Santo Domingo, RD.-El recibimiento de una pensión al momento de su retiro de sus trabajos por vejez, discapacidad o enfermedad parece ser una simple música en los oidos de los trabajadores en razón de que la mayor parte del dinero acumulado en las cuentas de capitalización individual o de reparto está en títulos.Economía
Está en títulos alrededor del 80% de los fondos de pensiones.
Santo Domingo, RD.-El recibimiento de una pensión al momento de su retiro de sus trabajos por vejez, discapacidad o enfermedad parece ser una simple música en los oidos de los trabajadores en razón de que la mayor parte del dinero acumulado en las cuentas de capitalización individual o de reparto está en títulos.Sin embargo, esto sería casi imposible porque, según datos oficiales cerca del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos de Hacienda y certificados del Banco Central .
Al 29 de febrero de este 2020, el sistema previsional dominicano tenía invertido RD$651,034.78 millones, con una rentabilidad promedio de 10.74%. De estos, un 35.75% está colocado en títulos de Hacienda y un 41.72% en títulos del BCRD, para un 77.8% de los recursos.
Los bancos múltiples tienen un 9.51%, Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAyP), y Bancos de Ahorros y Créditos, un 0.09%; las empresas privadas 4.95%; organismos multilaterales como el BID-Invest y la IFC del Banco Mundial, un 0.10%. Otras inversiones se encuentran colocadas en fideicomisos de oferta pública, un 0.64% ,y un 5.20% en Fondos de Inversión.
Habría que remover el sistema y comenzar a vender en el mercado de valores muchos de esos bienes que, por demás, ni están terminados, como es el caso de miles de proyectos de construcción de viviendas de bajo costo. Otras inversiones mínimas se han hecho en dólares.
Hasta el 20 de febrero 2020, el patrimonio de los fondos de pensiones ascendía a RD$726,017.9 millones, según los últimos datos estadísticos de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).
En las últimas semanas políticos y economistas han planteado la posibilidad de que se use parte de los fondos de pensiones acumulados en el sistema previsional por los trabajadores dominicanos para que estos puedan hacer frente al impacto del brote del coronavirus (COVID-19).
Hay quienes han planteado reformular los reglamentos en el Congreso Nacional y normado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Sipen. Otros, sugieren que el desembolso sea de RD$15,000 millones y comenzar a identificar inversiones que se puedan monetizar en un breve tiempo y que sea el BCRD quien recompre esos bonos para darle liquidez a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para no afectar ni la inflación, ni la tasa de cambio, sino “aumentar la demanda interna”, apunta en sus redes el economista Eduardo Tejera. El también economista Luis Manuel Piantini opina que es el Estado quien debe pagar durante dos o tres meses los salarios de los trabajadores, porque los recursos de los fondos de pensiones no están disponibles y no sería justo es poner a los trabajadores a cargar con la pérdida de sus ahorros y también perderán entre un 40% y 50% de su capacidad de ingresos al momento del retiro.
Opinión de la Sipen
“Ese dinero no está en las bóvedas de las AFP, ni en las bóvedas de nadie. La rentabilidad que ha tenido la ha logrado porque las AFP han invertido principalmente en papeles de Hacienda y en papeles del Banco Central. Y yo entiendo que este no debe ser el primer punto para financiar este problema”, afirmó a Listín Diario el superintendente de Pensiones Ramón Emilio Contreras Genao.
Aseguró que ese dinero es absolutamente de los trabajadores y por tanto, con una medida populista como la que se plantea “devolverlo entre comillas”, sería decirle que solventen ellos mismos la actual situación, cuando este es un momento de solidaridad de los que tienen más y donde el Gobierno tiene que participar, los empresarios y todos en general.
“Entiendo que un sistema, que se cuestiona la tasa de reemplazo, que vamos a tener que decirle a un trabajador que ahora tiene que coger tres de sus salarios actuales cotizados al sistema no es más que garantizarle una menor tasa de reemplazo o, lo que es lo mismo, decirle que va tener que aportar más tiempo para tener derecho a una pensión. Esa medida que están proponiendo, dijo, no benefician a los trabajadores, sino que lo perjudican
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Para hacer frente al bloqueo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la víspera de que la OTAN se enfrenta a «un futuro muy malo» si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Así, las autoridades rompen con 38 semanas consecutivas sin variación de estos cuatro hidrocarburos, cuyo precio actual es el más alto desde la segunda semana de marzo del 2022, cuando el petróleo también se disparara como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
En tanto, el gasoil regular aumentará de 224.80 a 229.80 pesos, mientras que el gasoil óptimo subirá de 242.10 a 247.10 pesos, siendo esta la primera variación desde la primera semana de julio del 2025 (cuando el galón se vendiera en 221.60 y 239.10 respectivamente).
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.