Santo Domingo, RD.-Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 trabajadores de distintas empresas del territorio nacional.Economía
Cerca de 20,000 trabajadores son suspendidos por día en el país en medio de crisis por COVID-19
Santo Domingo, RD.-Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 trabajadores de distintas empresas del territorio nacional.El dato fue ofrecido por el ministro de Trabajo, Winston Santos, quien indicó que el ritmo de solicitudes afecta a cerca de 20,000 trabajadores por día. Dijo que la institución trabaja para que a partir del martes 07 de abril, más de 300,000 trabajadores puedan ser beneficiados con la ayuda ofrecida por el Gobierno a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).
El funcionario manifestó que, aunque no le gusta hacer estimaciones sobre datos supuestos, tomando como referencia el ritmo de empresas que se someten diariamente al proceso de suspensión de contratos, más de 300,000 trabajadores suspendidos podrían estar recibiendo la ayuda económica del Gobierno bajo el Programa FASE.
Agregó que para iniciar la entrega de la ayuda no se puede esperar a que todas las empresas agoten el proceso de registro y que se espera cumplir con los primeros a partir de este 07 de abril y precisó que todo depende de que los mecanismos para hacer efectivo el pago estén listos para esa fecha.
Respecto a la solicitud de las Centrales Sindicales de que se haga pública la lista de empresas que han sometido solicitudes de suspensión de personal, el ministro indicó que esto aún no se discutido en la comisión, sin embargo, se mostró de acuerdo en que sea publica esa lista ya que los trabajadores serían el mejor mecanismo de auditoria pública.
Expuso que el tema más serio en la situación que está viviendo el mercado laboral se da en los trabajadores informales, ya que no es posible identificarlos desde el Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Hacienda.
Señaló como otro desafío que analizan seriamente las empresas que se verán en situación de iniciar operaciones bajo un esquema de trabajo diferente y que pueda afectar el ingreso de sus empleados.
“Que los trabajadores tengan que trabajar jornadas reducidas, como hay empresas de zonas francas que ya han pedido eso, el problema será cómo nosotros podemos subsidiar a esos empleados que no recibirían todo su salario”, señaló Santos.
Agregó que muchas empresas en un tiempo querrán reabrir sus operaciones aunque sea con un personal mínimo y con jornadas de trabajo reducido para no perder sus mercados y poder subsistir económicamente.
Aseguró que esta crisis sanitaria creada por el COVID-19 ha puesto a prueba a todos los sectores en el país y que la ciudadanía puede confiar que en estas comisiones que se han creado no hay intenciones politiqueras y ningún otro interés que no sea ayudar a la población más vulnerable en esta crisis.
Afirma es mal menor que algunos se quieran beneficiar de las ayudas
El ministro de Trabajo, Winston Santos, no descartó que algunos sectores pudieran intentar beneficiarse de la ayuda del Gobierno para los trabajadores, pero que ese sería el mal menor, ya que no se puede dejar de acudir en auxilio de quienes sostienen el sector productivo nacional.
“Tu pones en la balanza cuantos se van a beneficiar y cuantos nos van a engañar, son muy pocos los que nos pueden engañar, porque de todas maneras hay dos filtros, tienen que tener empleados registrados y haberle dado de baja y luego se hará el cruce con la Tesorería”.
El ministro expuso que en esta situación de emergencia han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, buscando la mejor manera de aplicar las medidas y de proteger el ingreso de los trabajadores y sus empleos.
Aseguró que las medidas que está tomando el Gobierno son muy ponderadas para garantizar la sostenibilidad de las mismas, aseguró que no son medidas populistas como las que se implementan en otros países.
Hace casi dos semanas el Gobierno ordenó suspender por 15 días las actividades comerciales a causa de la expansión del coronavirus en el país y desde entonces se trabajan en los mecanismos de implementación de medidas que protejan el ingreso de los trabajadores y disminuir el impacto negativo de la paralización de los sectores productivos.
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas, obligará a los consumidores dominicanos a realizar un gasto adicional que estima en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos recursos energéticos.
Explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El primero es el precio del petróleo WTI, que volvió a cotizar alrededor de US$70 por barril, un nivel similar al registrado durante la primera semana de marzo de este año, días después del inicio de la escalada militar internacional.
El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones de la República Dominicana, cuya cotización pasó de aproximadamente US$2.87 por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a US$3.49 por galón en mayo, un incremento de US$0.62, equivalente a 21.7%.
Ng Cortiñas agregó que posteriormente esa misma gasolina descendió hasta alrededor de US$2.99 por galón durante la cuarta semana de junio, una reducción de US$0.50 por galón, equivalente a 14.3% respecto al máximo alcanzado durante la crisis, recuperando cerca del 80% del incremento registrado durante ese período.
El tercer indicador es la tasa de cambio, señalando que durante la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de RD$60.02, mientras que para la tercera semana de junio descendió a RD$58.90, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87%, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.
«Estamos frente a tres variables que evolucionan favorablemente: el petróleo volvió prácticamente al nivel previo al conflicto, la gasolina refinada recuperó cerca del 80% del incremento provocado por la crisis y el peso dominicano ganó valor frente al dólar. Sin embargo, los precios internos permanecen congelados en los niveles alcanzados durante ese episodio internacional», expresó.
El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50. En cambio, la resolución No. 145-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Pipymes (MICM) mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50, respectivamente.
«Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente RD$6,323 millones adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional», sostuvo.
