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Jueza decidirá este viernes si envía a juicio a implicados en caso Camaleón.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.
Santo Domingo.– Fue enviado hacia Venezuela por decision del presidente Luis Abinader un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para apoyar las labores humanitarias tras el devastador terremoto que afectó el hermano pais, el cual está coordinado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.
Esto como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa humanitaria creada para brindar apoyo al pueblo venezolano tras el devastador terremoto que afectó esa nación.
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 constituye la respuesta oficial del Estado dominicano para contribuir con las labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias en territorio venezolano, reafirmando el compromiso histórico de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia humanitaria ante desastres naturales.
El equipo que partirá este jueves está integrado por especialistas altamente entrenados y certificados en operaciones de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias. El personal cuenta con modernos equipos técnicos y logísticos que le permitirán integrarse de inmediato a las operaciones coordinadas por las autoridades venezolanas.
La misión será ejecutada por el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), organismo creado mediante la Ley No. 28-24 como dependencia del Ministerio de Defensa, con la misión de desarrollar operaciones militares no bélicas orientadas a la mitigación de emergencias, la gestión del riesgo y la asistencia humanitaria tanto en el territorio nacional como en escenarios internacionales.
El ministro de Defensa destacó que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 representa la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y evidencia las capacidades desarrolladas por el país para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones de emergencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La República Dominicana mantiene estrecha coordinación con las autoridades venezolanas para garantizar el desarrollo seguro y oportuno de esta misión, reafirmando su compromiso con los principios de solidaridad, cooperación internacional y ayuda humanitaria que caracterizan la política exterior del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Fue declarado de urgencia en la Cámara de Diputados en dos sesiones consecutivas un proyecto de ley que tiene el objetivo de designar con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco una infraestructura vial en Santiago.
Se trata de la pieza conocida el pasado 17 de junio que tiene relación con la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros, situada en el municipio cabecera de la provincia Santiago.
Sin embargo, el contenido de la iniciativa, que deberá ser votada por el Senado de la República, desconoce que esa vía dispone de un nombre desde el año 2015, luego de que fuese promulgada la Ley 12-15 para decretar al empresario Luis Crouch Bogaert como referencia para esa estructura.
De ser votada por el Senado de la República y acogida por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional entraría en la duplicación de una ley, ya que el texto del proyecto no deroga el marco legal antes mencionado, que identifica una parte de la Circunvalación Norte con el nombre de Luis Crouch Bogaert.
El tramo que sería designado con el nombre del exmandatario Salvador Jorge Blanco inicia en la autopista Juan Pablo Duarte, desde el cruce de Canabacoa, hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al municipio de Villa González.
El mismo que en la actualidad es identificado, según la Ley 12-15, como Luis Crouch Bogaert.
De acuerdo con el Manual de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, los congresistas deben consultar el Sistema de Información Legislativa (SIL), la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, donde está el banco de leyes promulgadas, entre otras fuentes, antes de elaborar un proyecto de ley.
Precisamente, los marcos jurídicos señalados en la sección de vistas son las referencias legales que el legislador debe colocar como resultado de ese proceso de investigación previa, en el cual debe confirmar también si existe alguna regulación vinculada con su objetivo.
“Los antecedentes que deben investigarse son: Normas vigentes, instrumentos internacionales ratificados, leyes… Es preciso analizar estos antecedentes a fin de evitar crear disposiciones innecesarias que duplican otras o que interfieren con ellas, lo que finalmente afecta la seguridad jurídica”, versa uno de los mandatos del libro de orientación utilizado por los órganos legislativos.
“En República Dominicana se emplea el término duplicidad para aludir a este fenómeno que, al igual que la contaminación legislativa, afecta la seguridad jurídica”, indica el Manual.
Es por esta razón que el marco regulatorio interno de los diputados impone que deben realizarse “derogaciones expresas, para contribuir a determinar con precisión el estado en el que queda la legislación existente a partir de la nueva norma”.
“No basta con la máxima de que la ley posterior deroga la ley anterior, las derogaciones o modificaciones deben indicarse”, precisa el Manual.
Santo Domingo, R.D.-Hasta el momento cinco dominicanos residentes en Venezuela han sido afectados por los terremotos que han afectado esa nacion, según lo informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
informó que hasta el momento tienen un registro de cinco dominicanos residentes en Venezuela que han sido afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 la tarde del miércoles.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Cancillería expresó del grupo de cinco, “tres han logrado establecer comunicación y se encuentran con vida, mientras se continúa dando seguimiento a los demás casos reportados”.
De acuerdo al “Informe del Registro Sociodemográfico” del año 2024, en Venezuela residen 11,399 dominicanos.
La Cancillería dominicana también recordó que desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de República Dominicana en Venezuela, por lo que en caso de emergencia los dominicanos pueden llamar las 24 horas al número +58 424 209 0264.
Asimismo, el MIREX mantiene habilitados sus canales de asistencia desde Santo Domingo, a través del teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, así como del correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.
Por razones de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades competentes indiquen que es seguro hacerlo.