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Caso Jet Set enfrenta posible giro judicial que obligaría a reiniciar el juicio contra los hermanos Espaillat
El tribunal decidirá el 16 de octubre si mantiene la acusación por homicidio involuntario o admite una calificación más grave basada en el dolo eventual, como solicitan abogados de las víctimas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El proceso judicial por el desplome del techo de la discoteca Jet Set podría experimentar un cambio significativo si el juez Franny González Castillo acepta modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento donde fallecieron 236 personas el 8 de abril de 2025.
La controversia surge a raíz de la petición formulada por representantes legales de las víctimas, quienes consideran que las circunstancias de la tragedia deben examinarse bajo la figura del homicidio voluntario con dolo eventual, en lugar del homicidio involuntario planteado por el Ministerio Público.
La decisión sobre esta solicitud quedó reservada para el próximo viernes 16 de octubre, fecha en la que el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional deberá pronunciarse sobre el incidente procesal.
Una modificación que podría trasladar el juicio a otro tribunal
La discusión no se limita a la posible gravedad de las sanciones que enfrentarían los imputados, sino que también involucra la competencia del órgano judicial encargado de conocer el expediente.
Actualmente, el proceso se desarrolla ante un tribunal unipersonal, cuya competencia se encuentra delimitada por la gravedad de las infracciones y las penas establecidas en la legislación procesal penal.
Si se admite una nueva calificación que corresponda a un delito sancionable con una pena superior al límite de competencia de ese tribunal, podría ser necesario remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para su asignación a un tribunal colegiado.
Este escenario, según el planteamiento de los abogados querellantes, implicaría reiniciar el conocimiento del juicio ante los jueces que resulten designados.
En cambio, si el magistrado rechaza la modificación solicitada, el procedimiento podría continuar bajo los términos de la acusación original presentada por el Ministerio Público.
La diferencia entre homicidio involuntario y dolo eventual
El principal punto de controversia consiste en determinar si las muertes fueron consecuencia de conductas imprudentes o negligentes, o si los responsables habrían tenido conocimiento de la posibilidad de un desenlace fatal y, aun así, aceptaron ese riesgo.
El homicidio involuntario se relaciona con resultados mortales ocasionados por imprudencia, negligencia o incumplimiento de obligaciones de cuidado, sin intención de producir la muerte.
Por su parte, el dolo eventual constituye una modalidad de responsabilidad dolosa cuya aplicación exige analizar si el autor previó la posibilidad de que se produjera el resultado prohibido y asumió conscientemente ese riesgo.
La distinción es determinante porque podría modificar sustancialmente las consecuencias penales del caso.
Los abogados que representan a parte de las víctimas consideran que las pruebas y circunstancias descritas en el expediente justifican examinar una calificación más severa.
Sin embargo, la existencia de daños extraordinarios o de un elevado número de fallecidos no demuestra automáticamente la configuración del dolo eventual, cuya aplicación debe sustentarse en elementos probatorios y criterios jurídicos específicos.
Ministerio Público atribuye a propietarios conocimiento de fallas estructurales
La acusación presentada contra los hermanos Espaillat sostiene que existían señales de deterioro en la estructura del techo de la discoteca y que se habrían aplicado reparaciones insuficientes para enfrentar las condiciones del inmueble.
De acuerdo con el órgano persecutor, las deficiencias eran conocidas mediante comunicaciones internas, fotografías, videos y reportes sobre problemas en las instalaciones.
Las investigaciones también señalan que la estructura soportaba equipos de climatización de gran volumen y depósitos de agua, sin que se hubieran realizado los estudios técnicos necesarios para garantizar su capacidad de carga.
El Ministerio Público sostiene que estas circunstancias contribuyeron al desplome ocurrido durante una actividad en el establecimiento.
Corresponderá al tribunal valorar las pruebas y determinar las responsabilidades penales individuales, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados.
