Economía
Central Romana rechaza acusaciones de “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.
Economía
Contrataciones Públicas paraliza licitación por RD$240 millones del Ayuntamiento de San Cristóbal
La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.
La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.
De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Requisitos bajo cuestionamiento
El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.
Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.
También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.
La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.
Debida diligencia sobre oferente habilitado
Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.
Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.
Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Suspensión fue ejecutada inmediatamente
Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.
La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.
La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.
El WTI llegó a US$102.95 y el Brent se acercó a US$109, mientras el encarecimiento del crudo eleva los riesgos para una economía dominicana altamente dependiente de las importaciones energéticas
SANTO DOMINGO.– La escalada de los precios internacionales del petróleo vuelve a colocar presión sobre la economía dominicana, luego de que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzara este miércoles los US$102.95 por barril en Nueva York, mientras el Brent se aproximó a los US$109 en los mercados internacionales.
El WTI llegó a registrar un incremento de US$6.90 por barril, equivalente a 7.18 %, en las operaciones correspondientes a los contratos del mes.
Horas después moderó ligeramente su avance y se situó alrededor de US$102.48.
Mientras tanto, el crudo Brent mostró un comportamiento similar. Los contratos futuros llegaron a cotizarse en US$108.24, con un aumento de US$7.03, equivalente a 6.95 %, y posteriormente se ubicaron alrededor de US$108.93 por barril.
Conflictos internacionales presionan el mercado
La escalada ocurre en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupación sobre la seguridad de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo.
Uno de los focos de mayor atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial.
La intensificación de los conflictos en esa zona ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y contribuido a mantener la volatilidad de los precios internacionales.
El Brent se mantiene por encima de la barrera de los US$100 en medio de ese escenario de inestabilidad.
RD enfrenta mayor presión por su dependencia energética
Para República Dominicana, el incremento representa un desafío adicional debido a que el país depende de las importaciones de petróleo y, en una proporción significativa, de sus derivados.
El impacto no se limita al precio de las gasolinas.
El encarecimiento del gasoil o diésel tiene efectos directos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, la producción, la agricultura y otros sectores económicos.
El economista Henri Hebrard ha advertido que, por cada dólar adicional en el precio internacional del barril, el costo de las gasolinas y el gasoil en República Dominicana podría experimentar una presión equivalente a aproximadamente RD$1.60 a RD$1.80 por galón.
Ese aumento puede posteriormente trasladarse al costo del transporte y de numerosos productos adquiridos por los consumidores, generando nuevas presiones inflacionarias.
Subsidios superan los RD$30,000 millones
El incremento internacional encuentra al Gobierno dominicano aplicando un programa de subsidios destinado a evitar que la totalidad de las alzas externas sea transferida inmediatamente a los consumidores.
Según informaciones oficiales, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ya superan los RD$30,000 millones.
El esquema extraordinario adoptado por el Gobierno dentro del denominado Plan Anticrisis fue establecido inicialmente por un período de 90 días, con el propósito de preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de los aumentos sobre los hogares.
El vencimiento de ese período coincide ahora con una nueva escalada internacional del petróleo, aumentando la expectativa sobre la política que adoptará el Gobierno respecto a los precios internos de los combustibles.
Dilema entre precios y finanzas públicas
Mantener congelados determinados precios representa una protección inmediata para consumidores y sectores productivos, pero también incrementa el costo fiscal asumido por el Estado.
Permitir que una mayor proporción de las alzas internacionales llegue a los precios locales, en cambio, podría ejercer presión sobre la inflación y el presupuesto de los hogares.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha advertido que el aumento del diésel puede afectar la producción, el transporte interno, las mercancías importadas y la actividad agrícola.
Collado también llamó la atención sobre la necesidad de proteger las finanzas públicas ante un escenario internacional adverso.
De prolongarse los elevados precios energéticos, los gastos destinados a subsidios y otras transferencias podrían incrementar las necesidades de financiamiento del Gobierno, particularmente de cara a 2027.
El petróleo vuelve a convertirse en un riesgo para la economía
La evolución del mercado durante las próximas semanas será determinante para República Dominicana.
Una permanencia prolongada del petróleo por encima de los US$100 por barril podría obligar al Gobierno a decidir entre continuar destinando miles de millones de pesos para amortiguar las alzas o permitir ajustes graduales en los precios internos.
En cualquiera de los escenarios, el comportamiento del crudo vuelve a convertirse en una variable clave para la inflación, el transporte, la producción, el costo de los alimentos y las finanzas públicas dominicanas.