LAS PRIMERAS DILIGENCIAS PROCESALES PODRÍAN SER SOMETIDAS POR LA PROCURADURÍA MAÑANA O EL MARTES
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República someterá en las próximas horas al juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia que llevará el caso Odebrecht, el expediente contentivo de las acusaciones sobre soborno admitido por la constructora brasileña, según reveló anoche a Listín Diario una fuente cercana a la investigación.
El juez Francisco Ortega Polanco fue designado el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.
Según la fuente, las primeras diligencias procesales podrían ser sometidas al juez mañana lunes o el próximo martes.
“La Procuraduría tratará de hacer las solicitudes el lunes, si el tiempo lo permite. El proceso es largo y todo debe estar bien sustentado”, argumentó la fuente.
Entre las solicitudes de diligencias procesales, estarían las órdenes de allanamientos y detenciones de los presuntos implicados en el caso.
“Estamos trabajando 24-7. Entendemos que a más tardar el martes podríamos comenzar a depositar las instancias al juez de la instrucción especial”, acotó la fuente.
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la designación de Ortega Polanco, como juez de la instrucción Especial del caso Odebrecht.
El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso.
El apoderamiento del juez se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realiza el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El caso
Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló, en diciembre pasado, los documentos sobre los presuntos sobornos que Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el escándalo no ha parado.
Las fiscalías y procuradurías de los países señalados avanzan en investigaciones y día a día se conocen nuevos desarrollos, así como los nombres de funcionarios gubernamentales y empresarios implicados, en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro en las historias de las naciones salpicadas.
El caso se destapó por primera vez en marzo de 2014 con una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, que condujo la mirada hacia Petrobras, la estatal petrolera brasileña.
Según avanzan las investigaciones en Brasil han ido saliendo los nombres de los implicados en cada nación en las que operaba Odebrecht; en República Dominicana llegaron el pasado 19 de este mes en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al respecto.
Aunque los nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, han sido filtradas varias listas en las que figuran funcionarios, legisladores y hasta empresarios.
El hecho de que el juez que tendrá a su cargo la instrucción del caso, haya sido escogido de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, indica que en la lista de implicados habrá legisladores o ministros, los cuales cuentan con jurisdicción privilegiada al momento de responder ante los tribunales la imputación de algún hecho.
Los preparativos
Mientras avanzan las investigaciones, el personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició el pasado viernes el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
La acción es relacionada a las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitará a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Todavía ayer el personal de mantenimiento limpiaba, pintaba y adecuaba el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción. Los empleados pintaban de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así también realizaban la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.
Perfil del juez
Francisco Ortega Polanco nació el 20 de octubre de 1969, en el paraje de Los Caños, Jamao Afuera, en Salcedo. En 1988 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), recibió su título de licenciado en Derecho en 1993, con honores “Cum Laude”. Cursó maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, y el Instituto Global en 2014; Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales por la Université París I Panthéon-Sorbone y el Instituto Global (en curso). Desde muy joven ejerció el periodismo en El Caribe, 1987-1992; periódico Hoy, de 1992-1998, y fundó en 1993 el espacio “La Esquina Joven”. En el 2000 se incorpora como docente en las universidades PUCMM, UNIBE y UNPHU impartiendo las asignaturas de Derecho Penal Especial, Derecho General, Principios Generales del Derecho y Derecho Comercial. Su carrera la ha ejercido en el sector público del Distrito Nacional: Abogado asistente del Procurador General de la República, 1995; Procurador Fiscal Adjunto del DN 1996-1998; juez de Instrucción del DN 1998-2001; juez presidente de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2001-2003; juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2003-2005; juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 2005-2012; Juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN 2012. Es actualmente miembro de la Tercera Sala o de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y lo Contencioso-Tributario de la Corte Suprema.
Caso PEME
Fue el entonces juez de la primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, quien otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
La decisión fue ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada en ese entonces por los jueces Miriam Germán Brito, quien la presidió; Manuel Hernández Victoria y Wendy Martínez Mejía, por considerarla justa.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