Un proceso iniciado tras la tragedia de abril de 2025
El expediente llegó a la etapa de juicio luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispusiera el envío a juicio de Antonio y Maribel Espaillat el 15 de junio de 2026.
Durante la fase preliminar también se había solicitado modificar la calificación jurídica, petición que entonces fue rechazada.
Posteriormente, el 28 de agosto, comenzó el juicio ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Franny González Castillo.
Los imputados cuentan con la representación legal del abogado Miguel Valerio, mientras que los querellantes mantienen su posición de que los hechos deben ser examinados bajo una figura penal de mayor gravedad.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y numerosos heridos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia reciente del país.
Expectativa ante decisión del tribunal
El pronunciamiento judicial previsto para el 16 de octubre será determinante para establecer el curso inmediato del proceso.
La eventual modificación de la calificación jurídica podría provocar un cambio de tribunal, nuevas actuaciones procesales y una revisión del enfoque bajo el cual se examinarán las responsabilidades atribuidas a los propietarios del establecimiento.
No obstante, aceptar una calificación más grave no equivaldría a declarar culpables a los imputados, pues la responsabilidad penal deberá determinarse mediante una sentencia sustentada en las pruebas debatidas durante el juicio.
El caso mantiene la atención pública no solamente por la magnitud de la tragedia, sino también por las implicaciones jurídicas relacionadas con el deber de prevención, la seguridad de las edificaciones y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas de protección de la vida humana.
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Ministerio Público vincula a diez personas con presunto plan de atentado contra el presidente Luis Abinader
El expediente judicial atribuye a los investigados supuestas funciones de coordinación, reclutamiento y organización de reuniones. El presunto ataque habría sido planificado para el 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
SANTIAGO, República Dominicana. – Al menos diez personas figuran en una investigación del Ministerio Público por su presunta vinculación con un plan para ejecutar un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader, supuestamente previsto para este viernes 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con una solicitud de medida de coerción contenida en un expediente de 57 páginas, las autoridades investigan la existencia de una presunta estructura organizada cuyos integrantes habrían desempeñado distintas funciones para coordinar un posible ataque contra el mandatario.
Las indagatorias señalan que el supuesto atentado habría sido planificado para coincidir con los actos conmemorativos del Día de la Constitución, presuntamente en las instalaciones del Congreso Nacional.
Identifican a diez personas relacionadas con la investigación
El expediente señala a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como principal investigado y presunto coordinador de parte de las actividades relacionadas con el supuesto plan.
También menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.
Según el Ministerio Público, las personas señaladas habrían participado, en distintos niveles, en actividades relacionadas con reuniones, intercambio de informaciones, reclutamiento y asignación de responsabilidades.
No obstante, la inclusión de sus nombres en el expediente no constituye una declaración judicial de culpabilidad ni demuestra, por sí sola, su participación en los hechos investigados.
Investigan presunta coordinación mediante plataformas digitales
De acuerdo con las indagatorias, los investigadores identificaron comunicaciones relacionadas con la supuesta planificación del atentado y conversaciones sobre posibles acciones contra el jefe de Estado.
El expediente hace referencia a intercambios de información vinculados con materiales que podrían utilizarse para fabricar artefactos explosivos, así como con la vigilancia de los desplazamientos presidenciales.
Las autoridades también investigan si existieron acuerdos concretos para ejecutar el supuesto ataque o si las comunicaciones identificadas constituyeron amenazas y manifestaciones de intención sin actos de ejecución.
Ministerio Público atribuye distintas funciones a los señalados
Entre las personas mencionadas figura Leomar Antonio Brens Moya, a quien las notas de inteligencia relacionan con comentarios acerca de un posible ataque sorpresa.
También aparece Sucette Franshelle Miqui Salcedo, residente en Estados Unidos, quien, según el expediente, habría tenido la responsabilidad de promover movilizaciones y reclutar participantes en el estado donde reside.
