Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.Nacionales
Más de 35 nuevos imputados tiene el caso Medusa.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
La acusación en contra de los imputados, cuyo principal involucrado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, durante el período 2016 -2020, incluye lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otras normas.
El expediente, tan pronto depositado, fue guardado bajo llave en el despacho de un juez del juzgado de Atención Permanente que funciona como tribunal transitorio, esto porque quien tiene que apoderar a un tribunal la acusación es la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, la jueza Kenya Romero.
Tan pronto el expediente llega a su despacho la jueza manda hacer un inventario de las piezas depositadas y mediante sorteo aleatorio computarizado apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.
La acusación refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre no identificado, narró en de detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción del Plan de Humanización de la Procuraduría, incluyendo el pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron la construcción de la Nueva Victoria.
Canó y los contratistas
Sostiene que el imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a República Dominicana, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas.
De acuerdo con el ingeniero, los contratistas le pidieron que intercediera, por lo que procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo, ya que Canó no quería ver a ningún contratista.
En esa ocasión, relató que se reunió el exjefe de gabinete de la Procuraduría, donde le pidió que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para él era una extorsión. “Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente “aduce la acusación.
El ex procurador, quien se encuentra recluido en la cárcel de Najayo, es acusado de integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
En torno al caso guardan prisión además del ex procurador Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de gabinete del ex procurador, arrestado en España en 2021 y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El 28 de junio fue conocido un informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoría a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría, en la que detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
DETALLES
Entre las anomalías detectadas figuran la adjudicación de un contrato de más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia; se dispuso de más de un millón setecientos mil pesos sin documentación alguna de soporte; contrato por más de 500 millones de pesos a consorcio sin registro de suplidor del Estado.
También se detectó un pago por más de 600 millones de pesos, sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía.
Nacionales
Transitoriamente no tendrá penalidad el pago por la pérdida o deterioro de la libreta de pasaportes.
Santo Domingo.- La suspension de manera temporal del pago de penalidad por deterioro o pérdida de la libreta si los ciudadanos realizan la transición al nuevo pasaporte electronico, segun fue anunciado por la Dirección General de Pasaportes.
La información la ofreció el director general de la institución, Lorenzo David Ramírez Uribe, quien precisó que la medida será implementada desde el 15 de este mes hasta el 31 de diciembre de este año.
«Esta decisión representa un alivio económico real para miles de dominicanos que desde el 2011 cuando una persona perdía o deterioraba su libreta debía asumir un costo adicional y que encarecía el proceso de obtención de un nuevo pasaporte», señaló.
El impacto de esta disposición es significativo. Estimamos que generará un ahorro superior a los 48 millones de pesos para el bolsillo de los dominicanos durante el periodo vigente de esta pasividad.
«Este dinero permanecerá en manos de las familias, de los estudiantes, de los trabajadores y de los emprendedores que necesitan viajar y que ahora podrán realizar su trámite con una carga económicamente menor», expresó durante una rueda de prensa.
Ramírez Uribe informó que, a la fecha, se han emitido alrededor de 26.000 pasaportes electrónicos en las 5 oficinas habilitadas para ofrecer este servicio.
«Esta cifra representa la confianza de la ciudadanía en este nuevo documento y el éxito de esta implementación. Detrás de cada uno de estos pasaportes hay una identidad protegida con los más altos estándares internacionales de seguridad y un documento alineado con las mejores prácticas mundiales», sostuvo.
Asimismo, enfatizó que continúan ampliando su cobertura nacional, incorporando el servicio de pasaporte electrónico en nuevas localidades de forma estratégica, incluyendo sus oficinas en Occidental Mall, en Santo Domingo Oeste, (2:12) Colinas Mall, en Santo Domingo Norte, así como en la provincia de Nueves y Azores.
Santo Domingo, R.D.-Nuevos movimientos ha hecho el presidente Luis Abinader dispuso en el servicio exterior dominicano mediante los decretos 350-26 y 351-26, con los cuales fueron designados representantes consulares en Chile, Estados Unidos y Venezuela.
Las disposiciones del Poder Ejecutivo oficializan nombramientos en Santiago de Chile, Providence, Raleigh (EE.UU) y Caracas, como parte de las atribuciones constitucionales del mandatario para dirigir la política exterior y designar funcionarios diplomáticos y consulares.
Mediante el Decreto 350-26, Robert Ramón Arias Fernández fue designado cónsul general de la República Dominicana en Santiago, República de Chile, con jurisdicción en todo el territorio chileno.
La misma disposición designa a Juan Mercedes Mateo Guerrero como cónsul general dominicano en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, una plaza de interés para la comunidad dominicana residente en esa zona del noreste estadounidense.
El decreto también deroga el artículo 2 del Decreto núm. 334-25, del 20 de junio de 2025, que había designado a María Luisa Ubiera Zorrilla como embajadora en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mismo documento, Ubiera Zorrilla queda designada como cónsul general de la República Dominicana en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, ampliando así la representación consular dominicana en territorio norteamericano.
A través del Decreto 351-26, el Poder Ejecutivo designó a Héctor Pastor Vásquez Frías como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Ambos decretos fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para fines de conocimiento y ejecución.
Las designaciones se producen en el marco de la Ley núm. 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, normativa que regula la organización, funcionamiento y designación de los funcionarios vinculados a la representación internacional del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Es perseguido activamente por la Policía Nacional Wilkin García Peguero, conocido como «Mantequilla», sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura vinculada a un caso que se encuentra bajo investigación.
Es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, golpes y heridas voluntarias y estafa.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la orden judicial fue emitida hace varios días y que las autoridades han realizado gestiones para lograr su localización.
- Según indicó, se han producido contactos indirectos con García Peguero a través de personas que han servido como mediadores entre las partes.
Pesqueira reveló que sostuvo una conversación con Mantequilla, quien le manifestó su disposición de entregarse voluntariamente ante las autoridades. No obstante, aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al imputado y a sus representantes legales.
Mientras tanto, la Policía aseguró que continúa desarrollando labores de inteligencia y búsqueda con el objetivo de ubicar a García Peguero y ponerlo a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes.
La institución reiteró que se mantiene abierta a recibir la entrega voluntaria del requerido.