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Caso SeNaSa: Tribunal autoriza peritaje a empresas de Eduardo Read para verificar servicios médicos
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18 horas agoon
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LA REDACCIÓNLa defensa del empresario busca demostrar que sus compañías cumplieron los contratos suscritos con el Seguro Nacional de Salud, mientras representantes de querellantes cuestionan la imparcialidad y el alcance de la experticia.
Santo Domingo, República Dominicana.-El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó la realización de un peritaje médico-legal sobre los registros clínicos electrónicos de dos empresas vinculadas al empresario Eduardo Read Estrella, uno de los imputados en el proceso judicial por el presunto fraude millonario cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien acogió una solicitud presentada por la defensa del empresario para examinar la documentación relacionada con los servicios médicos que las compañías Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L. habrían ofrecido a los afiliados de la aseguradora estatal.
Como parte de la disposición, el magistrado autorizó la participación del médico Alejandro Fonseca Granda, miembro del Colegio Médico Dominicano, propuesto por la representación legal del imputado para desarrollar la experticia.
El estudio busca determinar si las prestaciones médicas registradas por ambas entidades corresponden a servicios efectivamente realizados y si las compañías cumplieron las obligaciones establecidas en sus contratos con SeNaSa.
Defensa considera que la decisión garantiza sus derechos procesales
El abogado Jorge López Hilario, representante legal de Read Estrella, valoró favorablemente la autorización judicial y explicó que la solicitud forma parte de las diligencias permitidas durante la etapa investigativa del proceso penal.
Según el jurista, la defensa tiene derecho a proponer investigaciones y presentar elementos probatorios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos atribuidos a su representado.
En ese sentido, sostuvo que la intervención del tribunal garantiza el ejercicio del derecho de defensa y el principio de contradicción, fundamentales dentro del debido proceso.
La revisión abarcará documentación clínica y registros electrónicos vinculados a las prestaciones que las empresas afirman haber realizado mediante sus establecimientos de atención médica.
El Ministerio Público no presentó oposición a la realización del peritaje ni a la designación del profesional propuesto, según las informaciones divulgadas sobre la audiencia.
Querellantes cuestionan la imparcialidad del perito
La decisión judicial provocó diferencias entre las partes involucradas en el expediente.
El abogado Miguel Surún Hernández, representante de una organización querellante contra los implicados en el presunto desfalco a SeNaSa, manifestó su rechazo a la autorización del peritaje y cuestionó que el profesional encargado fuera propuesto por la propia defensa del empresario investigado.
Surún sostuvo que la experticia podría presentar dificultades relacionadas con la imparcialidad y con la capacidad técnica necesaria para verificar la autenticidad de los registros electrónicos.
También expresó preocupación por la posibilidad de que las conclusiones del estudio sean utilizadas para cuestionar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El jurista formuló señalamientos sobre una presunta manipulación de información, aunque esas afirmaciones constituyen denuncias de la parte querellante y no hechos judicialmente establecidos.
La controversia plantea la necesidad de diferenciar entre la evaluación médica de los servicios registrados y la verificación informática de la autenticidad, integridad y trazabilidad de los documentos digitales.
Ministerio Público sostiene que empresas participaron en esquema de sobornos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas Khersun y Deleste habrían sido utilizadas dentro de un mecanismo de contratación y pagos irregulares relacionado con el Seguro Nacional de Salud.
Los investigadores atribuyen al empresario Eduardo Read Estrella la presunta entrega de más de RD$1,621 millones en sobornos al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, mediante la intervención de José Pablo Ortiz Giráldez.
El órgano acusador sostiene que parte de los recursos desembolsados por la aseguradora correspondía a prestaciones médicas que no habrían sido suministradas a los afiliados.
Según los señalamientos contenidos en el expediente, las compañías habrían recibido pagos mensuales establecidos contractualmente sin ofrecer todos los servicios que justificaban esas erogaciones.
Estas imputaciones forman parte de la investigación penal y deberán ser examinadas conforme a las pruebas presentadas y contradichas durante el procedimiento judicial.
Hasta que exista una decisión definitiva, corresponde preservar la presunción de inocencia de las personas sometidas al proceso.
Peritaje podría convertirse en elemento importante para el expediente
La experticia autorizada por el tribunal adquiere relevancia porque permitirá incorporar al proceso una evaluación técnica solicitada por la defensa sobre uno de los aspectos centrales de la investigación: la correspondencia entre los pagos realizados por SeNaSa y los servicios de salud efectivamente prestados.
No obstante, la autorización del estudio no significa que el juez haya determinado la inocencia del empresario ni que las conclusiones del futuro informe tengan valor probatorio absoluto.
El resultado deberá ser evaluado junto con los demás elementos de prueba y podrá ser cuestionado por las partes conforme a las reglas del procedimiento penal.
