Opinión
Causa y Efecto de la Procrastinación Legislativa en la República Dominicana
Por Robinson Lebrón
El término procrastinación se ha convertido en un fenómeno típico en las sociedades de todo el mundo, cuya actividad de posponer tareas es un acto irresponsable del sujeto. Éste actuar puede ser voluntario o involuntario que genera severas consecuencias, se inicia en la adolescencia y se establece en la edad adulta perjudicando su desempeño académico y laboral (Álvarez, 2010).
Antiguamente, se referían a la procrastinación como el comportamiento de postergar tareas, esta conducta era socialmente aceptada y justificada; sin embargo, comenzó a tornarse negativo en la modernidad, cuando la aplicación de técnicas productivas se convirtió en la fuente de progreso económico y financiero de la sociedad (Steel, 2007).
En un lenguaje llano el fenómeno de la procrastinación irradia a todo el accionar social, incluyendo las operaciones que por su naturaleza y reglamentación debe ser y son de responsabilidad de los estados, así como cumplir de manera íntegra, efectiva y eficaz, las adecuaciones de las legislaciones conforme a los acuerdos y tratados internacionales que a menudo se observan productos de los requerimientos y demandas por los constantes cambios de las sociedades.
Es de gran relevancia recordar que a 14 años de la reforma de las grandes (e incomparables) invenciones que aportó consigo la evolución constitucional del año 2010, en la que podemos resaltar la disposición de una categoría normativa hasta entonces virgen y desconocida entre nosotros: la ley orgánica. Ya lo sabían los constitucionalistas, pero a todos los demás nos es rentable recordar que el artículo 112 de la Constitución:
Cito: Artículo 112.- ‘’Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras’’ (Constitucion 2010).
Esta facultad especial y exclusiva para los aspectos que establece el artículo antes mencionado, deja claro que corresponden al dominio del legislador orgánico (más allá de otros casos puntuales que la propia norma constitucional designa) todas las leyes que “por su naturaleza” incidan en los derechos fundamentales, la estructura y organización del poder público y del territorio, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero y el presupuesto, planificación e inversión pública, los procedimientos constitucionales y la seguridad y defensa. Lo que nos dice la Constitución, que las leyes orgánicas han de ser aprobadas o modificadas mediante una mayoría calificada (dos terceras partes) de “los presentes en ambas cámaras”.
Las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias, desde el punto de vista constitucional, para regular algún aspecto de la vida social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes ordinarias y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Según Kelsen, las Leyes Orgánicas son inferiores en rango a la Constitución, pero superiores a las ordinarias.
A raíz de la entrada en vigencia de la profunda y especial reforma de la constitución el 26 de enero año 2010, el estado dominicano quedó con la responsabilidad ineludible e impostergable de creaciones, modificaciones y cambios de una importante cantidad de reglas que completarían la gigante tarea de transformación social, política y económica de la Republica Dominicana.
Cabe destacar y reconocer que el legislador dominicano ha realizado un esfuerzo enorme para la formulación de una legislación que valla a corde con los catálogos que surgieron en la constitución del 2010, más la cultura de procrastinación antes referida ha traído consigo un atraso de la creación de las diversas e importantes leyes en sus diferentes jerarquías, que sin dudas han creado un vacío jurídico en temas de trascendencia nacional.
Basta solo recordar la recién situación acaecida en el municipio de la importante provincia de la Vega Real de la región norte de República Dominicana, que a partir de la designación como ministro de deporte del señor Kelvin Cruz, y su vicealcaldesa, ambos renunciantes a posiciones electivas, creando esta decisión una vacante de las autoridades de ese municipio, el cual la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios de fecha 17 de julio del 2007 establece cual sería el procedimiento para la sustitución ante la ausencia por cualquiera de las causas de las autoridades municipales, pero conforme a la constitución del año 2002.
Articulo 55 numeral 11 de la constitución del 2003.
Cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o síndicos municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el poder ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le somete el partido del regidor o sindico que originó la vacante. La terna deberá ser sometida al presidente dentro de los primeros 15 días de la concurrencia de la vacante; de no ser sometida dicha terna en el indicado plazo, el poder ejecutivo hará la designación correspondiente (Dominicana C. d., 2003).
Cito:
‘‘Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios- Articulo 64. Sustitución del Sindico/a.
Si se produjere vacante en el cargo de sindico/a por cualquiera de las causas que producen la pérdida del mismo, se procederá a posesionar al vicesindico/a, quien prestará juramento ante el concejo municipal en sesión extraordinaria convocada al efecto.
Parrafo I.- Si no hubiera vicesindico/a, el presidente/a del concejo municipal se dirigirá al presidente de la Republica para que proceda a su designación conforme el procedimiento establecido en la Constitución de la República.
Parrafo II.- Si el vicesindico/a renunciase o no pudiese ejercer las funciones de sindico, con carácter provisional las ejercerá el secretario/a general o funcionario que designe el concejo municipal.
Parrafo III.- Quien actúe en funciones de sindico/a deberá hacer constar expresamente en su correspondencia y actuaciones su condición (Ley 176-07 , 2007)’’
Es indispensable recordar que la mencionada ley del Distrito y los ayuntamientos es una de las preconstitucionales del año 2010, por lo que está pendiente de adecuar esa norma desde su estructura general hasta los términos gramaticales a esa constitución del año 2010, por lo que podemos afirmar que es la razón por la que las diferentes opiniones acerca de la designación de las autoridades municipales de esa importante demarcación territorial, gana sin lugar a dudas importante espacio en la opinión pública nacional.
Desde que fue publicada la ley 176-07 del Distrito Nacional y los ayuntamientos, el día 17 de julio del año 2007, el país ha transitado por varias reformas constitucionales, de lo cual no crean referencia a las prerrogativas de los poderes para decidir ante situaciones concitada como la que estas viviendo la provincia de la Vega Real, donde las autoridades municipales electas renunciaran a dicha elección popular.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Isaías Ramos
La República Dominicana no puede seguir engañándose. El subsidio actual al combustible y al sector eléctrico no solo es fiscalmente insostenible; también es social y fiscalmente injustificable. La factura no la paga una cifra. La paga la madre que reduce comida, el productor que ve subir sus costos y la familia que descubre, una vez más, que el mes es más largo que el salario. La paga también el hogar que cada semana tiene que escoger entre completar la compra, pagar el pasaje o posponer una medicina. Porque una parte importante de ese esquema se financia con más deuda, más déficit y más presión sobre un futuro que no vota, no decide y no se defiende: el de generaciones que ni siquiera han nacido.
Ese es el fondo del problema. Se sigue administrando el presente como si el futuro fuera una cuenta ajena. Se siguen comprando semanas de aparente alivio al precio de años de dependencia. Y así, una dirigencia que ha preferido postergar las correcciones necesarias termina trasladando la factura a los hijos de un país que ya vive demasiado estrecho.
Pero tampoco sería serio reducir la crisis eléctrica exclusivamente a las distribuidoras. El sector eléctrico dominicano no puede seguir analizándose a pedazos ni utilizándose como coartada parcial para justificar un desorden más grande. Sin una auditoría integral del sistema eléctrico —desde la generación hasta la distribución— el país seguirá discutiendo fragmentos y no la verdad completa del problema. Y mientras esa verdad no se conozca, el presupuesto seguirá absorbiendo un sacrificio enorme para sostener un sistema que no termina de corregirse.
Eso ya sería suficientemente grave. Pero el cuadro se vuelve todavía más peligroso cuando se mira la producción nacional de alimentos.
