Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.Nacionales
Más de 35 nuevos imputados tiene el caso Medusa.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
La acusación en contra de los imputados, cuyo principal involucrado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, durante el período 2016 -2020, incluye lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otras normas.
El expediente, tan pronto depositado, fue guardado bajo llave en el despacho de un juez del juzgado de Atención Permanente que funciona como tribunal transitorio, esto porque quien tiene que apoderar a un tribunal la acusación es la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, la jueza Kenya Romero.
Tan pronto el expediente llega a su despacho la jueza manda hacer un inventario de las piezas depositadas y mediante sorteo aleatorio computarizado apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.
La acusación refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre no identificado, narró en de detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción del Plan de Humanización de la Procuraduría, incluyendo el pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron la construcción de la Nueva Victoria.
Canó y los contratistas
Sostiene que el imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a República Dominicana, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas.
De acuerdo con el ingeniero, los contratistas le pidieron que intercediera, por lo que procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo, ya que Canó no quería ver a ningún contratista.
En esa ocasión, relató que se reunió el exjefe de gabinete de la Procuraduría, donde le pidió que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para él era una extorsión. “Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente “aduce la acusación.
El ex procurador, quien se encuentra recluido en la cárcel de Najayo, es acusado de integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
En torno al caso guardan prisión además del ex procurador Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de gabinete del ex procurador, arrestado en España en 2021 y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El 28 de junio fue conocido un informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoría a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría, en la que detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
DETALLES
Entre las anomalías detectadas figuran la adjudicación de un contrato de más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia; se dispuso de más de un millón setecientos mil pesos sin documentación alguna de soporte; contrato por más de 500 millones de pesos a consorcio sin registro de suplidor del Estado.
También se detectó un pago por más de 600 millones de pesos, sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.