Los representantes legales de la víctima sostienen que el informe del Inacif no demuestra de manera concluyente que el acusado careciera de capacidad para comprender sus actos al momento del crimen. La audiencia fue aplazada para el 4 de noviembre.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Los familiares de Yolanda Handal Abugabir, la mujer de 70 años asesinada en julio de 2025 en su apartamento del ensanche Naco, solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que Jean André Pumarol Fernández enfrente un juicio ordinario, al considerar que no existen elementos periciales concluyentes que justifiquen declararlo inimputable.

La petición fue presentada a través del abogado Miguel Valerio, quien se opuso a la solicitud de aplicar al acusado el procedimiento especial previsto para personas inimputables, argumentando que su condición mental debe ser examinada junto con las demás pruebas durante el juicio de fondo.

La controversia jurídica surge a partir de una evaluación realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos resultados, según la representación de la familia, establecen que Pumarol Fernández tiene capacidad para comprender las acusaciones formuladas en su contra y participar en el proceso judicial.

Cuestionan interpretación de evaluación psiquiátrica

De acuerdo con los argumentos presentados por Valerio, el informe pericial plantea como una posibilidad que el imputado experimentara un episodio psicótico cuando ocurrieron los hechos, pero no establece de manera definitiva que estuviera privado de la capacidad necesaria para comprender sus acciones.

El abogado sostiene que esa apreciación no constituye fundamento suficiente para disponer anticipadamente un procedimiento especial de inimputabilidad.

A juicio de la representación legal de los familiares, corresponde al tribunal examinar las circunstancias del crimen, las evaluaciones médicas y los demás elementos probatorios antes de determinar si existe alguna causa legal que excluya la responsabilidad penal.

La defensa de los intereses de la víctima considera necesario distinguir entre la capacidad actual del acusado para enfrentar el proceso y su condición mental al momento de producirse los hechos, aspectos que tienen consecuencias jurídicas diferentes.

Señalan actuaciones que deben ser examinadas durante el juicio

Entre los argumentos presentados por los familiares figuran determinadas conductas atribuidas a Pumarol Fernández que, según sus representantes legales, podrían resultar relevantes para determinar su estado de conciencia durante el incidente.

Valerio indicó que, conforme a los elementos incluidos en su escrito, el acusado habría adoptado medidas para evitar ser observado y presuntamente desconectó el teléfono del apartamento.

La representación de la familia entiende que estas circunstancias deben ser evaluadas conjuntamente con las pruebas científicas y testimoniales para establecer su posible incidencia en la determinación de la responsabilidad penal.

Sin embargo, tales señalamientos corresponden a la posición de una de las partes del proceso y deberán ser sometidos al examen del tribunal.

Crimen ocurrió en apartamento del ensanche Naco

Yolanda Handal Abugabir perdió la vida el 23 de julio de 2025, durante un hecho violento ocurrido en su residencia del ensanche Naco, en el Distrito Nacional.

En el incidente también murió su mascota, una perrita que se encontraba en el apartamento.

El caso provocó consternación entre familiares y allegados de la víctima y dio lugar al proceso penal seguido contra Jean André Pumarol Fernández.

Desde entonces, uno de los asuntos centrales del expediente ha sido la evaluación de las condiciones mentales del imputado y su posible incidencia en el procedimiento judicial aplicable.

Solicitan rechazar procedimiento especial

Mediante un escrito de contestación depositado el 15 de septiembre de 2026, el abogado Miguel Valerio pidió a las juezas Gisselle Méndez, Emely Bruno y Yulelka Henríquez que desestimen la solicitud de tramitar el caso mediante el procedimiento especial para inimputables.

La petición hace referencia al artículo 381 y siguientes del Código Procesal Penal, disposiciones relacionadas con el tratamiento procesal de personas respecto de las cuales se plantea una situación de inimputabilidad.

Los familiares sostienen que el informe del Inacif no permite concluir categóricamente que el acusado se encontrara en esa condición cuando ocurrieron los hechos.

Por esa razón, entienden que la valoración de las pruebas debe efectuarse dentro del juicio de fondo, respetando las garantías procesales de todas las partes.

Tribunal conocerá audiencia el 4 de noviembre

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió aplazar la audiencia para el próximo 4 de noviembre de 2026, fecha en la que continuará el conocimiento del proceso.

La oposición al procedimiento especial fue formulada en representación de María Teresa Fabián de Heredia, Carolyn Gisselle Taveras Handal, Evelyn Ivonne Taveras Handal de Díaz, Walleska María Handal, Nancy Licet Handal Abugabir y Antonio Jesús Handal Abugabir, familiares de la fallecida.

La discusión sobre la imputabilidad resulta determinante para establecer el tratamiento jurídico que recibirá el acusado.

En materia penal, la capacidad de una persona para enfrentar un juicio y su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos al momento del hecho constituyen cuestiones diferentes que deben analizarse conforme a las pruebas y a las disposiciones legales aplicables.

Mientras la representación de los familiares reclama que el acusado sea sometido al procedimiento penal ordinario, corresponderá a las juezas valorar los argumentos de las partes y los resultados de las evaluaciones periciales.

