LAS PRIMERAS DILIGENCIAS PROCESALES PODRÍAN SER SOMETIDAS POR LA PROCURADURÍA MAÑANA O EL MARTES
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República someterá en las próximas horas al juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia que llevará el caso Odebrecht, el expediente contentivo de las acusaciones sobre soborno admitido por la constructora brasileña, según reveló anoche a Listín Diario una fuente cercana a la investigación.
El juez Francisco Ortega Polanco fue designado el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.
Según la fuente, las primeras diligencias procesales podrían ser sometidas al juez mañana lunes o el próximo martes.
“La Procuraduría tratará de hacer las solicitudes el lunes, si el tiempo lo permite. El proceso es largo y todo debe estar bien sustentado”, argumentó la fuente.
Entre las solicitudes de diligencias procesales, estarían las órdenes de allanamientos y detenciones de los presuntos implicados en el caso.
“Estamos trabajando 24-7. Entendemos que a más tardar el martes podríamos comenzar a depositar las instancias al juez de la instrucción especial”, acotó la fuente.
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la designación de Ortega Polanco, como juez de la instrucción Especial del caso Odebrecht.
El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso.
El apoderamiento del juez se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realiza el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El caso
Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló, en diciembre pasado, los documentos sobre los presuntos sobornos que Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el escándalo no ha parado.
Las fiscalías y procuradurías de los países señalados avanzan en investigaciones y día a día se conocen nuevos desarrollos, así como los nombres de funcionarios gubernamentales y empresarios implicados, en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro en las historias de las naciones salpicadas.
El caso se destapó por primera vez en marzo de 2014 con una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, que condujo la mirada hacia Petrobras, la estatal petrolera brasileña.
Según avanzan las investigaciones en Brasil han ido saliendo los nombres de los implicados en cada nación en las que operaba Odebrecht; en República Dominicana llegaron el pasado 19 de este mes en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al respecto.
Aunque los nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, han sido filtradas varias listas en las que figuran funcionarios, legisladores y hasta empresarios.
El hecho de que el juez que tendrá a su cargo la instrucción del caso, haya sido escogido de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, indica que en la lista de implicados habrá legisladores o ministros, los cuales cuentan con jurisdicción privilegiada al momento de responder ante los tribunales la imputación de algún hecho.
Los preparativos
Mientras avanzan las investigaciones, el personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició el pasado viernes el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
La acción es relacionada a las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitará a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Todavía ayer el personal de mantenimiento limpiaba, pintaba y adecuaba el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción. Los empleados pintaban de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así también realizaban la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.
Perfil del juez
Francisco Ortega Polanco nació el 20 de octubre de 1969, en el paraje de Los Caños, Jamao Afuera, en Salcedo. En 1988 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), recibió su título de licenciado en Derecho en 1993, con honores “Cum Laude”. Cursó maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, y el Instituto Global en 2014; Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales por la Université París I Panthéon-Sorbone y el Instituto Global (en curso). Desde muy joven ejerció el periodismo en El Caribe, 1987-1992; periódico Hoy, de 1992-1998, y fundó en 1993 el espacio “La Esquina Joven”. En el 2000 se incorpora como docente en las universidades PUCMM, UNIBE y UNPHU impartiendo las asignaturas de Derecho Penal Especial, Derecho General, Principios Generales del Derecho y Derecho Comercial. Su carrera la ha ejercido en el sector público del Distrito Nacional: Abogado asistente del Procurador General de la República, 1995; Procurador Fiscal Adjunto del DN 1996-1998; juez de Instrucción del DN 1998-2001; juez presidente de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2001-2003; juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2003-2005; juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 2005-2012; Juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN 2012. Es actualmente miembro de la Tercera Sala o de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y lo Contencioso-Tributario de la Corte Suprema.
Caso PEME
Fue el entonces juez de la primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, quien otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
La decisión fue ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada en ese entonces por los jueces Miriam Germán Brito, quien la presidió; Manuel Hernández Victoria y Wendy Martínez Mejía, por considerarla justa.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