A Isaac Rafael Encarnación, conocido como «la Fórmula», los investigadores le atribuyen supuestas labores de convocatoria de reuniones y asignación de tareas.
Asimismo, figura Ramón Antonio Olaverría Rosario, identificado con el alias de «el Teca».
En el caso de Sobeida María Baldera Peña, el expediente señala que presuntamente administraba un grupo de WhatsApp utilizado para promover convocatorias a manifestaciones.
Los demás mencionados también forman parte de las diligencias investigativas desarrolladas por las autoridades para determinar si existieron vínculos con el supuesto plan.
Dos personas fueron detenidas durante las investigaciones
De acuerdo con las informaciones divulgadas, Delvinson de la Cruz Sosa permanece detenido y enfrenta una solicitud de tres meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público bajo una imputación de terrorismo.
El imputado fue arrestado durante un allanamiento realizado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados como posibles evidencias.
Por su parte, otro de los señalados se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales, mientras continúa el proceso de investigación.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra De la Cruz Sosa fue aplazada para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.
Defensa niega participación en el supuesto atentado
Delvinson de la Cruz Sosa ha rechazado públicamente conocer el supuesto plan atribuido por las autoridades y ha remitido a sus abogados las preguntas relacionadas con las acusaciones.
De igual manera, otro de los investigados que compareció voluntariamente ante la Policía negó haber participado en una conspiración contra el mandatario y sostuvo que sus contactos con el principal sospechoso estuvieron relacionados con actividades laborales.
Estas declaraciones forman parte de las posiciones de los investigados y deberán ser examinadas junto con los elementos probatorios que presente el Ministerio Público.
Investigación deberá determinar responsabilidades individuales
La investigación continúa abierta para establecer si existió una estructura destinada a ejecutar actos terroristas y cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas señaladas.
Desde el punto de vista jurídico, las autoridades deberán determinar la naturaleza de las actuaciones investigadas y distinguir entre amenazas, actividades de protesta, posibles acuerdos delictivos y conductas que puedan constituir infracciones penales.
El derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión está protegido por la Constitución, mientras que las amenazas y los actos de violencia deben investigarse conforme a las disposiciones legales correspondientes.
Por el momento, las acusaciones permanecen sujetas al conocimiento de los tribunales y todas las personas investigadas conservan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.
El caso ha generado atención pública por la gravedad de las imputaciones y por involucrar la seguridad del presidente de la República, mientras se espera que las autoridades presenten las pruebas que sustenten sus señalamientos ante los órganos judiciales competentes.
Desde su proclamación el 6 de noviembre de 1844, la Carta Magna ha experimentado numerosas modificaciones relacionadas con la organización de los poderes públicos, la reelección presidencial y los derechos fundamentales. La última reforma fue proclamada el 27 de octubre de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La República Dominicana conmemora este viernes 6 de noviembre de 2026 el 182 aniversario de la proclamación de su primera Constitución, un acontecimiento que marcó el nacimiento del ordenamiento jurídico del Estado dominicano, pero cuya historia también ha estado caracterizada por constantes reformas constitucionales.
Desde su promulgación en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, la Carta Magna ha experimentado alrededor de 40 modificaciones, de acuerdo con los recuentos históricos publicados sobre la evolución constitucional dominicana.
Estas transformaciones han respondido a diferentes circunstancias políticas, sociales e institucionales, incluyendo conflictos entre los poderes del Estado, cambios en los sistemas electorales, disputas por la reelección presidencial y demandas de reconocimiento de derechos ciudadanos.
La primera Constitución nació después de la Independencia
La Constitución de 1844 fue proclamada meses después de la Independencia Nacional, declarada el 27 de febrero de ese mismo año.
Su aprobación permitió establecer las bases jurídicas de la nueva República, definir la estructura de los poderes públicos y establecer principios fundamentales para la organización del Estado.
Sin embargo, el nacimiento constitucional dominicano estuvo acompañado de importantes disputas políticas sobre las atribuciones del presidente y los límites del poder gubernamental.