De igual manera, la existencia de registros clínicos electrónicos no demuestra automáticamente que las prestaciones se hayan realizado, por lo que resulta importante verificar su autenticidad, consistencia y correspondencia con las atenciones médicas efectivamente brindadas.
Investigación mantiene atención sobre manejo de recursos públicos
El denominado caso Cobra, relacionado con el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud, continúa generando atención nacional por las dimensiones económicas de las irregularidades investigadas y por tratarse de recursos vinculados a la cobertura sanitaria de la población.
La controversia sobre el peritaje refleja las diferencias existentes entre las estrategias de defensa de los imputados y las posiciones de quienes procuran establecer responsabilidades por los presuntos perjuicios ocasionados a la aseguradora estatal.
En este escenario, la investigación deberá determinar si los desembolsos realizados respondieron a obligaciones contractuales legítimas o si existieron operaciones irregulares que comprometieron los fondos del sistema de seguridad social.
La decisión del tribunal abre una nueva etapa de discusión probatoria en el expediente SeNaSa, en la que la transparencia de los registros médicos, el rigor de las evaluaciones técnicas y el respeto de las garantías procesales serán determinantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
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Dictan tres meses de prisión preventiva contra hombre acusado de agresión sexual a una bebé
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18 horas agoon
noviembre 17, 2026El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, mientras el Ministerio Público continúa investigando los hechos y la difusión de videos de contenido sexual en redes sociales.
Santo Domingo, República Dominicana.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, investigado por una presunta agresión sexual contra su sobrina de apenas 11 meses de edad.
La medida fue dispuesta por el juez Emmanuel López, quien ordenó que el imputado permanezca recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.
El proceso judicial se inició a raíz de la circulación de materiales audiovisuales en la red social TikTok, en los que presuntamente aparece el investigado junto a la menor realizando expresiones y actuaciones de contenido sexual.
La difusión de las grabaciones provocó rechazo en distintos sectores de la sociedad y motivó la intervención de las autoridades encargadas de la persecución penal y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Denuncia familiar dio origen a las investigaciones
De acuerdo con las informaciones contenidas en el expediente, el padre de la niña presentó una denuncia después de recibir uno de los videos y reconocer a su hija en compañía del imputado.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
Durante el proceso investigativo también fue entrevistada la abuela materna de la menor, quien aportó informaciones relacionadas con el lugar donde presuntamente se produjeron los acontecimientos.
Las autoridades procuran establecer el alcance de las actuaciones atribuidas al acusado y verificar los elementos digitales incorporados a la investigación.
Policía Cibernética analiza materiales audiovisuales
Como parte de las diligencias, agentes especializados de la Policía Cibernética realizaron labores de rastreo e identificación de los perfiles digitales desde los cuales fueron difundidas las grabaciones.
El expediente incluye materiales audiovisuales preservados por los investigadores, capturas de publicaciones y documentación técnica relacionada con la circulación del contenido.
Las autoridades buscan determinar las circunstancias de producción y difusión de los archivos, así como cualquier otra posible responsabilidad derivada de su utilización en plataformas digitales.
El Ministerio Público investiga posibles infracciones contempladas en el Código Penal dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y las disposiciones de protección de la niñez y la adolescencia, según las calificaciones jurídicas que correspondan a los hechos investigados.
Investigan posibles denuncias adicionales
En el transcurso de las investigaciones también surgieron señalamientos sobre posibles agresiones que habrían afectado a otras menores de edad.
De acuerdo con informaciones divulgadas por representantes legales vinculados al caso, entre las posibles víctimas figurarían adolescentes cuyas situaciones están siendo evaluadas por especialistas forenses.
Sin embargo, estas denuncias adicionales deberán ser investigadas individualmente y sustentadas mediante los elementos probatorios correspondientes.
Las autoridades tendrán que determinar si existen fundamentos suficientes para ampliar las imputaciones o iniciar procedimientos separados.
Autoridades advierten sobre difusión de videos
Uno de los aspectos que mayor preocupación ha generado es la circulación del material audiovisual relacionado con la menor.
En ese sentido, el Ministerio Público ha exhortado a la ciudadanía a abstenerse de compartir, reproducir o divulgar las grabaciones, debido a que estas actuaciones pueden provocar una nueva vulneración de los derechos de la niña y de su intimidad.
La legislación dominicana establece mecanismos especiales para proteger la identidad, dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se encuentran involucrados en investigaciones de naturaleza sexual.
Por esa razón, las autoridades consideran indispensable evitar cualquier exposición innecesaria de la víctima y garantizar la confidencialidad de las diligencias que puedan comprometer su protección.
Proceso continuará bajo investigación judicial
La imposición de tres meses de prisión preventiva constituye una medida de coerción destinada a asegurar los fines del procedimiento penal y no representa una declaración definitiva de culpabilidad.
