LAS PRIMERAS DILIGENCIAS PROCESALES PODRÍAN SER SOMETIDAS POR LA PROCURADURÍA MAÑANA O EL MARTES
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República someterá en las próximas horas al juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia que llevará el caso Odebrecht, el expediente contentivo de las acusaciones sobre soborno admitido por la constructora brasileña, según reveló anoche a Listín Diario una fuente cercana a la investigación.
El juez Francisco Ortega Polanco fue designado el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia para instruir el caso.
Según la fuente, las primeras diligencias procesales podrían ser sometidas al juez mañana lunes o el próximo martes.
“La Procuraduría tratará de hacer las solicitudes el lunes, si el tiempo lo permite. El proceso es largo y todo debe estar bien sustentado”, argumentó la fuente.
Entre las solicitudes de diligencias procesales, estarían las órdenes de allanamientos y detenciones de los presuntos implicados en el caso.
“Estamos trabajando 24-7. Entendemos que a más tardar el martes podríamos comenzar a depositar las instancias al juez de la instrucción especial”, acotó la fuente.
El pasado viernes, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la designación de Ortega Polanco, como juez de la instrucción Especial del caso Odebrecht.
El juez Ortega, de la Tercera Sala Laboral, de Tierras, de lo Contencioso Administrativo y lo Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, deberá ser apoderado de cualquier diligencia que requiera el Ministerio Público en torno al caso.
El apoderamiento del juez se produce en momento en que personal de mantenimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional, de manera sorpresiva e inesperada, realiza el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
El caso
Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló, en diciembre pasado, los documentos sobre los presuntos sobornos que Odebrecht admitió pagar en varios países de América Latina, el escándalo no ha parado.
Las fiscalías y procuradurías de los países señalados avanzan en investigaciones y día a día se conocen nuevos desarrollos, así como los nombres de funcionarios gubernamentales y empresarios implicados, en el mayor caso de corrupción panregional del que se tenga registro en las historias de las naciones salpicadas.
El caso se destapó por primera vez en marzo de 2014 con una investigación de menor porte de una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil, que condujo la mirada hacia Petrobras, la estatal petrolera brasileña.
Según avanzan las investigaciones en Brasil han ido saliendo los nombres de los implicados en cada nación en las que operaba Odebrecht; en República Dominicana llegaron el pasado 19 de este mes en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público al respecto.
Aunque los nombres no han sido dados a conocer de manera oficial, han sido filtradas varias listas en las que figuran funcionarios, legisladores y hasta empresarios.
El hecho de que el juez que tendrá a su cargo la instrucción del caso, haya sido escogido de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, indica que en la lista de implicados habrá legisladores o ministros, los cuales cuentan con jurisdicción privilegiada al momento de responder ante los tribunales la imputación de algún hecho.
Los preparativos
Mientras avanzan las investigaciones, el personal de la fiscalía del Distrito Nacional inició el pasado viernes el remozamiento del interior de la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva.
La acción es relacionada a las expectativas de que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitará a un juez la prisión preventiva de los implicados en el caso de los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Todavía ayer el personal de mantenimiento limpiaba, pintaba y adecuaba el recinto carcelario que alberga de manera provisional a los imputados en espera de medida de coerción, o con juicio pendiente de conocimiento en esa jurisdicción. Los empleados pintaban de blanco las paredes del pasillo, ubicado en la cuarta planta del edificio, así también realizaban la corrección de los sistemas eléctricos y sanitarios.
Perfil del juez
Francisco Ortega Polanco nació el 20 de octubre de 1969, en el paraje de Los Caños, Jamao Afuera, en Salcedo. En 1988 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), recibió su título de licenciado en Derecho en 1993, con honores “Cum Laude”. Cursó maestría en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, y el Instituto Global en 2014; Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales por la Université París I Panthéon-Sorbone y el Instituto Global (en curso). Desde muy joven ejerció el periodismo en El Caribe, 1987-1992; periódico Hoy, de 1992-1998, y fundó en 1993 el espacio “La Esquina Joven”. En el 2000 se incorpora como docente en las universidades PUCMM, UNIBE y UNPHU impartiendo las asignaturas de Derecho Penal Especial, Derecho General, Principios Generales del Derecho y Derecho Comercial. Su carrera la ha ejercido en el sector público del Distrito Nacional: Abogado asistente del Procurador General de la República, 1995; Procurador Fiscal Adjunto del DN 1996-1998; juez de Instrucción del DN 1998-2001; juez presidente de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2001-2003; juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN 2003-2005; juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 2005-2012; Juez Presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del DN 2012. Es actualmente miembro de la Tercera Sala o de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y lo Contencioso-Tributario de la Corte Suprema.
Caso PEME
Fue el entonces juez de la primera Sala Penal del Distrito Nacional, Francisco Ortega Polanco, quien otorgó la libertad provisional bajo fianza a los dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Diandino Peña, Simón Lizardo y Haivanjoe Ng Cortiñas, acusados por el alegado desfalco al Estado en la ejecución del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).
La decisión fue ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada en ese entonces por los jueces Miriam Germán Brito, quien la presidió; Manuel Hernández Victoria y Wendy Martínez Mejía, por considerarla justa.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
