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Testimonio de brasileño en caso Odebrecht compromete responsabilidad penal de inculpados.
Por Elba García
El Caso Odebrecht toma nuevo giro con el testimonio de un brasileño que compromete mucho más la responsabilidad penal de los inculpados y de otros que nunca han sido tocados a pesar de ser partes importantes del gran fraude y de la estafa en contra del Estado y de la sociedad.
La ventilación del juicio en contra de los inculpados de promover y recibir los sobornos distribuidos en el país por la multinacional de la construcción Odebrecht, tomó un giro muy comprometedor en contra del grupo que figura en el expediente instrumentado por la pasada Procuraduría General de la República.
La acusación, que siempre estuvo dirigida a sacar de los sobornos y la estafa en contra del Estado y la sociedad dominicana una serie de personajes con posiciones preponderantes en el Gobierno de Danilo Medina, ahora ha tomado un curso en el que los testimonios de los brasileños dejan claro que eran piezas claves en el expediente y que el mismo no había sido avalado lo suficiente por parte del Ministerio Público.
Mauricio Danta Becerra, exjefe del departamento jurídico de Odebrecht, ha hablado muy claro en el juicio que continuó este viernes y que deberá seguirse el próximo lunes, en el sentido de que la empresa entregó unos 92 millones de dólares a Angel Rondón Rijo y que en ese entremado para comprar el voto en el Congreso Nacional de muchos legisladores para aprobar la construcción de obras públicas involucró a altos funcionarios oficiales, pero además a personajes como Conrado Pittaluga y a Víctor de la Rúa.
Durante la audiencia los abogados de la defensa intentaron impedir el testimonio del primer testigo, el señor Danta Becerra, pero resultó infructuoso el propósito de la defensa de Rondón Rijo y de otros inculpados de incidental el proceso, aunque sí lograron proscribir por parte del tribunal la transmisión en vivo de la audiencia por las redes sociales a través de la plataforma de la Suprema Corte de Justicia.
Todavía falta el testimonio de otros dos testigos que jugaron un papel clave en el soborno otorgado por Odebrecht a diputados y senadores para la aprobación de obras públicas sobrevaluadas en perjuicio de los dominicanos, pero de lo que todo el mundo está seguro es de que son muchos más los responsables de los hechos, porque en el fraude y la estafa jugaron un papel protagónico funcionarios de pasados gobiernos.
En la audiencia se pudo observar como en el sistema de justicia el abogado en la defensa de su cliente tiene que recurrir a todo tipo de recurso para lograr convencer de la inocencia de su defendido, aunque sea culpable, todo a partir de la presunción de inocencia y de la tutela judicial, lo cual puede convertirse en un instrumento ideal para promover impunidad y la no aplicación de la ley.
Los abogados de los inculpados se apoyaron durante el curso de la audiencia en una serie de incidentales que podrían determinar el destino del proceso, porque como muy bien lo dijeron los especialistas en derecho penal ellos pudieran lograr que el juicio se extienda hasta el año 2040 para que se consume la denegación de justicia, porque en realidad de lo que se trata es de que los acusados sean declarados inocentes aunque sean culpables.
Sin embargo, lo ocurrido ayer en la sala de audiencia permite presagiar que los inculpados muy difícilmente se salgan con las suyas, porque las pruebas en su contra están ahí, sólo que habría que buscarlas y presentarlas como manda el Código Procesal Penal.
El desenlace y veredicto del caso Odebrecht va a constituir un buen punto de referencia para que en la República Dominicana se detenga el robo del patrimonio público por parte de la mayoría de los que van al Estado a apropiarse lo que no es suyo.
Una pregunta que siempre ha estado presente desde que se conoció el fraude y la estafa cometidas en contra del Estado y la sociedad dominicanas, es por qué la empresa que servía de contraparte en el país, el Consorcio Estrella, nunca ha sido investigada sobre el gran robo cometido, cuyo presidente, Manuel Estrella, es cortejado por el pasado y el actual gobierno encabezado por Luis Abinader, quien hasta fue a la propia casa de este empresario a comer en su mesa y enviar la señal de que disfrutaría de impunidad.
A partir de ayer podría ser que la investigación se profundice y que sean muchos más los enjuiciados por los hechos cometidos, incluidos personas como Abel Martínez, actual alcalde del municipio de Santiago, quien ocupó durante varias legislaturas la presidencia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, cuya fortuna ha sido cuestionada por diferentes sectores de la vida nacional, entre ellos, la Marcha Verde.
La investigación que se aproxima tampoco debe quedar fuera el expresidente Danilo Medina, responsable de todos los encubrimientos de los fraudes y estafas en contra del Estado a través sus títeres, entre ellos Jean Alan Rodríguez, pasado procurador general de la República.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.