Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.Nacionales
Más de 35 nuevos imputados tiene el caso Medusa.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público depositó antes de vencerse el plazo su instancia ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de haber agregado más de 35 nuevos imputados, más de 20 empresas con más de tres mil pruebas.El expediente fue depositado por la procuradora de Corte Luis Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado sábado a las 11:42 de la noche, junto a un equipo de fiscales de ese departamento.
La acusación en contra de los imputados, cuyo principal involucrado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, durante el período 2016 -2020, incluye lavado de activos, estafa al Estado, el desfalco, asociación de malhechores, con sus agravantes, coalición de funcionarios, prevaricación, entre otras normas.
El expediente, tan pronto depositado, fue guardado bajo llave en el despacho de un juez del juzgado de Atención Permanente que funciona como tribunal transitorio, esto porque quien tiene que apoderar a un tribunal la acusación es la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, la jueza Kenya Romero.
Tan pronto el expediente llega a su despacho la jueza manda hacer un inventario de las piezas depositadas y mediante sorteo aleatorio computarizado apodera del expediente a uno de los jueces del juzgado de instrucción para que conozca el juicio preliminar en contra de los encartados.
La acusación refiere que un ingeniero que figura como testigo, cuyo nombre no identificado, narró en de detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción del Plan de Humanización de la Procuraduría, incluyendo el pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron la construcción de la Nueva Victoria.
Canó y los contratistas
Sostiene que el imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría, ahora detenido en España, para fines de extradición a República Dominicana, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas.
De acuerdo con el ingeniero, los contratistas le pidieron que intercediera, por lo que procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, el exdirector administrativo, ya que Canó no quería ver a ningún contratista.
En esa ocasión, relató que se reunió el exjefe de gabinete de la Procuraduría, donde le pidió que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para él era una extorsión. “Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente “aduce la acusación.
El ex procurador, quien se encuentra recluido en la cárcel de Najayo, es acusado de integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de las pesquisas el Ministerio Público obtuvo coerción en contra de todos los encartados, varios con prisión preventiva y domiciliaria, quienes han fallado en múltiples ocasiones en que han intentado una variación de las medidas en diferentes tribunales del país, con el objetivo de obtener su libertad.
En torno al caso guardan prisión además del ex procurador Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de gabinete del ex procurador, arrestado en España en 2021 y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El 28 de junio fue conocido un informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoría a la gestión de Jean Alain en la Procuraduría, en la que detectó irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos.
DETALLES
Entre las anomalías detectadas figuran la adjudicación de un contrato de más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia; se dispuso de más de un millón setecientos mil pesos sin documentación alguna de soporte; contrato por más de 500 millones de pesos a consorcio sin registro de suplidor del Estado.
También se detectó un pago por más de 600 millones de pesos, sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.