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Facturaban servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el MP
Santo Domingo, R.D.-El fraude en SENASA incluyo facturación de servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.
Asimismo, el documento detalla que en procesos cardiovasculares realizaban procedimientos quirúrgicos donde reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados.
También subraya que en los casos de pacientes oncológicos aumentaban el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia y la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos.
«Pagaron un incremento fraudulento la facturación al SeNaSa producto de sobre tratamiento de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia; en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados; la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopia a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas». Cita el documento de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en el caso Senasa.
El Ministerio Público entregó el martes la socilitud de medida de coerción en contra de los diez implicados en presunta corrupción administrativa en Senasa.
El pasado sábado quedó bajo arresto el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazím, quien se presentó ese mismo día con su representante legal, Miguel Valerio.
Hazim fungió como director ejecutivo de Senasa desde 2020 hasta agosto de 2025, fecha donde fue sustituido, mediante el decreto 461-25, por el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla.
Los diez inculpados de supuesta corrupción administrativa en Senasa son, además de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa Khersun S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.