Durante este período, el Ministerio Público continuará reuniendo los elementos necesarios para sustentar las imputaciones y determinar las actuaciones procesales que correspondan.
El acusado conserva sus derechos fundamentales y la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente establezca su responsabilidad mediante una sentencia firme.
El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección de la niñez frente a posibles agresiones sexuales, así como la necesidad de actuar oportunamente ante cualquier señal de vulneración de sus derechos.
La prioridad de las instituciones deberá centrarse en garantizar la protección integral de la menor, preservar las pruebas y desarrollar una investigación rigurosa que permita esclarecer los hechos dentro del marco de la ley.
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Gobierno dispone ampliar plazo para facturación electrónica de pequeños negocios tras reclamos de comerciantes
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21 horas agoon
noviembre 17, 2026La DGII anunciará antes del 30 de noviembre las nuevas fechas y los criterios para identificar a los contribuyentes beneficiados. Por el momento, no aplicará multas ni cierres de establecimientos por incumplimiento del plazo anterior.
Santo Domingo, República Dominicana.La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este martes que extenderá el plazo para la incorporación obligatoria al sistema de facturación electrónica de los micro y pequeños contribuyentes, una decisión adoptada por instrucciones del Poder Ejecutivo en medio de las preocupaciones expresadas por comerciantes sobre las dificultades para implementar el nuevo mecanismo tributario.
La disposición se produce luego de que diversos sectores comerciales, particularmente propietarios de colmados y pequeños establecimientos, manifestaran su inconformidad con las exigencias tecnológicas y administrativas necesarias para adaptarse al sistema.
Mediante un comunicado, la administración tributaria informó que, a más tardar el próximo 30 de noviembre, dará a conocer las nuevas fechas de cumplimiento y establecerá los criterios para determinar cuáles contribuyentes podrán beneficiarse de la ampliación.
La institución precisó que la implementación de la facturación electrónica no representa la creación de nuevos impuestos y reiteró su disposición de orientar a los contribuyentes durante el proceso de transición.
De acuerdo con los datos divulgados por la DGII, más de 165,000 contribuyentes ya se encuentran incorporados al sistema.
Cambio de posición tras vencimiento del plazo
El anuncio representa un cambio respecto a la posición expresada inicialmente por las autoridades tributarias, que habían señalado las limitaciones legales para conceder una nueva prórroga general.
El plazo anterior venció el 15 de noviembre de 2026, luego de una extensión de seis meses concedida para facilitar la adaptación de los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados.
Sin embargo, el lunes 16 de noviembre, la DGII informó que no impondría, por el momento, sanciones económicas ni ordenaría cierres de negocios por no haber completado el procedimiento dentro de la fecha establecida.
Un día después, el organismo confirmó que el Poder Ejecutivo había dispuesto ampliar el período de incorporación para determinados sectores comerciales.
La aplicación del nuevo plazo deberá precisar su alcance y el mecanismo jurídico correspondiente, tomando en consideración las disposiciones de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación 587-24.
Colmaderos reclaman condiciones adaptadas a sus negocios
La decisión gubernamental ocurre después de las protestas realizadas por pequeños comerciantes en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, donde representantes del sector expresaron preocupación por los costos y las dificultades operativas que supone adoptar la facturación electrónica.
Entre sus principales inquietudes figuran la necesidad de disponer de equipos tecnológicos, conexión a internet y conocimientos especializados para cumplir con las nuevas obligaciones.
Los comerciantes han insistido en que no se oponen al cumplimiento de sus responsabilidades fiscales, sino que solicitan mecanismos ajustados a la realidad económica y administrativa de los establecimientos de menor tamaño.
Algunos representantes del sector también han propuesto modalidades simplificadas de tributación y mayor asistencia técnica para evitar que la transformación digital represente una carga difícil de asumir.
Las manifestaciones evidencian los desafíos que enfrenta la administración tributaria para incorporar a miles de pequeños negocios a un sistema que requiere nuevas herramientas y procedimientos.
Modernización tributaria y protección de pequeños negocios
La implementación de la facturación electrónica forma parte del proceso de modernización del sistema tributario dominicano, orientado a digitalizar las operaciones comerciales y fortalecer los mecanismos de control fiscal.
No obstante, su aplicación entre microempresas y pequeños establecimientos plantea la necesidad de acompañar las exigencias legales con capacitación, asistencia tecnológica y mecanismos accesibles para los contribuyentes.
En ese contexto, la ampliación anunciada por la DGII abre un espacio para que los negocios que todavía no han completado su incorporación puedan prepararse conforme a las condiciones que establezcan las autoridades.
La institución mantiene habilitados sus canales de orientación para atender consultas relacionadas con el proceso.
Mientras tanto, los contribuyentes deberán esperar la comunicación oficial que definirá la nueva fecha límite y los requisitos para acogerse a la medida.
