Santo Domingo, RD.-Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 trabajadores de distintas empresas del territorio nacional.Economía
Cerca de 20,000 trabajadores son suspendidos por día en el país en medio de crisis por COVID-19
Santo Domingo, RD.-Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 trabajadores de distintas empresas del territorio nacional.El dato fue ofrecido por el ministro de Trabajo, Winston Santos, quien indicó que el ritmo de solicitudes afecta a cerca de 20,000 trabajadores por día. Dijo que la institución trabaja para que a partir del martes 07 de abril, más de 300,000 trabajadores puedan ser beneficiados con la ayuda ofrecida por el Gobierno a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).
El funcionario manifestó que, aunque no le gusta hacer estimaciones sobre datos supuestos, tomando como referencia el ritmo de empresas que se someten diariamente al proceso de suspensión de contratos, más de 300,000 trabajadores suspendidos podrían estar recibiendo la ayuda económica del Gobierno bajo el Programa FASE.
Agregó que para iniciar la entrega de la ayuda no se puede esperar a que todas las empresas agoten el proceso de registro y que se espera cumplir con los primeros a partir de este 07 de abril y precisó que todo depende de que los mecanismos para hacer efectivo el pago estén listos para esa fecha.
Respecto a la solicitud de las Centrales Sindicales de que se haga pública la lista de empresas que han sometido solicitudes de suspensión de personal, el ministro indicó que esto aún no se discutido en la comisión, sin embargo, se mostró de acuerdo en que sea publica esa lista ya que los trabajadores serían el mejor mecanismo de auditoria pública.
Expuso que el tema más serio en la situación que está viviendo el mercado laboral se da en los trabajadores informales, ya que no es posible identificarlos desde el Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Hacienda.
Señaló como otro desafío que analizan seriamente las empresas que se verán en situación de iniciar operaciones bajo un esquema de trabajo diferente y que pueda afectar el ingreso de sus empleados.
“Que los trabajadores tengan que trabajar jornadas reducidas, como hay empresas de zonas francas que ya han pedido eso, el problema será cómo nosotros podemos subsidiar a esos empleados que no recibirían todo su salario”, señaló Santos.
Agregó que muchas empresas en un tiempo querrán reabrir sus operaciones aunque sea con un personal mínimo y con jornadas de trabajo reducido para no perder sus mercados y poder subsistir económicamente.
Aseguró que esta crisis sanitaria creada por el COVID-19 ha puesto a prueba a todos los sectores en el país y que la ciudadanía puede confiar que en estas comisiones que se han creado no hay intenciones politiqueras y ningún otro interés que no sea ayudar a la población más vulnerable en esta crisis.
Afirma es mal menor que algunos se quieran beneficiar de las ayudas
El ministro de Trabajo, Winston Santos, no descartó que algunos sectores pudieran intentar beneficiarse de la ayuda del Gobierno para los trabajadores, pero que ese sería el mal menor, ya que no se puede dejar de acudir en auxilio de quienes sostienen el sector productivo nacional.
“Tu pones en la balanza cuantos se van a beneficiar y cuantos nos van a engañar, son muy pocos los que nos pueden engañar, porque de todas maneras hay dos filtros, tienen que tener empleados registrados y haberle dado de baja y luego se hará el cruce con la Tesorería”.
El ministro expuso que en esta situación de emergencia han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, buscando la mejor manera de aplicar las medidas y de proteger el ingreso de los trabajadores y sus empleos.
Aseguró que las medidas que está tomando el Gobierno son muy ponderadas para garantizar la sostenibilidad de las mismas, aseguró que no son medidas populistas como las que se implementan en otros países.
Hace casi dos semanas el Gobierno ordenó suspender por 15 días las actividades comerciales a causa de la expansión del coronavirus en el país y desde entonces se trabajan en los mecanismos de implementación de medidas que protejan el ingreso de los trabajadores y disminuir el impacto negativo de la paralización de los sectores productivos.
Santo Domingo, R.D.-En 55.5 puntos se ubicó en julio el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), una reducción de 1.9 puntos con respecto al mes de junio en que se ubicó en 57.4 puntos., pero cuyo indicador se mantiene sobre el umbral de 50 correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.
El IMAM estuvo potencializado por el comportamiento del volumen de ventas que se ubicó en 56.8 puntos; volumen de producción ubicado 59.0; empleo, ubicado en 51.0; inventario de materias primas, ubicado en 51.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 54.9.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2025 a julio 2026.
El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.
Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad en comparación con el mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad.
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.
El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Juan Bosch (FJB) y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron el estudio “La rentabilización de la insuficiencia salarial: endeudamiento y acumulación financiera mediante tarjetas de crédito en República Dominicana”, una investigación que analiza cómo el creciente uso de las tarjetas de crédito se ha convertido en un mecanismo utilizado por miles de hogares para compensar la brecha existente entre los salarios, los ingresos laborales y el costo de la vida.