Durante demasiado tiempo, en lugar de proteger, incentivar y planificar la producción agrícola y pecuaria, el Estado ha permitido que se consolide una lógica de importación fácil que beneficia a pocos y debilita al productor local. Se importa sin visión estratégica, se posterga la inversión productiva, se deja solo al agro frente al clima, al financiamiento caro, a la logística deficiente y al abandono técnico, y luego se pretende vender ese atajo como eficiencia económica.
No lo es.
Es la lógica de comer hoy para pasar hambre mañana.
Porque cuando un país castiga su producción nacional y se acostumbra a sustituirla por importaciones oportunistas, lo que parece alivio momentáneo termina convirtiéndose en vulnerabilidad estructural. Hoy puede bajar una presión coyuntural. Pero mañana, cuando el clima golpee más fuerte, cuando el transporte internacional encarezca, cuando los fertilizantes suban, cuando la energía siga presionando costos y cuando la oferta local continúe siendo insuficiente, el pueblo dominicano sentirá con mucha más crudeza el peso del abandono.
Y ese riesgo ya no es teórico.
Entramos a un mundo incierto, marcado por turbulencias económicas, choques energéticos, tensiones geopolíticas y creciente presión sobre los alimentos. La República Dominicana llega a ese mundo sin márgenes suficientes de protección, con servicios básicos aún no resueltos, con un sistema eléctrico todavía opaco e ineficiente y con una estructura productiva que no ha sido fortalecida como debió ser. La crisis encuentra al país tarde y débil, mientras los sectores con mayor capacidad de protección enfrentan mejor el golpe que la mayoría. Al pueblo le quedan la factura, el dolor y el peso de una indiferencia acumulada durante décadas.
Un país sin producción fuerte no enfrenta las crisis: las padece.
Por eso la discusión no puede seguir atrapada entre dos errores: subsidiarlo todo o quitarlo todo. Ninguno de los dos caminos resuelve el problema. Lo correcto es reordenar el Estado con verdad y prioridad nacional.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, una transformación del esquema de subsidios, dejando atrás los subsidios generales, opacos y poco focalizados, y sustituyéndolos por protección directa, transparente y verificable para quienes realmente lo necesitan, así como para funciones sociales y productivas esenciales.
Tercero, una defensa seria de la producción nacional, especialmente agrícola, pecuaria y pesquera, con planificación, crédito, riego, logística, asistencia técnica, compras públicas inteligentes y la reactivación de INESPRE como instrumento permanente de estabilización de precios, apoyo a mercados de productores y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal real, que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
La República Dominicana necesita dejar de administrar escasez con propaganda. Necesita verdad, disciplina, producción y visión de futuro. La responsabilidad de un liderazgo serio no es administrar el deterioro, sino corregirlo antes de que se convierta en destino. Porque la mala política no se siente primero en los despachos; se siente en la mesa de la familia dominicana.
Y ningún pueblo merece heredar, como destino, la factura de una dirigencia que, pudiendo corregir a tiempo, prefirió postergar las decisiones que el país exigía. Porque un país que subsidia mal, importa mal y se endeuda mal no protege a su pueblo: compromete su destino.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Por Oscar López Reyes
A fuego y sangre, en 1776 las 13 colonias norteamericanas se liberaron de la servidumbre del Reino de Gran Bretaña, y en las décadas subsiguientes la nueva República emuló a ese imperio: con los dientes más afilados que un Dragón se adueñó –por invasión y compra- de territorios cercanos y lejanos. En el último medio siglo, Estados Unidos ha pilotado fatigosos reveses tras intervenciones militares y, en la cubierta de ese cadalso, estratégicamente el presidente Donald Trump ha sido contrarrestado por Irán, acelerando la pérdida de su hegemonía militar y económico-financiera y automatizada la transición hacia un nuevo universo multipolar.
Como líder de una nación que se deshace en su unipolaridad, dominada por una desapercibida élite plutócrata con poder transnacional, Trump acaba de retroceder, envuelto en columnas de humo. Se está tragando sus propias palabras luego de afirmar que haría desaparecer a una civilización completa (la de la República Islámica de Irán), pero se ha visto compelido a anunciar una tregua indefinida en ese territorio del Medio Oriente.
