en un Estado gendarme bajo control del Pentágono.
El bombardeo actual se centra en Panamá como paraíso fiscal y específicamente en las de sociedades offshore benevolentes con Estados y facciones burguesas que EU considera hostiles a sus intereses.
LAS DIFERENTES FACETAS DEL CASO BRASIL
El caso Brasil –como me escribe con mucha razón y agudeza el camarada Alfredo Pierre-
debe llamar la atención “no solo por el tamaño territorial y por ser la séptima economías del mundo”, agregando “como peligro la vocación imperialista” que subyace en sectores de poder de la clase dominante de esa potencia emergente. “Solo el tamaño de su territorio es un indicador de la apropiación y despojo”, recalca. Pero hay otras realidades tan importantes como ominosas que no tarda en mencionar.
Ya para los años 50 –me recuerda Pierre- “en su Escuela de Guerra se había elaborado la doctrina de seguridad nacional, antes que los yanquis se apropiaran con fuerza de ella; sin negar que los norteamericanos fueron la fuente de inspiración de la misma como resultado de la experiencia conjunta de las fuerzas expedicionarias brasileñas y del quinto ejército de EEUU en ITALIA durante la segunda guerra mundial, comandados por Vernon Walters y por Panasco Alvin”, muy conocidos por sus fechorías imperiales en nuestra América.
El general Alvin dirigió la llamada Fuerza Interamericana de Paz-FIP, mampara con que las tropas estadounidense invadieron la República Dominicana en 1965; sin necesidad ahora de mencionar los conocidos detalles de su rol en la gorilada brasileña y continental, pero sí de destacar el parecido de la mancuerna entre ambas fuerzas militares en la actual ocupación de Haití bajo el manto de la MINUSTHA.
Al decir de muchos, ese acontecimiento reciente, no es más que “una forma de entrenamiento de su ejército para enfrentar a las posibles rebeldías de las calientes favelas brasileñas”.
El libreto militar gringo, que incluye la plena reconquista del control político-militar de Brasil, actualmente remozado, tiene muy presente -como anota el referido camarada- los límites que presenta el Estado guerrerista-terrorista colombiano para el papel que el PENTÁGONO le ha asignado desde hace varios lustros; esto es, lo que en otros análisis he descrito como una variante de sub-imperialismo regional: algo así como una modalidad parecida a una especie de Israel en nuestra América, exportadora de experiencias, asesorías, mercenarismo, paramilitarismo…, capaz de expandir a la vecindad la llamada “guerra sucia” colombiana combinada con la “guerra de cuarta generación” estadounidense.
En consecuencia, tiene lógica que para esos fines específicos, a EEUU le convenga más en esta región un aliado militar con más fuerza industrial-tecnológica que Colombia, poseedor de un verdadero complejo militar industrial. Y, sin dudas, ese aliado podría ser un Brasil bajo control de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia más identificadas con los intereses imperiales del Norte revuelto y brutal, brutalmente militarizado y gansterizado.
Es claro que tal posibilidad se había visto obstruida durante estos últimos años por los cambios políticos a favor del PT y de ciertas facciones burguesas al interior del Brasil; cambios que estuvieron dirigidos a favorecer temporalmente al emergente imperialismo brasileño (con relativa independencia de WASHINGTON, aunque con vicios parecidos), proyecto ahora en franco declive.
Esto concuerda con mi percepción de que las veleidades burguesas de la cúpula del PT -sus asociaciones delictivas con corporaciones como ODEBRECHT, su opción por la mezcla de neoliberalismo light y social-democratización con corrupción, sobornos y paquetazos fiscales- le han bridado a EEUU y a sus aliados locales más confiables, las oportunidades que por sí solos no hubieran podido construir. Así los Lula, Dirceu, Marco Aurelio, Dilma… -aun en contradicción moderada con el imperio-pentagonismo- han operado objetivamente como especies de aliados del mismo, facilitando sus nefastos propósitos.
Algo parecido –insisto- acontece con todos los llamados “progresismos” del Continente, e incluso con los procesos de reformas profundas y/o transformadores, que están optando por asumir como gobernabilidad malentendida y frágil, vía estancamiento de los cambios, repliegues de reformas y social-democratización moderada. Su agotamiento y su declinación son tan obvios como la tozudez de la revancha imperial, lo que nos exige una reflexión crítica profunda.
