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Ministerio Público Imputa formalmente a involucrados en caso Camaleón.
Santo Domingo, R.D.-Los implicados en la estructura de corrupción del caso Camaleón, conforme a los supuestos ilícitos cometidos en el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT), fueron formalmente instruidos por el Ministerio Público con la presentación de una acusación por estafa, fraude y otros delitos.
El órgano acusador imputa a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como beneficiario real de los contratos fraudulentos suscritos con las empresas Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. A través de su empresa Aurix S.A.S. controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia, además de contrabandear equipos para espionaje durante las elecciones celebradas en la pandemia del COVID-19. También utilizó PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente.
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La acusación establece que Jochi Gómez fue el principal responsable del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024. Se le imputan los delitos de lavado de activos, sabotaje, espionaje, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, robo de identidad, contrabando, falsificación de productos regulados y violación a la Ley de Armas.
A Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Intrant, se le imputa haber dirigido y autorizado la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica para ejecutarlos. Durante su gestión, manipuló los procesos de licitación y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron fondos del Estado.
Se le acusan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios y fraude en perjuicio del Estado.
El imputado Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Influyó para que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas al entramado corrupto, manipulando los procesos de licitación y beneficiando a los demás imputados. Es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de los sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
Además, falsificó certificaciones en las que constaba que el Intrant había recibido los bienes y servicios contratados, con el fin de justificar pagos irregulares. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación de documentos.
Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que afirmaba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación. Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin los recursos requeridos.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación.
Asimismo, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Gómez Canaán, fungió como prestanombre en Transcore Latam S.R.L. y fue clave en la supervisión del centro de control. Tras renunciar, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de la empresa, participando en la licitación pública nacional.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado y contrabando.
También se acusa a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L., de fungir como testaferros de Jochi Gómez, ocultando su verdadera identidad como propietario y beneficiario de la empresa. Se les imputan los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores.
Finalmente, Henry Darío Féliz Casso, colaborador directo y asistente personal de Jochi Gómez, actuó como intermediario financiero en las operaciones de lavado y desvío de fondos públicos. Movilizó valores millonarios sin respaldo económico, actuando en nombre de Gómez y recibiendo los recursos sustraídos. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores y lavado de activos.
Los hechos fueron cometidos a través de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas vinculadas a la red de corrupción del caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.