El mandatario gringo reculó por la advertencia rusa de que habrá una respuesta militar directa, a raíz de la incautación de un petrolero, que abarcaría la acometida con torpedos y el hundimiento de barcos estadounidenses. Informes señalan que Rusia e Irán intercambian inteligencia sobre la operatividad de Estados Unidos y que ha sido activado el Pacto de Cooperación Militar Total suscrito en secreto entre Moscú y Teherán, que cubre la transferencia a esta última de misiles hipersónicos King Sal y tecnología nuclear.
El audaz de Vladimir Putin, presidente de Rusia, previno que “un ataque contra irán puede desatar una catástrofe”, que acarrearía hacía la Tercera Guerra Mundial, porque el apoderamiento de los recursos energéticos del Golfo Pérsico por Estados Unidos e Israel impediría el suministro de petróleo a Rusia, China e India. Irán exporta a China más del 90% de su hidrocarburo, que cruza por el estrecho de Ormuz, en tanto que Rusia abastece del crudo a China y a India.
La balcanización estrangularía a China, Rusia e India y destruiría la coalición del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que luego se unieron Irán, Arabia Saudita, Egipto y Etiopía), que impulsa la cooperación financiera de esos representantes del “Sur Global”. Al unísono, el Eje de la Resistencia del Medio Oriente persigue consolidar el control del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo.Estados Unidos no levanta cabeza. Ha gastado una inmensidad de recursos financieros, militares y humanos, interviniendo militarmente en países que, a la postre, no alcanza controlar. Ejemplifiquemos:
1.- Somalia. El de Trump ha superado con creces a los gobiernos juntos de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden en los despliegues de tropas especiales y los bombardeos con drones para desmantelar a los grupos armados, como Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda, y facciones regionales del Estado Islámico en el Cuerno de África, para alegadamente proteger los intereses de Estados Unidos.
2.- Afganistán. En el 2001, Estados Unidos ocupó, con el cañón del fusil, a este país, buscando liquidar Al-Qaeda (fundado por Osama bin Landen) y deponer a los talibanes, y concluyó en el 2021, veinte años después, en la guerra más prolongada de la potencia del Norte. Resultados: 2,459 bajas militares yanquis, el desmoronamiento del Ejército entrenado por Estados Unidos, el regreso al poder de los talibanes fundamentalistas y una abrumadora crisis tanto humanitaria como de derechos humanos.
3.- Irak. Tras la invasión de Estados Unidos de 2003 y la ejecución del presidente Saddam Hussein, sobrevino un insondable vacío de poder, con una sangrienta guerra civil intransigente. La nación se sumergió en una inestabilidad crónica, bajo la vanguardia del Estado Islámico (ISIS), interferida por una corrupción endémica y una aguda crisis económica, que fragmento la democracia, hasta hoy.
4.- Nigeria. En el mandato de Trump, Estados Unidos llevó a cabo embestidas aéreas contra grupos musulmanes para respaldar al gobierno multipartidista encabezado por Bola Ahmed Tinubu; ha desplegado a 100 militares estadounidenses para entrenar a las fuerzas nigerianas y vendido armas por 346 millones de dólares, para combatir las acciones del yihadista Estado Islámico/ISIS, la persecución religiosa y estabilizar el África occidental, clave por sus recursos petroleros.
5.- Yemen. Estados Unidos junto a Israel ha destruido infraestructuras y abatido a miles de civiles en más de mil ataques aéreos y navales contra objetivos de Yemen. Los hutíes lanzan misiles y drones hacia Israel, primero contra su guerra genocida en la Franja de Gaza y posteriormente en respaldo a Irán.