Ng Cortiñas explicó que ese monto representa un ejercicio comparativo que permite dimensionar el costo económico para los hogares y las empresas de mantener los precios actuales durante el período de congelación.
Asimismo, señaló que las propias resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón en la gasolina premium y de RD$22.32 a RD$27.80 en la gasolina regular.
Con base en los niveles de consumo nacional, Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que retirarían todas las terminales de pago electrónico de sus estaciones de combustibles al denunciar lo que entienden son cobros de comisiones excesivos de la banca dominicana.
“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, se quejó.
Anadegas dijo que, adicional al 27 %, la banca nacional les cobra 7 pesos en cada ocasión que se utiliza una tarjeta de crédito en sus instalaciones.
El dirigente del gremio aclaró que la decisión no fue tomada con el propósito de perjudicar a los clientes de sus 780 estaciones de combustibles, además de las otras distribuidoras del país que se unirán a la causa, sino más bien de hacer entender a la banca nacional que el negocio de combustibles les genera más pérdidas que ganancias y por ello prefieren retirar todos los verifone de sus estaciones.
“Es una decisión ya pensada, razonada y que en otros países están también llevando a cabo” respaldó.
Elías Pérez explicó que la medida sirve a modo de paro nacional, considerando que el precio de la comisión que se cobra en las tarjetas en relación a las ventas es bastante alto, calificándolo de abusivo al considerar que las estaciones de combustibles solo reciben 25 pesos por cada galón que venden y de ahí le pagan 7 pesos más por el uso de las tarjetas.
Agregó que antes de llegar a esta decisión expresaron esta preocupación al presidente de la República, Luis Abinader, quien refirió al presidente ejecutivo de BanReservas, Leonardo Aguilera, y este último designó una comisión para escuchar sus solicitudes sin éxito.
“No hicieron caso, no nos han llamado, no han vuelto a hablar con nosotros”, reveló.
Santo Domingo. La trampa de ingreso medio, la concentración territorial de la producción y las brechas en el capital humano figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana para alcanzar una nueva etapa de desarrollo económico sostenible.
Así lo expresó Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
La ejecutiva destacó que el país ha logrado construir una sólida base de crecimiento durante la última década, pero señaló que el reto actual consiste en transformar ese avance en mayores niveles de productividad para mantener la competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.
“República Dominicana ha construido progreso. El desafío ahora es convertir ese progreso en productividad”, afirmó.
Tres retos que condicionan el desarrollo
Alvarado explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada trampa del ingreso medio, una situación que afecta a países que logran crecer de manera sostenida, pero encuentran dificultades para convertirse en economías de altos ingresos sin fortalecer la innovación. También la productividad y el capital humano.
Otro desafío identificado es la concentración territorial de la actividad económica. Según indicó, más del 50 % de la producción nacional se genera en apenas el 11 % del territorio, una realidad que impulsa el crecimiento en determinadas zonas. También provoca congestión urbana, presión sobre la infraestructura y desigualdades regionales.
En cuanto al capital humano, destacó que aunque el 33 % de la población dominicana tiene entre 15 y 34 años, lo que representa una importante ventaja demográfica, el 54 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar personal calificado. Además, cerca del 25 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
“Detrás de ese 25 % hay una generación que espera herramientas para competir y oportunidades para integrarse plenamente a la economía”, señaló.
Crecimiento económico con nuevos desafíos
La representante del BID resaltó que República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio de 4.3 % durante la última década, una cifra que supera ampliamente el promedio regional.
Indicó que la inversión privada ha desempeñado un papel fundamental en este desempeño, contribuyendo también a importantes avances sociales, entre ellos la reducción de la pobreza.
No obstante, advirtió que la nueva etapa del desarrollo requiere mejorar la calidad del crecimiento económico, apostando por mayores niveles de productividad y competitividad.
Nearshoring y transformción tecnológica
Alvarado afirmó que los cambios en la economía global representan oportunidades para el país. Explicó que la reorganización de las cadenas de suministro internacionales podría favorecer a economías competitivas como la dominicana.
Economía
En ese sentido, estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para la región, siempre que los países fortalezcan aspectos clave como la logística, la infraestructura y la sofisticación productiva.
Asimismo, mencionó otros desafíos relacionados con la dependencia energética, ya que el 83 % de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles. Además de la vulnerabilidad climática, cuyas pérdidas representan aproximadamente el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
También destacó el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que están redefiniendo las ventajas competitivas a nivel global. También exigen mayores inversiones en innovación y formación de talento.
Inversiones del BID en República Dominicana
La representante del organismo informó que el Grupo BID mantiene actualmente una cartera activa de 23 proyectos en República Dominicana. El mismo con una inversión aproximada de 2,900 millones de dólares.
A esto se suman operaciones de BID Invest que han alcanzado los 3,305 millones de dólares en los últimos tres años. Los mismos están destinados a sectores estratégicos como energía, infraestructura, inclusión financiera y desarrollo productivo.
Playas e islas
Finalmente, Alvarado consideró que iniciativas como Meta RD 2036 representan una oportunidad para coordinar esfuerzos de largo plazo. También fortalecer los pilares que permitan elevar la productividad nacional.
“La próxima etapa del desarrollo dominicano requerirá fortalecer lo que ya funciona y, al mismo tiempo, construir nuevos motores de crecimiento basados en innovación, talento y productividad”, concluyó.