Entre las disposiciones más controvertidas de aquel texto figuró el artículo 210, que concedía amplias facultades extraordinarias al presidente Pedro Santana.
Primeras reformas comenzaron en 1854
La primera modificación constitucional se produjo el 25 de febrero de 1854, durante el gobierno de Pedro Santana.
Ese mismo año, el 16 de diciembre, se proclamó otra reforma, iniciándose una práctica de cambios frecuentes que caracterizaría buena parte de la historia republicana.
Durante el siglo XIX, las modificaciones constitucionales estuvieron estrechamente relacionadas con las confrontaciones entre distintos proyectos políticos y con los intentos de reorganizar el poder presidencial, legislativo y judicial.
La Constitución de Moca de 1858 constituye uno de los episodios relevantes de ese proceso, al representar una propuesta de reorganización institucional vinculada con las corrientes liberales de la época.
Reelección presidencial, uno de los temas más recurrentes
A lo largo de la historia dominicana, numerosas reformas constitucionales han estado vinculadas con las reglas de permanencia y sucesión en el ejercicio del poder presidencial.
La posibilidad de permitir, limitar o prohibir la reelección ha sido uno de los asuntos más debatidos en las diferentes etapas de la República.
Esta situación evidencia la importancia que ha tenido la figura presidencial en el sistema político dominicano y los esfuerzos por establecer mecanismos institucionales que regulen su ejercicio.
Reformas de 1994, 2002, 2010 y 2015
Entre las modificaciones constitucionales de las últimas décadas destacan las realizadas en 1994, 2002, 2010 y 2015.
La reforma de 1994 introdujo transformaciones relevantes en el sistema electoral y judicial, mientras que la de 2002 modificó las disposiciones relativas a la reelección presidencial.
En 2010 se produjo una amplia reforma que fortaleció el catálogo de derechos fundamentales y reorganizó importantes aspectos de la estructura institucional, incluyendo la creación del Tribunal Constitucional como órgano especializado en la defensa de la supremacía constitucional.
Posteriormente, la modificación de 2015 volvió a colocar la reelección presidencial en el centro del debate político nacional.
Última reforma fue proclamada en octubre de 2024
La reforma constitucional más reciente fue proclamada el 27 de octubre de 2024, durante el gobierno del presidente Luis Abinader.
Entre sus principales modificaciones figuran nuevas disposiciones destinadas a reforzar las limitaciones a la permanencia presidencial, cambios en el mecanismo de designación del procurador general de la República y la reducción del número de integrantes de la Cámara de Diputados a 170.
También se incorporaron disposiciones relacionadas con la organización de los procesos electorales y el funcionamiento de determinadas instituciones del Estado.
La reforma volvió a colocar en la agenda nacional el debate sobre la estabilidad constitucional y la necesidad de garantizar que las reglas institucionales respondan al interés general.
Constitución y estabilidad democrática
La frecuencia de las modificaciones constitucionales constituye un elemento importante para comprender la evolución política dominicana.
Aunque las reformas pueden resultar necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico a nuevas realidades sociales, su legitimidad también depende de los procedimientos utilizados, del respeto a los derechos fundamentales y de la preservación de los principios democráticos.
La Constitución no solamente organiza el funcionamiento de los poderes públicos, sino que establece límites al ejercicio de la autoridad y reconoce garantías que deben ser respetadas por todas las instituciones del Estado.
El desafío de respetar la Constitución
A 182 años de su proclamación, la historia constitucional dominicana plantea una reflexión que trasciende la cantidad de reformas realizadas.
La consolidación del Estado de derecho no depende exclusivamente de introducir nuevas disposiciones constitucionales, sino también de garantizar su cumplimiento efectivo.
El respeto a la separación de poderes, la independencia judicial, la transparencia administrativa, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales constituye una condición esencial para el fortalecimiento democrático.
