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Medusa alcanza ficha clave del Gobierno, mientras hay tolerancia presidencial con algunos corruptos.
Por Elba García
No hay mejor recurso político que actuar frente a las acusaciones en contra de funcionarios supuestamente involucrados en actos de corrupción que acogerse a un principio universal del derecho que es la presunción de inocencia.
Por lo menos en lo que respecta a los dos últimos escándalos que involucran a figuras importantes del Gobierno, el presidente Abinader no ha dicho esta boca es mía y la tolerancia del mandatario tiene que ver con los casos de Neney Cabrera, quien aparentemente ha malversado más de 158 millones de pesos en un programa que llevó como nombre «Pinta tu Casa» y más recientemente el involucramiento del ministro Administrativo de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavarez, en el caso Medusa, ya que es parte de una empresa favorecida con algunas contratas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República.
Aunque ciertamente todavía falta un veredicto de un tribunal competente sobre el expediente y la acusación formulada por el Ministerio Público, lo cierto es que el solo hecho de que Macarrulla Tavarez esté involucrado en los hechos es una razón más que suficiente para que sea desvinculado de sus funciones gubernamentales hasta que el caso esté irrevocablemente juzgado.
Esto es así en virtud de que el propio Lisandro Macarrulla dejó claro en una entrevista concedida a un programa de televisión de que es corresponsable de cualquier irregularidad que se haya producido en la empresa de la familia, la cual es presidida en la actualidad por su hijo Lisandro Macarrulloa Martínez y quien forma parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público.
Todos estos detalles, aunque no implican una condena en contra del hijo de una figura tan importante del Gobierno, ya que no ha sido condenado en el caso, porque todavía no se ha producido el juicio preliminar y menos el de fondo, pero los pormenores ofrecidos por el órgano persecutor por lo menos impone que el referido funcionario sea apartado transitoriamente del cargo.
Sin embargo, no parece que esta medida se pueda producir, ya que el presidente aparenta haber entrado en una etapa de tolerancia con aquellos funcionarios de su gobierno que en realidad no es tan fácil deshacerse de ellos.
Abinader nunca se ha referido al caso Macarrulla, pese a que hace mucho tiempo que el tema ha sido parte del debate nacional, sobre todo por la cantidad de dinero involucrada en los actos de corrupción que se le atribuyen a Jean Alain Rodríguez y en los que parece haber jugado un papel importante la familia Macurrulla, cuya cabeza es el ministro Administrativo de la Presidencia.
El otro asunto que se produce con este funcionario es su estrecho vínculo, podría decirse que es una quinta columna del más poderoso grupo económico del país, como lo es la familia Vicini, el cual además tiene otros cuadros importantes dentro del Gobierno de Luis Abinader.
El otorgamiento de contratos sobre la base de la corrupción a la familia Macarrulla anula la legalidad y la legitimidad de la posición que ocupa en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el funcionario en cuestión, cuya conducta trae consigo la expresión de que es más de lo mismo y que en realidad no ha habido ningún cambio.
Los casos de Neney Cabrera y Lisandro Macarrulla le han tumbado el pulso a Luis Abinader, ya que queda demostrado que los intereses pesan más que las supuestas buenas intenciones y que en consecuencia frente a los personajes involucrados, tal vez vale más la pena desde la perspectiva política mirar para otro lado.
Sin lugar a dudas que la tolerancia del Gobierno con por lo menos estos casos constituye un gran reto para el presidente Abinader que deja la sensación que la lucha en contra de la red de corrupción que amenaza la estabilidad del país tiene fronteras, tiene sus límites, los cuales comienzan cuando se llega hasta grupos considerados sagrados en la sociedad dominicana.
Ahora bien, la evidente tolerancia con estos funcionarios podría ser el inicio en el país del total desmonte de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, porque si bien el Ministerio Público parece hacer su trabajo para por lo menos disminuir estos flagelos, lo cierto es que si no existe la voluntad política del Poder Ejecutivo el problema tomaría cuerpo y los esfuerzos serían en vano.
Siempre se ha dicho que en el combate de la corrupción pública y privada hay mucho de simulación y doble moral y que los resultados no pasarán del contexto de una cultura de tolerancia a nivel de las instancias del Estado que deben combatirla, como el sistema de justicia y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
La sociedad dominicana está a la espera de que el cambio pregonado por el partido hoy en el poder no sea sólo una arma para continuar con la promoción con lo que nunca debía ocurrir si en realidad se busca justicia social y acabar con la pobreza y la desigualdad.
La última palabra sobre el caso Neney Cabrera y Lisandro Macurrulla pesa sobre los hombros y la conciencia del presidente Luis Abinader, quien con lo que disponga dejará claro si está o no atado a los grupos económicos o a los intereses de las grandes mayorías nacionales.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.