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Ministerio Público Imputa formalmente a involucrados en caso Camaleón.
Santo Domingo, R.D.-Los implicados en la estructura de corrupción del caso Camaleón, conforme a los supuestos ilícitos cometidos en el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT), fueron formalmente instruidos por el Ministerio Público con la presentación de una acusación por estafa, fraude y otros delitos.
El órgano acusador imputa a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como beneficiario real de los contratos fraudulentos suscritos con las empresas Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. A través de su empresa Aurix S.A.S. controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia, además de contrabandear equipos para espionaje durante las elecciones celebradas en la pandemia del COVID-19. También utilizó PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente.
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La acusación establece que Jochi Gómez fue el principal responsable del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024. Se le imputan los delitos de lavado de activos, sabotaje, espionaje, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, robo de identidad, contrabando, falsificación de productos regulados y violación a la Ley de Armas.
A Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Intrant, se le imputa haber dirigido y autorizado la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidad técnica para ejecutarlos. Durante su gestión, manipuló los procesos de licitación y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron fondos del Estado.
Se le acusan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica, coalición de funcionarios y fraude en perjuicio del Estado.
El imputado Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Influyó para que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas al entramado corrupto, manipulando los procesos de licitación y beneficiando a los demás imputados. Es coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de los sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
Además, falsificó certificaciones en las que constaba que el Intrant había recibido los bienes y servicios contratados, con el fin de justificar pagos irregulares. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación de documentos.
Por su parte, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que afirmaba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación. Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin los recursos requeridos.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación.
Asimismo, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y socio de Gómez Canaán, fungió como prestanombre en Transcore Latam S.R.L. y fue clave en la supervisión del centro de control. Tras renunciar, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de la empresa, participando en la licitación pública nacional.
Se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica, actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado y contrabando.
También se acusa a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L., de fungir como testaferros de Jochi Gómez, ocultando su verdadera identidad como propietario y beneficiario de la empresa. Se les imputan los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores.
Finalmente, Henry Darío Féliz Casso, colaborador directo y asistente personal de Jochi Gómez, actuó como intermediario financiero en las operaciones de lavado y desvío de fondos públicos. Movilizó valores millonarios sin respaldo económico, actuando en nombre de Gómez y recibiendo los recursos sustraídos. Se le imputan los delitos de asociación de malhechores y lavado de activos.
Los hechos fueron cometidos a través de las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas vinculadas a la red de corrupción del caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
Santo Domingo. – La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó su preocupación ante las denuncias presentadas por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.
Jiménez Ortiz, con más de dos décadas de trayectoria judicial, señaló en una comunicación dirigida al CNM la existencia de supuestas inconsistencias en el proceso de evaluación, falta de motivación suficiente y el uso de criterios subjetivos o “percepciones” para justificar la decisión.
ROI recordó que ya había expresado inquietudes sobre la transparencia del proceso, destacando la falta de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la ausencia de evidencia objetiva que sustente los argumentos utilizados para negar la ratificación.
En ese sentido, ROI pidió la intervención de organismos especializados, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer, para evaluar si existen prácticas discriminatorias en los procesos de evaluación de jueces y juezas.
“El proceso de evaluación judicial no puede convertirse en un instrumento de presión política ni en un mecanismo que desvalorice la labor de quienes integran el sistema de justicia”, advirtió la red.
La Red de Observadores por la Institucionalidad está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana, la Fundación Friedrich Ebert, Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
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Jorge Luis Estrella, condenado a 20 años por asalto al Banco Popular, busca ser trasladado a Najayo
Santo Domingo, R.D.-Jorge Luis Estrella Arias, condenado a 20 años de prisión por el asalto a la sucursal del Banco Popular, en la avenida Luperón esquina Olof Palme, ocurrido en junio de 2024, acudió hoy a un tribunal en busca de ser trasladado a la cárcel de Najayo.
Estrella Arias interpuso una acción de amparo ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, que preside Clara Luz Almonte, ante la negativa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de ordenar su traslado.
Estrella Arias, recluido en la cárcel La Isleta de Moca, interpuso la acción de amparo a través de su abogado Waldo Paulino, en contra de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Sostuvo el abogado que las respuestas de los supervisores y personal de alta jerarquía señalaban que la orden provenía de superiores, sin ofrecer una explicación clara.
Aduce que los familiares que en Najayo podían verlo semanalmente, ahora solo lo están viendo una vez al mes y que su cliente no puede tener contacto con sus hijos como lo hacía en Najayo y que además el recluso «no está comiendo» debido a las condiciones en la nueva población carcelaria.
«Son dificultades que ese derecho que tiene ese imputado, ese ya condenado, que ese derecho fundamental se le ha sido negado por las autoridades penitenciarias,» afirmó Waldo Paulino,
Estado del proceso de apelación
En paralelo al recurso de amparo por el traslado, la apelación contra la sentencia original ya se encuentra depositada en la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y se está a la espera de la fecha para el conocimiento de dicho recurso.
Cabe destacar que el 15 de abril pasado, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a 20 años de prisión a Jorge Luis Estrella Arias y a Eddy Emmanuel Segura Arias, tras ser hallados culpables de cometer robo agravado al Banco Popular de casi dos millones de pesos utilizando un arma ilegal.
La Policía Nacional abatió a dos presuntos involucrados en este caso, identificados como Joan Eduardo Belliard Aybar y Richard Michel Estrella Arias, en dos enfrentamientos ocurridos en horas de la madrugada. El primero de los tiroteos ocurrió a la 1:30 de la madrugada y el segundo, a las 3:00 de la mañana.
De acuerdo con la acusación, Jorge Luis Estrella Arias es el cabecilla del robo y presuntamente actuó con su primo, Eddy Enmanuel Segura Arias; su fallecido hermano, Richard Michel Estrella Arias; y Johan Belliard Aybar, también fallecido.
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Aumentan 204 pesos al Seguro Familiar de Salud; a las ARS se les pagará RD$1,919.78 mensuales
Santo Domingo, R.D.-La tarifa del Seguro Familiar de Salud (SFS) se elevó a RD$1,919.78, lo que representa un aumento de RD$204.32 respecto a los RD$1,715.46 anteriores. Esto para garantizar la cobertura de cirugías de reconstrucción de senos y fármacos para el tratamiento de otros achaques, incluido el VIH.
“Con este incremento se logró la cobertura de cirugías de reducción de senos, destinadas a hombres y mujeres con crecimiento patológico de mamas”, reseña la nota.
Al igual que antirretrovirales, para pacientes con VIH y hepatitis B. Además, se aprobaron el diagnóstico y tratamiento integral para la tuberculosis.
Sobre la aplicación
De acuerdo con el comunicado, este monto fue aplicado desde el día uno de noviembre del año en curso.
Sin embargo, otros afiliados sentirán las deducciones a partir del 15 de este mes.
“Todos los empleados que tengan sus hijos mayores de 21 años, padres y suegros como dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud, verán afectadas sus deducciones a partir del 15 de noviembre del 2025, con un incremento total en la mensualidad de RD$204.32”, señala el Consejo Nacional de Seguridad Social