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Defensa de hermanos Espaillat buscan frenar demolición del Jet Set hasta concluir peritaje

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Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.

La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.

Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.

Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.

Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.

El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.

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Wilson Camacho: «La corrupción en el sistema de justicia hace que el derecho sea soluble en dinero»

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Santo Domingo, R.D.-El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».

El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.

Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.

Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.

Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.

El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.

Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.

Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.

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Juez impone prisión preventiva a coronel de la Policía acusado de agredir a joven en Los Mina

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Santo Domingo, R.D.- El juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo este impuso tres meses de prisión preventiva en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.

El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.

El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.

A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.

Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.

Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.

Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.

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Gobierno establece escala salarial y ordena transferir ingresos consulares al Estado.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva etapa en la reforma del servicio exterior dispuso el  Gobierno dominicano  con una transformación estructural del sistema consular, que incluye que la totalidad de los ingresos de los consulados dominicanos pasen en lo adelante al Estado.

De esta manera, el presidente Luis Abinader dispone continuar la reforma del servicio exterior, con la adopción de medidas decisivas en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.

Como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.

Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.

De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.

El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad. La última etapa del proceso iniciará el 1ero de enero del 2027.

Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader, en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.

Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales.

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