6.- Siria. Estados Unidos atacó militarmente objetivos del (EIIL: I significa Irak y “L” Levante (Siria, Líbano, Palestina y Jordania), actor principal en la guerra civil siria, proporcionó respaldo político y militar para la caída, el 8 de diciembre de 2024, del presidente Bashar al-Assad; los kurdos tomaron el poder, Siria enfrenta una división territorial y una profunda crisis humanitaria, en tanto que en febrero de 2026 Trump ordenó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de esa República Árabe enclavada en el Oriente Próximo. En este país Rusia ha instalado dos bases militares.
7.- Irán. El gobierno de Trump ha incrementado a gran escala, junto con Israel, los bombardeos contra instalaciones militares e infraestructuras urbanísticas de este territorio cuyas autoridades la han contrarrestado con misiles y drones y han bloqueado el estrecho de Ormuz, lo que ha aumentado los precios del petróleo, la inflación y generado una crisis internacional de peligrosa dimensión.
A su vez, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel, Irán lidera el denominado ´´Eje de la Resistencia´´ o ´´Media Luna Chii´´ que coaliciona a Hezbola, en El Líbano; los huties, en Yemen; las milicias de Irak, y Hamas y Yihad Islámica, en Palestina.
Colofón. Las ocupaciones de Estados Unidos se han traducido en fracasos estrepitosos, porque ha triunfado más la estrategia de los contrarios que su superioridad militar. En lugar de lograr estabilidad política, ha prevalecido un vacío de poder y el caos. El nacionalismo, las culturas locales, las ideologías políticas y los fundamentos religiosos han demostrado más pujanza que las bayonetas.
¿Frenarán Estados Unidos e Israel el programa nuclear de Irán? ¿Mantendrán estas dos naciones el dominio estratégico en Medio Oriente? ¿Evitarán que Rusia y China controlen las rutas comerciales claves de los recursos energéticos? ¿Impedirán la operatividad de grupos que puedan amenazar la seguridad estadounidenses y sus aliados en la zona? ¿Conseguirá Irán avanzar como potencia regional dominante en la meta de eliminar a Israel?
El Medio Oriente vive un momento histórico, buscando que los aliados del Brics lleguen a la meta geopolítica de un Nuevo Orden Mundial, en el triunfo del bloque antioccidental y antisraelís. El conflicto y la crisis están en marcha…
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El autor: Periodista, catedrático y escritor.
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26 de abril de 2026.
Por Rommel Santos Diaz
El crimen de agresión plantea una amenaza singular al entorno natural no solo porque la fuerza militar que toma parte en el acto de agresión normalmente causa daños ambientales, sino también porque los actos de agresión a menudo desencadenan conflictos armados que causen nuevos daños al medio ambiente.
El articulo 8 bis, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen la agresión que tiene lugar cuando se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
En el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define como acto de agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En este mismo artículo se enumeran como ejemplos de actos de agresión la invasión, la ocupación militar y el bombardeo.
Casi todos los actos de agresión enumerados en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden dirigirse contra el medio ambiente o causar daños a este. Por ejemplo , el bombardeo del territorio de un Estado causará a menudo la muerte de animales y destruye y contamina campos, bosques y masas de agua, contamina el aire y afectará a la seguridad del clima. Análogamente, la invasión de un Estado puede conducir a la explotación ilegal de recursos naturales y la confiscación ilegal de tierras, así como anexión formal.
El hecho de que un acto constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas se determinara en fucion de sus características, gravedad y escala.
Al evaluar esos factores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, entre otras cosas, el daño sufrido por el medio ambiente como consecuencia del acto de agresión, el número y el tipo de víctimas humanas y no humanas del acto y si el daño ambiental es, potencialmente irreversible.
Finalmente, la Fiscalía considera que la destrucción y el daño intencionales del medio ambiente en un Estado ajeno constituyen una forma de uso de la fuerza especialmente grave, pues el entorno natural no debe instrumentalizar en el marco de las relaciones internacionales.