La decisión que adopte el tribunal deberá garantizar tanto los derechos de las víctimas como las garantías fundamentales del imputado, incluyendo la presunción de inocencia y el debido proceso.

El próximo 4 de noviembre será una fecha importante para determinar cómo continuará el proceso judicial por la muerte de Yolanda Handal Abugabir, en un expediente donde la controversia sobre el estado mental del acusado ocupa un lugar central.

Legisladores de diferentes partidos abandonaron el hemiciclo en solidaridad con Millys Martínez, quien denunció haber sido maltratada por agentes policiales durante las fiestas patronales de Elías Piña. Alfredo Pacheco cuestionó la protesta por interrumpir los trabajos legislativos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Una protesta de solidaridad con la diputada Millys Martínez provocó este martes la suspensión de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría de los legisladores abandonara el hemiciclo en rechazo al presunto maltrato policial sufrido por la congresista durante una celebración en el municipio de Comendador, provincia Elías Piña.

La salida colectiva dejó apenas 23 de los 190 diputados presentes, cantidad insuficiente para mantener el cuórum constitucional y continuar con el conocimiento de los proyectos de ley y las resoluciones incluidos en la agenda legislativa.

El incidente ocurrió después de que Martínez, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), utilizara su turno en la sesión para relatar lo sucedido el pasado domingo durante las fiestas patronales de su comunidad.

La legisladora aseguró que fue víctima de un atropello por parte de agentes de la Policía Nacional y expresó su inconformidad con la falta de una reacción pública de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Martínez cuestionó que la funcionaria, quien anteriormente mantenía una posición activa en defensa de los derechos ciudadanos, no se hubiera pronunciado sobre el episodio denunciado.

Solidaridad legislativa paraliza los trabajos

Al concluir la intervención de Martínez, numerosos diputados se levantaron de sus asientos y realizaron gestos de respaldo a su compañera.

Posteriormente, legisladores de distintas organizaciones políticas comenzaron a abandonar el salón de sesiones, convirtiendo su ausencia en una manifestación de rechazo a la actuación policial denunciada.

La protesta trascendió las diferencias partidarias y dejó a la Cámara Baja imposibilitada de continuar sus labores ordinarias.

Entre quienes condenaron el incidente figura el diputado Wandy Batista, quien consideró que los hechos denunciados representan una situación que debe ser esclarecida desde el punto de vista constitucional.

Batista sostuvo que, aunque no atribuye necesariamente ese comportamiento a una política institucional de la Policía Nacional, cualquier actuación contraria a las garantías constitucionales debe ser investigada y recibir la respuesta correspondiente.

Pacheco rechaza abandono del hemiciclo

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó su desacuerdo con la decisión de los legisladores de retirarse de la sesión como mecanismo de protesta.

Aunque reconoció la importancia de reclamar derechos y expresar posiciones frente a situaciones consideradas injustas, insistió en que esas manifestaciones no deben comprometer el cumplimiento de las responsabilidades legislativas.

Pacheco recordó que, durante su trayectoria como dirigente de bancadas parlamentarias, ha defendido la continuidad de las sesiones incluso en circunstancias de tensión política.

A su juicio, responder a una actuación cuestionable mediante otra decisión que afecte el funcionamiento institucional no constituye el procedimiento más adecuado.

El presidente de la Cámara Baja planteó que los reclamos deben formularse con prudencia y sin paralizar las actividades del Congreso Nacional.

Inmunidad parlamentaria y garantías constitucionales

La denuncia de Martínez también ha colocado en discusión el alcance de las garantías constitucionales que protegen a los integrantes del Congreso Nacional.

El artículo 86 de la Constitución dominicana regula la inmunidad parlamentaria frente a la privación de libertad durante la legislatura, mientras que el artículo 87 establece el alcance y los límites de esa protección.

Estas disposiciones buscan preservar la independencia del Poder Legislativo y evitar que actuaciones de otros poderes del Estado obstaculicen injustificadamente el ejercicio de las funciones congresuales.

Sin embargo, la inmunidad parlamentaria no supone que los legisladores estén exentos de cumplir la ley ni impide que las autoridades actúen en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico.

Asimismo, cualquier intervención policial debe desarrollarse dentro de los límites constitucionales, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales, independientemente de la condición de la persona involucrada.

Reclaman esclarecimiento de lo ocurrido

La controversia abre un debate sobre el comportamiento de los agentes policiales frente a los representantes públicos y sobre los mecanismos institucionales disponibles para denunciar posibles excesos en el ejercicio de la autoridad.

Aunque Martínez ha denunciado haber sido agredida, corresponde a las autoridades competentes determinar las circunstancias del incidente, establecer si se produjeron actuaciones ilegales e identificar posibles responsabilidades.

La suspensión de la sesión legislativa, entretanto, evidencia el nivel de inconformidad generado entre los diputados y plantea otra discusión: hasta qué punto una protesta política puede justificar la interrupción de los trabajos del Congreso Nacional.

El episodio deja dos asuntos pendientes de atención institucional: el esclarecimiento de la presunta agresión policial y la necesidad de garantizar que los mecanismos de protesta parlamentaria no afecten el cumplimiento de las obligaciones legislativas.