De acuerdo con el informe, este fenómeno ha dado lugar a un proceso de “rentabilización de la insuficiencia salarial”, mediante el cual las limitaciones de ingresos de una parte importante de la población terminan siendo una fuente de ganancias para el sistema financiero.
El estudio identifica una expansión acelerada del crédito mediante tarjetas en los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Entre los principales hallazgos se destaca que la cartera de tarjetas de crédito pasó de RD$42,800 millones en 2016 a RD$129,911 millones en 2025; que el 63.1% de las nuevas tarjetas fue otorgado a personas con ingresos inferiores a RD$32,500 mensuales; y que los trabajadores con ingresos de hasta RD$12,500 mantienen deudas equivalentes a 4.8 veces su salario y límites de crédito de hasta 17.5 veces sus ingresos.
Asimismo, el informe señala que cerca de la mitad de los tarjetahabientes de menores ingresos financia sus consumos mediante pagos mínimos, mientras más de la mitad presenta niveles importantes de vulnerabilidad financiera al combinar financiamiento recurrente y morosidad.
La investigación concluye que las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento ocasional de financiamiento para convertirse en una extensión artificial y costosa del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde gran parte de los salarios se sitúa por debajo del costo de la canasta familiar.
Los resultados evidencian que el crédito mediante tarjetas mantiene una trayectoria consistente y creciente, particularmente desde la pandemia, y que el fenómeno no puede explicarse únicamente por deficiencias de educación financiera.
La investigación identifica importantes asimetrías de información y una política crediticia que favorece formas de endeudamiento poco productivas, concentradas en segmentos de bajos ingresos, con niveles de interés que cuadruplican los observados en otras modalidades de crédito bancario.
Entre las principales recomendaciones, el estudio plantea la necesidad de impulsar políticas orientadas a mejorar salarios y pensiones, proteger el poder adquisitivo de la población frente al aumento del costo de la vida, fortalecer los servicios públicos de salud y educación para reducir la necesidad de endeudamiento privado y promover una regulación más efectiva de las tasas de interés y del mecanismo de pago mínimo de las tarjetas de crédito.
Además, propone reorientar la política crediticia hacia instrumentos que contribuyan a la acumulación de activos productivos, como vivienda, ahorro y emprendimiento, e incorporar mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y deterioro financiero de los hogares.
La Fundación Juan Bosch y el INISE destacaron que esta publicación forma parte de la cooperación técnica y académica sostenida entre ambas instituciones para promover investigación aplicada y espacios de debate sobre políticas públicas para el desarrollo y la justicia socioeconómica.
El informe constituye el undécimo estudio elaborado y publicado conjuntamente en el marco de este convenio de colaboración y fue realizado por los investigadores Francisco A. Tavárez Vásquez, Matías Bosch Carcuro y Stanly Abreu de la Cruz.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano ascendió 17 posiciones en la clasificación Top 1,000 World Banks 2026, elaborada por la revista financiera The Banker, del grupo Financial Times, al ocupar el puesto 688 entre las mil principales entidades bancarias del mundo.
El avance estuvo impulsado por el crecimiento de su capital primario (Tier 1), principal indicador utilizado por The Banker para evaluar la fortaleza financiera de las instituciones bancarias.
Entre las entidades bancarias dominicanas de capital privado incluidas en la clasificación, el Banco Popular obtuvo la posición más alta, con una ventaja de 247 puestos sobre la siguiente institución de capital privado del país presente en el listado.
El ascenso del Popular en el ranking se sustentó además en el crecimiento de sus activos, una mayor generación de resultados y robustos niveles de rentabilidad y solvencia, factores que respaldan su posición entre las entidades financieras privadas más relevantes de la región.
Al respecto, el presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, valoró el avance alcanzado en la clasificación y destacó que este reconocimiento refleja la confianza de los clientes y el compromiso de los colaboradores.
“Se trata de un logro que demuestra cómo seguimos innovando y construyendo un banco más cercano, ágil y eficiente cada día. Continuaremos impulsando este modelo de banca innovadora y responsable, enfocada en contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana”, expresó el ejecutivo.
Una trayectoria de crecimiento sostenido
Una trayectoria de crecimiento sostenidoEl listado Top 1,000 World Banks, publicado anualmente desde 1970, es uno de los principales referentes internacionales para evaluar la fortaleza de la industria bancaria.
La evolución del Banco Popular en el Top 1,000 World Banks evidencia una trayectoria de crecimiento sostenido en una de las clasificaciones más reconocidas del sistema financiero internacional.
En 2014, la entidad ocupaba el puesto 906 del ranking mundial. Doce años después, se ubica en la posición 688, tras escalar 218 lugares en ese período.
Este avance ha estado acompañado por una estrategia centrada en la innovación, la transformación digital, la disciplina financiera y la adopción de las mejores prácticas internacionales. Como resultado, el Popular ha fortalecido su competitividad y su posición entre las instituciones financieras privadas de mayor robustez de América Latina y el Caribe.