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Sale a Superficie Enlodamiento Suprema Corte de Justicia y Bellaquería Política en el país.
Por Elba García
En la República Dominicana ocurren cosas que cualquiera no se atreve a pensar que pasen en ninguna otra sociedad y se trata de la escogencia de jueces seriamente comprometidos con el partidarismo político, cuyos actores han demostrado hasta la saciedad que están dispuestos a hacer cualquier cosa, no importa que sea algo ilegal o anti-ético.
En estos días ha continuado la ventilación del juicio en contra de los imputados del caso Odebrecht, cuyos acusados son supuestamente responsables de crear lo que el Código Penal define como asociación de malhechores para estafar al Estado.
Era una fórmula que buscaba la aprobación de las obras públicas mediante el soborno de los legisladores y otros funcionarios del Estado y al propio tiempo incurrir en otro ilícito penal como es la sobrevaluación de las mismas en cantidades que alcanzaban los miles de millones de dólares.
Todo esto fue parte de la discusión a propósito del Consejo Nacional de la Magistratura avocarse a conocer la escogencia de las altas cortes, entre las que está la Suprema Corte de Justicia, a fin de que fueran seleccionados jueces de carrera y no aquellos aspirantes con compromisos partidistas.
Sin embargo, nada de eso ocurrió en virtud de que cada gobierno prefiere escoger como jueces a profesionales del derecho identificado con el partido en el poder para manipular los casos de acusación por corrupción en contra de importantes funcionarios, lo que ha puesto de moda en la judicatura nacional el famoso archivo definitivo.
La Suprema Corte de Justicia, presidida por un hombre que definitivamente no tiene los méritos para ocupar tan importante posición, ahora está en el fuego cruzado de los imputados y de los que abogan por jueces de carrera, en virtud de que se ha podido confirmar que presidió la campaña de uno de los acusados, el senador de San Cristóbal, Tommy Galán.
Galán es acusado de haber recibido soborno para que promoviera en el Congreso Nacional la aprobación por parte de los legisladores de las obras sobrevaluadas en favor de la multinacional ODEBRECHT, cuyas consecuencias han sido, podría decirse, catastróficas para la clase política, máxime de los países latinoamericanos, aunque también de otros lugares del mundo.
En el conocimiento del juicio de fondo se le solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, inhibirse ante el hecho de que Odebrecht financió la campana de Galán y que en consecuencia él también es responsable de los fondos manejados en las elecciones del 2016 y aportados por la corrupta empresa brasileña.
Pero Molina no acogió la solicitud en ese sentido y en consecuencia se ha presentado una recusación en su contra y de un total de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia por variadas razones, cuya ley orgánica consigna que para ventilar cualquier recurso de esta naturaleza debe ser conocido por lo menos por 12 de los que conforman el más alto tribunal del país.
Lo establecido en el artículo 20 de la referida ley crea la situación de que la SCJ está compelida a subir dos jueces de las cortes de apelaciones, que es un grado inferior, para conocer la recusación en contra de cinco de sus miembros, ya que su matrícula es sólo de 15, lo cual impide sesionar para esos fines porque la misma tiene 5 menos que por lo que solo quedan diez que no hacen el quorum requerido y que para tal propósito no pueden ser menos de doce.
La cuestión es que con el juicio de fondo en el caso Odebrecht ha quedado más que demostrado que la escogencia de abogados vinculados al partidarismo político, no jueces de carrera, crea una mayor falta de credibilidad en el sistema de justicia nacional, lo cual se constituye en un peligro para el estado de derecho.
El juicio de fondo de los imputados en el caso Odebrecht está pautado para continuar hoy miércoles, pero la recusación parece constituirse en un gran escollo para que el mismo continúe su curso.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene el aval en lo que respecta a ejercicio profesional para ocupar tan delicada posición, sobre todo porque fue llevado allí para defender los intereses del Gobierno y al propio tiempo, es lo que muchos creen, para que le de continuación a la política de impunidad promovida desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo, cuyo jefe, el presidente Danilo Medina, ha querido emular la articulación hecha en la justicia dominicana por parte de su antecesor Leonel Fernández, quien es víctima ahora de la misma trampa que concibió en favor de los suyos y en contra de los demás que conforman el tinglado político de oposición.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.