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«No hay razón que empresas distribuidoras electricidad no reduzcan pérdidas».
Santo Domingo – Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), ha delineado un ambicioso plan para reducir las pérdidas en el sector eléctrico de la República Dominicana, con el objetivo de alcanzar una disminución significativa para el año 2027.
Marranzini destacó que actualmente, el país enfrenta un desafío crítico con más de 800,000 usuarios conectados ilegalmente, lo que representa una pérdida significativa para las empresas distribuidoras de electricidad.
Marranzini señaló que el reto principal es reducir las pérdidas del sistema, que actualmente alcanzan niveles preocupantes. «El reto al 2027 es eliminar gran parte de esa pérdida. Por otro lado, tenemos actos niveles históricos de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra», indicó el ejecutivo.
Inversiones Significativas para Reducir Pérdidas
El plan incluye una inversión anual de aproximadamente 300 millones de dólares, destinados a modernizar y fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico. Sin embargo, Marranzini reconoció que en 2024 será imposible alcanzar este nivel de inversión debido al tiempo que requiere la adquisición de transformadores y otros equipos esenciales. «Esa es la meta para los años 2025 y 2026», añadió.
Marranzini anunció un financiamiento considerable de 650 millones de dólares para las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDEs), que incluirá:
155 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para subestaciones de Edesur.
120 millones de dólares del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) para subestaciones de Edeeste y Edenorte.
36 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y 39 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para alumbrado público.
75 millones de dólares para la habilitación de redes.
225 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que Marranzini calificó como el préstamo más importante, ya que permitirá un cambio en el sistema comercial de las distribuidoras.
Metas de Reducción de Pérdidas
Las metas establecidas por el CUED son ambiciosas. Según Marranzini, las empresas distribuidoras deben reducir sus pérdidas significativamente en un plazo de tres años. «No hay razón para que las empresas distribuidoras no reduzcan las pérdidas en relativamente corto tiempo. Tres años no es corto, es largo cuando se está perdiendo dinero», enfatizó.
Las metas específicas incluyen:
Edesur: Reducir pérdidas del 32% al 20%.
Edeeste: Reducir pérdidas del 56% al 41%.
Edenorte: Reducir pérdidas del 26% al 20%.
Marranzini concluyó subrayando que los recursos están disponibles, el personal está capacitado, y no hay excusas para no alcanzar estos objetivos. «Ese es el esfuerzo que hay que hacer en este sistema», afirmó, haciendo un llamado a la acción para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico del país.
Este plan refleja el compromiso del CUED para abordar las deficiencias históricas del sector eléctrico en la República Dominicana, buscando un sistema más eficiente y equitativo para todos los usuarios.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.