La decisión coloca nuevamente en el centro del debate el desafío de modernizar la administración tributaria sin comprometer la estabilidad de los pequeños negocios, que constituyen una parte importante de la actividad comercial y del sustento de numerosas familias dominicanas.
La atención se concentra ahora en el anuncio previsto para antes del 30 de noviembre, cuando la DGII deberá despejar las dudas sobre el alcance de la extensión y las condiciones que regirán su aplicación.
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ADP exige garantizar el 4 % del PIB para educación en el Presupuesto de 2027 y advierte posibles protestas
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21 horas agoon
noviembre 17, 2026El gremio magisterial denuncia una reducción de RD$18,200 millones en los recursos destinados al Ministerio de Educación y solicita al Congreso Nacional corregir las asignaciones antes de aprobar el proyecto presupuestario.
Santo Domingo, República Dominicana | 17 de noviembre de 2026
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó este martes su preocupación ante la asignación de recursos contemplada en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, al considerar que las partidas destinadas a la educación preuniversitaria no cumplen con el mínimo del 4 % del producto interno bruto (PIB) establecido en la legislación dominicana.
El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, advirtió que, de mantenerse la distribución presupuestaria propuesta por el Poder Ejecutivo, miles de estudiantes podrían continuar enfrentando dificultades relacionadas con la falta de aulas, la insuficiencia de docentes, el hacinamiento escolar y las deficiencias de los servicios básicos en los centros educativos públicos.
Durante una reunión con integrantes de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Hidalgo solicitó a los legisladores revisar las cifras presentadas por el Gobierno y realizar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97.
Según los cálculos expuestos por la ADP, durante el presente año se produjo una reducción de aproximadamente RD$14,000 millones en los recursos educativos, mientras que el proyecto correspondiente a 2027 ampliaría esa diferencia a unos RD$18,200 millones.
El sindicato sostiene que esta situación representaría un segundo año consecutivo de incumplimiento de la asignación mínima establecida legalmente, si el Congreso aprueba la propuesta sin modificaciones.
Reclaman mayor inversión en las escuelas públicas
Hidalgo manifestó que las necesidades actuales del sistema educativo son considerablemente mayores que las existentes hace dos décadas, por lo que entiende que reducir los recursos disponibles agravaría problemas estructurales que todavía afectan a numerosas comunidades.
Entre las principales dificultades mencionadas figuran la escasez de espacios educativos, la necesidad de incorporar personal docente y las condiciones inadecuadas de infraestructura y saneamiento en distintos planteles.
El dirigente magisterial insistió en que una educación pública de calidad requiere una inversión suficiente, acompañada de mecanismos efectivos de planificación, supervisión y ejecución presupuestaria.
Asimismo, cuestionó que durante años anteriores el Ministerio de Educación no utilizara la totalidad de los fondos aprobados.
De acuerdo con las cifras presentadas por el gremio, entre 2022 y 2025 habrían quedado sin ejecutar unos RD$41,535 millones, una situación que, a juicio de la organización, merece explicaciones de las autoridades responsables.
Solicitan asignación superior a RD$383,000 millones
La ADP pidió que el presupuesto del Ministerio de Educación para 2027 alcance los RD$383,784.1 millones, monto que el gremio considera necesario para cumplir con la proporción establecida por la legislación.
El artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97 contempla una inversión mínima equivalente al 16 % del gasto público total o al 4 % del PIB estimado, tomando como referencia el monto que resulte mayor, conforme a las disposiciones de dicha normativa.
Por esa razón, la organización considera indispensable que el Poder Legislativo revise la propuesta presupuestaria antes de su aprobación definitiva.
Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Nolberto Ortiz, manifestó que las inquietudes planteadas por los representantes del magisterio serán examinadas durante los próximos días.
No descartan manifestaciones frente al Congreso
El presidente de la ADP advirtió que, si sus reclamaciones no reciben una respuesta satisfactoria, el gremio podría convocar movilizaciones frente al Congreso Nacional para exigir el cumplimiento de la asignación presupuestaria.
No obstante, Hidalgo expresó su esperanza de que los legisladores atiendan los planteamientos sin necesidad de recurrir a las protestas.
La organización aseguró que continuará dando seguimiento al proceso de discusión del proyecto presupuestario y mantendrá sus gestiones ante los congresistas.
El debate sobre los fondos destinados a la educación vuelve así a colocar sobre la mesa dos asuntos fundamentales para el país: el cumplimiento de la inversión mínima establecida por la ley y la capacidad de las instituciones para transformar esos recursos en mejoras concretas para los estudiantes.
Las cifras principales de la información también fueron confirmadas por otros medios nacionales este 17 de noviembre. Según la ADP, el proyecto contempla RD$365,570.4 millones, frente a los RD$383,784.1 millones que reclama para completar el 4 % del PIB proyectado.
