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«No hay razón que empresas distribuidoras electricidad no reduzcan pérdidas».
Santo Domingo – Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), ha delineado un ambicioso plan para reducir las pérdidas en el sector eléctrico de la República Dominicana, con el objetivo de alcanzar una disminución significativa para el año 2027.
Marranzini destacó que actualmente, el país enfrenta un desafío crítico con más de 800,000 usuarios conectados ilegalmente, lo que representa una pérdida significativa para las empresas distribuidoras de electricidad.
Marranzini señaló que el reto principal es reducir las pérdidas del sistema, que actualmente alcanzan niveles preocupantes. «El reto al 2027 es eliminar gran parte de esa pérdida. Por otro lado, tenemos actos niveles históricos de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra», indicó el ejecutivo.
Inversiones Significativas para Reducir Pérdidas
El plan incluye una inversión anual de aproximadamente 300 millones de dólares, destinados a modernizar y fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico. Sin embargo, Marranzini reconoció que en 2024 será imposible alcanzar este nivel de inversión debido al tiempo que requiere la adquisición de transformadores y otros equipos esenciales. «Esa es la meta para los años 2025 y 2026», añadió.
Marranzini anunció un financiamiento considerable de 650 millones de dólares para las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDEs), que incluirá:
155 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para subestaciones de Edesur.
120 millones de dólares del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) para subestaciones de Edeeste y Edenorte.
36 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y 39 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para alumbrado público.
75 millones de dólares para la habilitación de redes.
225 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que Marranzini calificó como el préstamo más importante, ya que permitirá un cambio en el sistema comercial de las distribuidoras.
Metas de Reducción de Pérdidas
Las metas establecidas por el CUED son ambiciosas. Según Marranzini, las empresas distribuidoras deben reducir sus pérdidas significativamente en un plazo de tres años. «No hay razón para que las empresas distribuidoras no reduzcan las pérdidas en relativamente corto tiempo. Tres años no es corto, es largo cuando se está perdiendo dinero», enfatizó.
Las metas específicas incluyen:
Edesur: Reducir pérdidas del 32% al 20%.
Edeeste: Reducir pérdidas del 56% al 41%.
Edenorte: Reducir pérdidas del 26% al 20%.
Marranzini concluyó subrayando que los recursos están disponibles, el personal está capacitado, y no hay excusas para no alcanzar estos objetivos. «Ese es el esfuerzo que hay que hacer en este sistema», afirmó, haciendo un llamado a la acción para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico del país.
Este plan refleja el compromiso del CUED para abordar las deficiencias históricas del sector eléctrico en la República Dominicana, buscando un sistema más eficiente y equitativo para todos los usuarios.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.