Más allá de las modificaciones experimentadas durante casi dos siglos, el principal desafío sigue siendo lograr que la Constitución se convierta en una garantía efectiva para todos los ciudadanos y no solamente en un documento sujeto a las transformaciones de cada período político.
El magistrado Domingo Antonio Gil recordó que ninguna autoridad está por encima de la Constitución y rechazó la aplicación de la justicia por mano propia durante una audiencia solemne por el 182 aniversario de la Carta Magna dominicana.
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana. – El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Domingo Antonio Gil, afirmó este viernes que todas las personas, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están obligadas a respetar los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes para reclamar derechos y perseguir los hechos delictivos.
El juez constitucional hizo el señalamiento durante una audiencia solemne celebrada en San Cristóbal, con motivo del 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, en presencia de autoridades civiles, militares y policiales.
Gil fundamentó sus reflexiones en el artículo 69 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, estableciendo garantías para que toda persona pueda acceder a una justicia oportuna, accesible y gratuita.
Ninguna autoridad puede sustituir a los tribunales
Durante su intervención, el magistrado enfatizó que el Estado de derecho exige que los conflictos y las reclamaciones sean sometidos a las instituciones judiciales competentes, sin excepciones por razones de autoridad o condición institucional.
En ese sentido, recordó que tanto gobernantes como gobernados, incluidos policías y militares, deben recurrir a los tribunales cuando se trate de reclamar o salvaguardar derechos.
El juez sostuvo que el respeto a los procedimientos judiciales constituye una obligación que ninguna persona o institución puede desconocer.
Asimismo, advirtió que apartarse de los mecanismos establecidos por la Constitución conduciría a una situación de arbitrariedad incompatible con una sociedad democrática.
Rechaza la justicia por mano propia
El magistrado también cuestionó cualquier práctica que pretenda sustituir la actuación de los tribunales mediante represalias o castigos ejecutados fuera de los procedimientos legales.
Al referirse al antiguo principio del talión, conocido por la expresión «ojo por ojo y diente por diente», señaló que ese modelo de justicia resulta contrario al ordenamiento constitucional dominicano.
Sus declaraciones constituyen un recordatorio de que la persecución de la delincuencia debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley, respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales.
Declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos a actuaciones policiales
Las reflexiones del juez constitucional se produjeron en un contexto de cuestionamientos públicos por las muertes de personas señaladas como presuntos delincuentes durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
Según cifras periodísticas citadas en la información difundida sobre la actividad, al menos 56 personas identificadas como presuntos delincuentes habrían fallecido en esas circunstancias durante octubre de 2026.
La cifra, cuya metodología y circunstancias individuales requieren verificación, ha alimentado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y la necesidad de investigar las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
En la audiencia estuvo presente el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien escuchó las intervenciones de los magistrados.
Tribunal Constitucional llama a respetar la Carta Magna
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, destacó la importancia de recordar a las autoridades que ejercen funciones públicas su compromiso constitucional.
Durante la actividad, los integrantes del tribunal reflexionaron sobre las garantías fundamentales reconocidas en la Constitución y su importancia para la convivencia democrática.
El acto contó también con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se celebró en San Cristóbal, provincia donde fue proclamada la primera Constitución dominicana el 6 de noviembre de 1844.
Debido proceso, garantía fundamental del Estado de derecho
Las declaraciones del magistrado Domingo Antonio Gil reafirman la importancia del artículo 69 de la Constitución como garantía frente a posibles actuaciones arbitrarias de los organismos estatales.
El debido proceso exige que las actuaciones de las autoridades se desarrollen conforme a la ley, respetando la dignidad humana, la presunción de inocencia y las competencias de los órganos judiciales.
En ese contexto, el mensaje transmitido durante la conmemoración constitucional destaca que la seguridad ciudadana y la persecución del delito deben ejercerse sin desconocer los derechos fundamentales que el propio Estado está obligado a proteger.