Santo Domingo, RD.-La celebración del Día Internacional del Trabajo fue utilizado por las centrales sindicales para exigir un aumento salarial de un 40%, una nueva ley de seguridad social y una reforma tributaria que obligue a pagar más a los que más tienen, cuya actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, la cual tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico P:rofesional.Más Noticias
Un aumento salarial de un 40 por ciento exigen Centrales sindicales al presidente Abinader.
Santo Domingo, RD.-La celebración del Día Internacional del Trabajo fue utilizado por las centrales sindicales para exigir un aumento salarial de un 40%, una nueva ley de seguridad social y una reforma tributaria que obligue a pagar más a los que más tienen, cuya actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, la cual tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Técnico P:rofesional.Por primera vez en la historia dominicana que el presidente de la República y funcionarios del sector trabajador participan de los actos realizados el primero de mayo.
Durante la actividad, las centrales sindicales, representadas por Rafael Pepe Abreu de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CNUS, Gabriel del Río Doñé, Confederación Autónoma Sindical Clasista (Casc), Jacobo Ramos de Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) aseguraron que la petición se realizará durante las conversaciones en el Comité Nacional de salarios.
Jacobo Ramos destacó que los aumentos que se han realizado no han sido suficientes para que las personas puedan costear los productos de la canasta básica familiar. en el percentil más bajo «solo si se obtienen salarios decentes los trabajadores pueden salir de la pobreza», indicó
«Con estas orientaciones vamos a participar en esa comisión bilateral para dotar al país de una nueva ley de seguridad social, cuyas limitaciones y privilegios hacia grupos económicos han quedado más que evidenciados en medio de la pandemia», dijo Doñé.
Dijeron sentirse preocupados por el Régimen de Seguridad Social, ya que no se ha alcanzado la cobertura total de todos los trabajadores.
Puntualizó que los trabajadores destinan un 60% de su salario en la compra de medicamentos porque las ARS no ofrecen una cobertura a muchos fármacos, tendiendo los trabajadores que pagarlos aun teniendo un seguro de salud.
Destacó que el catálogo de prestaciones de servicios está limitado, ya que la cobertura a enfermedades de altos es deficiente por lo que se necesitan hacer cambios profundos en la seguridad social.
Reforma fiscal
Sobre la propuesta del gobierno sobre una reforma fiscal, Pepe Abreu dijo que apoyarán que sea integral, es decir, que elimine los gastos innecesarios, que mejore los servicios públicos y la calidad de vida de la gente, asegurando que con esa posición acudirán a las consultas sobre el tema y que tendrán como escenario el Consejo Económico y Social.
Expresó que esta reforma debe estar dirigida en los fundamental a castigar la evasión y el fraude que ejercer el capital especulador, grupos financieros, industriales y empresariales, para incrementar sus ganancias en una acumulación que genera pobreza y marginalidad en el pueblo dominicano.
Enfatizó que el gobierno debe obligar a pagar a los que más tienen y no continuar cargando de impuestos a los más pobres.
Pepe Abreu aprovecho el escenario para hacer varias peticiones al presidente Luis Abinader en las que se encuentran 50 pensionados que no han podido acceder a sus pensiones por falta de algunas cotizaciones, además solicitó las pensiones, peticiones acogida por el mandatario que durante su discurso dijo que se evaluarán las pensiones para igualarlo.
Abreu le pidió al mandatario que las instituciones públicas paguen las prestaciones laborales a los empleados desvinculados, a lo que el mandatario respondió que se les entregarán los pagos y enfatizó que ninguna institución debe desvincular personas si no cuenta con los recursos para realizar los pagos
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.