Todas estas facetas de nuestro análisis pueden explicar la reciente apuesta de la gran burguesía colombiana subordinadas ciertas facciones del poder estadounidense (Obama y John Kerry incluidos) a una paz mediatizada en Colombia, que incluye la exigencia de desmovilización guerrillera y desarme unilateral de las FARC-EP y el ELN; así como -más allá de esas fronteras- su aparente y engañosa moderación en pro de un “entendimiento” con Cuba sin dejar de arreciar su perversa contra-ofensiva en Argentina, Brasil y Venezuela, apuntado también contra Bolivia y Ecuador.
Eso podría armonizar muy bien, no solo con la ejecución de su libreto militar respecto a BRASIL y con el trueque o reajuste de los roles de esa potencia latinoamericana y de Colombia, sino además con el evidente incremento de la posibilidad de concretar a plazo corto el viraje brasileño a favor de la ultraderecha pro-estadounidense, lo que antes no estaba tan a la vista.
En Brasil -además del supremo interés de EEUU por convertirlo en una potencia militar útil a su estrategia de dominación en el Continente- están envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, energía, minerales estratégicos, industria militar, cárteles de la construcción, agua, biodiversidad, BRIC… al interior de de una convulsa civilización burguesa decadente, violenta y gansterizada.
Mientras en Colombia, el interés popular por una paz con soberanía, dignidad y justicia social, está pretendiendo ser contaminado por esta maniobra imperialista de “alto vuelo de águila”, enfrentada cada vez más a la apuesta de la insurgencia popular-revolucionaria a una paz sin desarme unilateral y sin rendiciones bochornosas.
Por eso, no es exagerado pensar, que de la actitud que definitivamente asuman las FARC-EP y el ELN sobre el acumulado histórico que significan las armas en su poder y su condición de fuerzas y poderes político-militares transformadores, podría depender el curso inmediato de la ola de cambios, ahora en peligroso declive.
EL SUCIO PAPEL DE LOS PAPELES SUCIOS
Esta valoración ha sido reforzada por el tipo de escándalo conocido como “PAPELES DE PANAMÁ”, donde la “mano peluda” de WASHINGTON parece estar mezclando verdades y medias verdades con encubrimientos claves, dentro de las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack-Fonseca; considerada como una de las cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’ (modalidad tramposa del capital financiero, legal e ilegal, destinada a proteger variadas formas de corrupción, incluidas grandes evasiones de impuestos).
Para entender el trasfondo de esa maniobra me parece útil auxiliarme de lo revelado por el intelectual latinoamericano Nicolás Stolkin, quien sin dudar de la veracidad de esos papeles, optó por indagar sobre la fuente de los mismos y la finalidad de esa denuncia, ofreciendo estos valiosos datos:
“¿De dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.”
“¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”
“¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID”(DETRÁS DE PAPELES PANAMÁ, ALAI AMLATINA, 07/04/2016).
Así las cosas, esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que han tenido acceso por esas vías del supra-poder estadounidense el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye -además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva)- evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, el clan ruso-nacionalista de Putin en Rusia, la actual dirección china continental y la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil, entre doce jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente en los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyen aquellos que corresponden a las cuentas secretas y sociedades offshorts de los mega-millonarios, políticos y corporaciones gringas mafiosas.
Pretender culpar así a un lado y exculpar al otro, cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencias, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos y trampas, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Asumir que toda la pus develada en Brasil, Argentina, Rusia-Putin, Sarkozy-Francia, Martinelli- Panamá, la Princesa y empresarios españoles, el Rey Saudí, China Continental… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial de capitales, es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la putrefacción y “lumpenización” del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o llamados “emergentes”.
¡Etecojete! Con estos datos a mano no hay forma de ocultar la factura imperialista estadounidense de todos estos revuelos ni de enmascarar por mucho tiempo los hechos ocultos que indican que la descomposición es totalmente sistémica y apuntan hacia un caos y una putrefacción mayor y global, que no puede revertirse sin insurgencias y revoluciones forzosamente globales.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
……………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.