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Ministerio Público Imputa formalmente a involucrados en caso Camaleón.
Santo Domingo, R.D.-Los implicados en la estructura de corrupción del caso Camaleón, conforme a los supuestos ilícitos cometidos en el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT), fueron formalmente instruidos por el Ministerio Público con la presentación de una acusación por estafa, fraude y otros delitos.
El órgano acusador imputa a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como beneficiario real de los contratos fraudulentos suscritos con las empresas Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. A través de su empresa Aurix S.A.S. controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia, además de contrabandear equipos para espionaje durante las elecciones celebradas en la pandemia del COVID-19. También utilizó PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente.
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La acusación establece que Jochi Gómez fue el principal responsable del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024. Se le imputan los delitos de lavado de activos, sabotaje, espionaje, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, robo de identidad, contrabando, falsificación de productos regulados y violación a la Ley de Armas.
A Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Intrant, se le imputa haber dirigido y autorizado la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica para ejecutarlos. Durante su gestión, manipuló los procesos de licitación y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron fondos del Estado.
Se le acusan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios y fraude en perjuicio del Estado.
El imputado Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Influyó para que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas al entramado corrupto, manipulando los procesos de licitación y beneficiando a los demás imputados. Es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de los sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
Además, falsificó certificaciones en las que constaba que el Intrant había recibido los bienes y servicios contratados, con el fin de justificar pagos irregulares. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación de documentos.
Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que afirmaba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación. Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin los recursos requeridos.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación.
Asimismo, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Gómez Canaán, fungió como prestanombre en Transcore Latam S.R.L. y fue clave en la supervisión del centro de control. Tras renunciar, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de la empresa, participando en la licitación pública nacional.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado y contrabando.
También se acusa a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L., de fungir como testaferros de Jochi Gómez, ocultando su verdadera identidad como propietario y beneficiario de la empresa. Se les imputan los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores.
Finalmente, Henry Darío Féliz Casso, colaborador directo y asistente personal de Jochi Gómez, actuó como intermediario financiero en las operaciones de lavado y desvío de fondos públicos. Movilizó valores millonarios sin respaldo económico, actuando en nombre de Gómez y recibiendo los recursos sustraídos. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores y lavado de activos.
Los hechos fueron cometidos a través de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas vinculadas a la red de corrupción del caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida
Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno, el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen en la República Dominicana.
El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.
«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.
«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.
Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.
De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.
Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.
Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.
Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.
La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.
Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.
«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.
Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.
La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.
El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.
Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.
Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.
El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.
of-am
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Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.
Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.
Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.
La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.
Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.
Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.
Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.
La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.
El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.
Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.
Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.
Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.
La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.
Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.
Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.
Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.