De acuerdo con las informaciones publicadas este 13 de octubre, la diputada solicitó una investigación del incidente y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. La Policía Nacional también dispuso una investigación sobre la actuación de los agentes involucrados

El organismo electoral ha procesado a más de 4.2 millones de personas, mientras otros 194 mil documentos están disponibles para retirar. Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago concentran la mayor cantidad de entregas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral ha superado los cuatro millones de documentos entregados, una cifra que representa un avance significativo en el proyecto de modernización del sistema de identificación de la República Dominicana.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por el organismo, de un universo de 8,730,372 personas habilitadas para renovar su documento, unas 4,203,595 han completado el procesamiento correspondiente, mientras que 4,009,576 ya tienen en su poder la nueva cédula.

Asimismo, la institución precisó que 194,019 documentos se encuentran confeccionados y disponibles en los centros de cedulación, a la espera de que sus titulares acudan a retirarlos.

Aunque el programa ha alcanzado aproximadamente la mitad de su ejecución, todavía permanece pendiente la renovación de una parte importante de la población habilitada, lo que plantea el desafío de mantener el ritmo de atención durante las siguientes etapas.

Avances entre diferentes sectores de la población

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, destacó la participación ciudadana en el proceso y explicó que los resultados muestran distintos niveles de cumplimiento según los grupos poblacionales.

En el padrón electoral, el avance registrado alcanza el 49 %, mientras que entre los adolescentes de 16 y 17 años se sitúa en un 50 %.

Por su parte, los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas presentan un nivel de renovación del 72 %, una de las proporciones más elevadas entre los sectores evaluados.

En cuanto a los extranjeros residentes legalmente en territorio dominicano y habilitados para obtener el documento, el proceso registra un avance del 30 %.

Jáquez Liranzo valoró la respuesta de los ciudadanos tanto dentro como fuera del territorio nacional y sostuvo que los resultados contribuyen al fortalecimiento de los mecanismos de identificación y al ejercicio de los derechos ciudadanos.

Más de 196 mil documentos entregados en el extranjero

La renovación de la cédula también registra avances entre los dominicanos residentes fuera del país, donde se han distribuido 196,310 documentos de identidad.

Estados Unidos encabeza las estadísticas internacionales, con 129,343 cédulas entregadas, seguido de España, con 35,177, y las Antillas Menores, con 9,606.

En Italia se contabilizan 5,323 entregas; Santiago de Chile registra 4,299; Panamá, 3,493; Canadá, 3,447; Suiza, 2,819, y Holanda, 2,803.

Estas cifras reflejan la participación de la comunidad dominicana en el exterior en un proceso que busca actualizar los registros de identificación de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago lideran el proceso

En el territorio nacional, la provincia Santo Domingo ocupa el primer lugar en cantidad de nuevas cédulas entregadas, con 757,939 documentos.

Le sigue el Distrito Nacional, donde se han distribuido 610,475 identificaciones, mientras que Santiago aparece en tercera posición, con 424,933.

Otras provincias con cifras significativas son San Cristóbal, con 199,530; La Altagracia, con 146,467; La Vega, con 143,136; Puerto Plata, con 131,212, y Duarte, con 127,699.

Asimismo, San Pedro de Macorís registra 123,407 documentos entregados y La Romana alcanza los 105,708.

Entre las provincias que también muestran avances figuran Espaillat, con 99,784; San Juan, con 85,846; Azua, con 80,992; Monseñor Nouel, con 72,336; Barahona, con 70,762, y Peravia, con 69,646.

Las estadísticas incluyen, además, a Monte Plata, con 60,946; Valverde, con 56,969; Sánchez Ramírez, con 56,466, y María Trinidad Sánchez, con 52,492 documentos.

En otras demarcaciones, Hermanas Mirabal acumula 44,509 entregas; Samaná, 37,193; Hato Mayor, 35,619; Monte Cristi, 35,102; Bahoruco, 32,069, y El Seibo, 29,132.

También figuran Santiago Rodríguez, con 26,808; Dajabón, con 24,561; San José de Ocoa, con 23,708; Independencia, con 17,412; Elías Piña, con 17,242, y Pedernales, con 7,748 documentos entregados.

El reto de completar la renovación

Con más de cuatro millones de documentos distribuidos, la JCE enfrenta ahora la tarea de incorporar al proceso a los ciudadanos que todavía no han renovado su identificación.

Las cifras oficiales indican que aproximadamente 4.5 millones de personas habilitadas aún no habían sido procesadas al momento del reporte.

La modernización del documento constituye una iniciativa de alcance nacional que involucra la actualización de los registros de identidad y la prestación de servicios a millones de dominicanos residentes tanto en el país como en el extranjero.

El organismo electoral reiteró su compromiso de garantizar el acceso de la ciudadanía a su documento oficial de identificación, al tiempo que procura completar las etapas pendientes del programa.

La continuidad del proceso y la capacidad institucional para atender a los ciudadanos restantes serán determinantes para alcanzar la meta de renovación establecida por la Junta Central Electoral.